Por Redacción
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El gobierno federal de Estados Unidos solicitó a una corte en Maryland levantar la orden judicial que impide la deportación de Kilmar Abrego Garcia, un inmigrante salvadoreño que fue deportado por error a El Salvador a inicios de este año y luego repatriado.
Las autoridades ahora buscan trasladarlo a Liberia, alegando que han recibido garantías diplomáticas de que no enfrentará persecución ni tortura en ese país africano.
Abrego Garcia, casado con una ciudadana estadounidense y con un hijo, vive desde hace años en Maryland.
Entró al país como adolescente indocumentado y en 2019 recibió protección contra su deportación tras demostrar que corría peligro en su país de origen.
Sin embargo, fue expulsado a El Salvador en marzo de 2025 por lo que el gobierno calificó como un “error administrativo”.
A pesar de haber sido traído de vuelta en junio, el gobierno ha persistido en su intento de deportarlo a un tercer país.
Sus abogados denuncian que esta insistencia es un acto de represalia y que viola el debido proceso, ya que el propio Abrego Garcia ha designado Costa Rica como destino de deportación aceptable.
También advierten que Liberia solo aceptaría su ingreso de manera temporal y podría eventualmente reenviarlo a El Salvador, donde su vida estaría nuevamente en peligro.
El Departamento de Justicia, por su parte, sostiene que las garantías de Liberia cumplen con los requisitos legales y que la corte no debe interferir en asuntos de política exterior.
La defensa también argumenta que Abrego Garcia debería tener derecho a que un juez revise la decisión de enviarlo a Liberia, en lugar de depender exclusivamente de la evaluación de un oficial de inmigración.
Señalan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo respalda mayores protecciones para no ciudadanos con vínculos prolongados en Estados Unidos, como es su caso.
El caso ha despertado el interés de organizaciones defensoras de derechos humanos, que ven en la postura del gobierno un posible precedente alarmante.
Activistas advierten que el uso del sistema migratorio para presionar o castigar legalmente a quienes ejercen su derecho a impugnar deportaciones podría minar la confianza en los procesos judiciales y en el sistema de asilo del país.
Paralelamente, Abrego Garcia enfrenta cargos federales por presunto tráfico de personas en Tennessee, proceso en el que se ha declarado inocente y ha solicitado la desestimación por considerar que se trata de una persecución selectiva.
La audiencia sobre ese caso está prevista para el 8 de diciembre.
El caso ilustra las tensiones entre la aplicación de las políticas migratorias y las protecciones constitucionales, dejando a Abrego Garcia atrapado en un complejo panorama legal y político.
