Por Agencias
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El gobierno del presidente Joe Biden informó la semana pasada que extenderá el Estatus de Protección Temporal (TPS), por 18 meses para más de 300.000 personas procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, causando la decepción de algunos activistas y legisladores que buscaban una oferta más generosa.
Las extensiones brindan “seguridad y protección continua” para quienes ya se encuentran legalmente en Estados Unidos con el TPS, el cual estaba por expirar como parte de las decisiones del gobierno del expresidente Donald Trump, indicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Aunque la decisión beneficia a cerca de 334 mil personas de los 4 países, incluidos 239 mil salvadoreños, algunos tenían la esperanza de una medida más radical que incluyera una mayor elegibilidad para los llegados recientemente procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
El Senador Federal Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey quien presionó a la Casa Blanca para que se implementaran las extensiones, aplaudió la medida, pero añadió que “simplemente no va lo suficientemente lejos”, e insinuó que “pudo haber sido impulsada en parte por cálculos políticos y no por un sólido fundamento de políticas ni por las condiciones en cada país”.
Por su parte, el Congresista Joaquín Castro, demócrata por Texas fue uno de los 116 legisladores que en mayo pasado firmaron una carta para solicitar la prórroga, dijo que el gobierno “ha permitido que esta decisión sea tomada por miedo político y no por una preocupación humanitaria”.
Según la Associated Press, el gobierno ha utilizado de forma agresiva el TPS, una ley de 1990 que les permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos permanecer en el país por incrementos de 18 meses, en caso de que el Secretario de Seguridad Nacional determine que los desastres naturales o conflictos civiles les impidan regresar a salvo a sus naciones de origen.
Durante la presidencia de Biden, el número de personas elegibles se ha disparado más del 70% a casi un millón de personas hasta diciembre, revirtiendo una tendencia de la era de Trump, según un análisis realizado por el Cato Institute, el cual promueve una mayor inmigración.
El TPS es aplicado actualmente a 15 naciones, incluidas Venezuela y Ucrania, en comparación con los 10 países que se tenían contemplados previamente.
Las extensiones dadas a conocer el martes pasado serán válidas para los salvadoreños hasta el 9 de marzo de 2025; alrededor de 76 mil hondureños hasta el 5 de julio de 2025; cerca de 14,500 nepaleses hasta el 24 de junio de 2025; y para unos 4,000 nicaragüenses hasta el 5 de julio de 2025.
Los beneficiarios centroamericanos del TPS tienen que haber vivido en Estados Unidos por más de dos décadas para ser elegibles, lo que desató críticas de activistas de que el gobierno no tomó en consideración las revueltas recientes en países como Nicaragua, el cual se convirtió el año pasado en una de las principales fuentes de migración hacia Estados Unidos.
A El Salvador se le otorgó el TPS después de que un terremoto azotó a la nación centroamericana en 2001, y a Honduras y Nicaragua después del impacto de un huracán en 1998.
“Lo triste es que el presidente tiene el poder de redesignar a los países de Centroamérica para proteger a nuevas personas de la deportación y no está haciendo nada”, añadió. Krish 0’Mara Vignarajah, directora ejecutiva de Lutheran Immigration and Refugee Service, dijo que las extensiones son un “respiro bienvenido para cientos de miles de personas que han encontrado seguridad en Estados Unidos, muchos de los cuales han llamado hogar a este país desde hace décadas”.
Pero también las calificó como «una oportunidad desperdiciada por expandir las protecciones para los llegados más recientemente, para quienes el regreso a una situación de peligro sería igualmente devastador”.
