Por Redacción
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El gobernador Gavin Newsom ha firmado la ley AB 2432, impulsada por el asambleísta Jesse Gabriel, con un fuerte respaldo del fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko.
La medida permitirá a los tribunales estatales imponer sanciones económicas más altas a las corporaciones condenadas por delitos penales, generando así un nuevo flujo de ingresos para financiar programas de asistencia a víctimas en California.
Estos programas, que se beneficiarían de los fondos recaudados, brindan servicios esenciales como atención médica gratuita, asesoramiento en salud mental, compensación por salarios perdidos, asistencia en los tribunales y alojamiento temporal para víctimas y sus familias.
“Esta ley se trata de equidad y justicia: cuando las grandes corporaciones infringen la ley, deben rendir cuentas”, señaló previamente el asambleísta Gabriel.
La AB 2432 llega en un momento crítico, ya que los fondos provenientes del Acta de Víctimas de Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés) a nivel federal han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo los servicios para las víctimas. VOCA ha sido durante años un pilar del financiamiento para programas de asistencia a víctimas en todo el país, sustentándose principalmente en las multas pagadas por los infractores federales. Estos fondos se distribuyen a los estados, que luego los asignan a las oficinas de los fiscales de distrito y organizaciones sin fines de lucro.
Sin embargo, una considerable disminución en los depósitos federales ha resultado en una reducción significativa de los fondos disponibles, amenazando la continuidad de estos programas esenciales. Este año, se anticipa que la asignación nacional de VOCA se reduzca un 40% respecto a los $1.9 mil millones del año anterior.
“Estamos enfrentando un déficit sin precedentes en el financiamiento federal y ya no podemos contar con VOCA para apoyar a las víctimas de crímenes en California”, advirtió el fiscal de distrito Erik Nasarenko. “Cuando hay ocultamiento deliberado, fraude, lesiones, pérdida de vidas, malas prácticas y delitos, es necesario responsabilizar a esas corporaciones. La AB 2432 nos ayuda a lograr eso”.
El impacto de la disminución de fondos se siente profundamente en el condado de Ventura. Los recortes amenazan con eliminar más de $2.3 millones anuales en fondos de VOCA, afectando directamente a los servicios que se ofrecen a algunos de los miembros más vulnerables de la comunidad.
La oficina del fiscal de distrito ya ha recibido notificación de que se dejarán de financiar subvenciones que ayudan a trabajadores agrícolas, personas LGBTQ+ y víctimas de la trata de personas, lo cual representa una pérdida de más de $280,000 al año. Además, se prevé la pérdida de fondos para el programa de abuso a personas mayores, que ascienden a $217,000 anuales, dejando sin apoyo esencial de asistencia en el hogar y asesoramiento a las víctimas mayores de 65 años.
Estos recortes en la financiación federal subrayan la importancia de la AB 2432 para mantener los servicios de apoyo a las víctimas en California. La nueva ley no solo busca llenar el vacío financiero dejado por la disminución de los fondos federales, sino también enviar un mensaje claro de que las grandes corporaciones no están exentas de responsabilidad cuando cometen delitos que afectan a la comunidad.
Los defensores de la ley, como el asambleísta Gabriel y el fiscal Nasarenko, enfatizan la necesidad de actuar ahora para garantizar que las víctimas de delitos puedan acceder a los servicios que necesitan para recuperarse y seguir adelante con sus vidas. La legislación tiene como objetivo no solo proporcionar un alivio financiero inmediato, sino también establecer un precedente para futuros casos en los que las corporaciones sean responsables de daños significativos.
“Es crucial que aquellos que han sufrido a manos de corporaciones negligentes reciban la atención y el apoyo necesarios”, dijo Gabriel. “AB 2432 representa un compromiso con la justicia y la equidad para todas las víctimas de delitos en nuestro estado”.
La falta de financiamiento para programas específicos como el de abuso a personas mayores y el apoyo a víctimas de la trata de personas podría tener consecuencias devastadoras. Estos programas no solo brindan asistencia inmediata, sino que también ayudan a prevenir futuros abusos y a crear redes de apoyo que son fundamentales para la recuperación a largo plazo.
Nasarenko destacó que, sin los recursos adecuados, las víctimas se verán obligadas a enfrentar desafíos aún mayores. “Si no podemos proporcionar estos servicios esenciales, estamos fallando a quienes más nos necesitan. No podemos permitir que esto suceda”, afirmó.
La AB 2432 establece que los tribunales estatales podrán imponer multas adicionales a las corporaciones culpables, y estos fondos se destinarán directamente a los programas de asistencia a víctimas. La ley se aplica a una amplia gama de delitos corporativos, incluidos aquellos que resultan en daño físico o económico significativo.
El financiamiento estatal generado por estas multas podría marcar una diferencia significativa para programas que ya están al límite debido a la falta de apoyo federal. Los defensores de los derechos de las víctimas esperan que este nuevo flujo de ingresos no solo ayude a cubrir las brechas financieras actuales, sino que también establezca una base más sólida para el futuro de los servicios de apoyo en el estado.
Con la firma de la AB 2432, California está enviando un mensaje contundente: las grandes corporaciones no están por encima de la ley y deben asumir la responsabilidad por el daño que causan. Esta medida es un paso importante hacia la justicia y la reparación para todas las víctimas de delitos en el estado, garantizando que reciban el apoyo y la asistencia que merecen.
