Por Redacción
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El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta presentaron una moción de emergencia para bloquear la militarización de Los Ángeles ordenada por la administración del expresidente Donald Trump, acusándola de ser ilegal y de violar la Constitución de Estados Unidos al usar a las fuerzas armadas contra civiles estadounidenses.
La petición judicial se enmarca dentro de una demanda contra Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el Departamento de Defensa (DOD), argumentando que la activación de más de 4,000 miembros de la Guardia Nacional de California y el despliegue de marines sin el consentimiento del estado representa una usurpación de la soberanía estatal y una amenaza a los derechos civiles.
“Ahora el gobierno federal está utilizando al ejército contra ciudadanos estadounidenses. Enviar combatientes entrenados a nuestras calles es un acto sin precedentes que pone en riesgo los principios fundamentales de nuestra democracia. Donald Trump está actuando como un tirano, no como un presidente”, afirmó el gobernador Newsom.
Bonta añadió: “El presidente está buscando cualquier pretexto para intimidar a quienes disienten. No solo es inmoral, es ilegal. Las fuerzas armadas no están autorizadas para cumplir funciones de orden público dentro de nuestras fronteras. Eso es tarea de las autoridades civiles locales.”
El conflicto comenzó tras el despliegue de ICE en la región de Los Ángeles el 6 de junio, cuando agentes realizaron arrestos que incluyeron a niños, defensores comunitarios y personas sin antecedentes penales, en operaciones que fueron ampliamente denunciadas por su carácter militarizado. Las protestas comunitarias no se hicieron esperar, creciendo de 250 manifestantes el sábado a más de 3,000 el domingo.
A pesar de algunos incidentes violentos, las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas y no justificaban una intervención federal. Las autoridades estatales y locales respondieron con rapidez y no solicitaron ayuda militar.
El 7 de junio, Trump emitió un memorando federalizando a 2,000 efectivos de la Guardia Nacional por 60 días, argumentando que existía “una forma de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos”. También instruyó al DOD a coordinar con los estados para tomar control de las milicias estatales, lo que alarmó a varios gobernadores.
La Constitución de EE.UU. y la autoridad del Título 10 requieren que los gobernadores autoricen la federalización de sus fuerzas de la Guardia Nacional. Newsom afirmó que nunca dio ese consentimiento, y calificó la orden como una violación directa a su rol como comandante en jefe de la Guardia Nacional de California.
Además, el DOD amplió las funciones de la Guardia Nacional, ordenándoles apoyar a ICE en tareas de control migratorio, incluyendo arrestos y detenciones de personas sospechosas de interferir con operaciones de inmigración. Según la demanda, esto constituye una violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
“El presidente no solo está generando caos y miedo, sino que ha obligado al estado a desviar recursos para manejar una situación provocada por sus acciones imprudentes,” indicó Newsom.
Desde la activación federal, California ha desplegado más de 800 policías estatales y locales adicionales para mantener el orden. La Guardia Nacional, mientras tanto, se limita a custodiar edificios federales.
En su recurso, Newsom y Bonta subrayan también la contradicción con declaraciones previas de Trump y su propia administración. En 2020, el entonces presidente aseguró que no federalizaría a la Guardia Nacional sin la aprobación del gobernador correspondiente. Incluso su secretario de Seguridad Nacional había señalado que tal acción sería un ataque a los derechos estatales.
“Esta militarización no solo es innecesaria, sino peligrosa. La presencia federal ha intensificado las tensiones en lugar de calmarlas,” concluyó Newsom.
