Por Redacción
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El gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves que está revisando a más de 55 millones de personas que cuentan con visas vigentes de Estados Unidos en busca de posibles violaciones que podrían llevar a la revocación de sus permisos y a la deportación. La medida marca una de las expansiones más grandes en el control migratorio del país y refleja la intensificación de la represión contra extranjeros con autorización legal para estar en la nación.
En respuesta a una consulta de The Associated Press, el Departamento de Estado confirmó que todos los titulares de visas de Estados Unidos —desde turistas hasta trabajadores temporales— están sujetos a una “evaluación continua”.
El proceso, según explicó la agencia, busca identificar cualquier información nueva que los vuelva inelegibles para entrar o permanecer en el país. Si se detectan violaciones, la visa será revocada de inmediato y, en caso de que la persona ya se encuentre en territorio estadounidense, podría iniciar un proceso de deportación.
“El objetivo es garantizar que quienes reciben una visa cumplan con todos los requisitos de seguridad y elegibilidad durante todo el tiempo de vigencia de ese documento”, señaló el Departamento de Estado.
De acuerdo con cifras oficiales, en 2023 había en Estados Unidos 12.8 millones de titulares de tarjetas de residencia y 3.6 millones de personas con visas temporales. La cifra de 55 millones bajo revisión incluye a visitantes de múltiples entradas que, en muchos casos, se encuentran actualmente fuera del país.
Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración del Instituto de Política Migratoria, cuestionó la efectividad de gastar recursos en personas que quizá nunca regresen a Estados Unidos. “El número parece reflejar un enfoque muy amplio, que puede abarcar a millones de turistas que solo visitaron una vez y no tienen planes de volver”, dijo.
Indicadores de inelegibilidad
- El Departamento de Estado explicó que la revisión busca señales de:
- Permanencia excesiva tras el vencimiento de la visa.
- Actividad criminal documentada en Estados Unidos o en el extranjero.
- Amenazas a la seguridad pública o nacional.
- Participación en actividades terroristas o apoyo a organizaciones designadas como terroristas.
“Revisamos toda la información disponible, incluyendo registros de aplicación de la ley, historial migratorio y cualquier dato que surja después de la emisión de la visa que pueda indicar una posible inelegibilidad”, detalló un vocero de la agencia.
Fin de las visas de trabajo para camioneros comerciales
En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que Estados Unidos dejará de emitir visas de trabajo para conductores de camiones comerciales. La decisión, publicada en la red social X, entró en vigor de inmediato.
Rubio argumentó que el creciente número de camioneros extranjeros que operan grandes vehículos en las carreteras estadounidenses “pone en riesgo vidas y socava los medios de vida de los camioneros locales”.
El Departamento de Transporte respaldó la medida, recordando que en meses recientes ya había reforzado la exigencia de que los conductores manejen un inglés fluido para leer señales y comunicarse en emergencias. Según la agencia, algunos accidentes fatales estuvieron vinculados a la falta de dominio del idioma.
Edward Alden, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores, advirtió que la decisión podría agravar la escasez de choferes en Estados Unidos. “Esta acción debe verse como parte de un esfuerzo más amplio para desalentar a empresas, universidades y hospitales de depender de trabajadores extranjeros”, señaló.
Revisión ampliada con nuevas herramientas
La nueva política supone una expansión importante del control sobre los titulares de visas. Aunque en un inicio el enfoque estuvo en estudiantes y visitantes sospechosos de participar en actividades propalestinas o críticas hacia Israel, ahora abarca a todos los extranjeros con permiso legal.
Las revisiones incluyen:
- Examen de cuentas en redes sociales de los titulares.
- Consulta de registros policiales y migratorios en sus países de origen.
- Evaluación de posibles violaciones cometidas en Estados Unidos.
Además, nuevos requisitos implementados en 2025 obligan a los solicitantes a desactivar funciones de privacidad en teléfonos y aplicaciones cuando se presentan a entrevistas consulares, permitiendo a las autoridades un escrutinio digital más exhaustivo.
“Desde el Día de la Inauguración, el Departamento de Estado ha revocado más del doble de visas que en el mismo período del año anterior, incluidas casi cuatro veces más visas de estudiantes”, aseguró la dependencia.
Según datos del propio Departamento de Estado, más de 6,000 visas de estudiantes han sido revocadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. La mayoría de los casos involucró violaciones de leyes locales, estatales o federales, como asaltos o conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. Entre 200 y 300 casos estuvieron vinculados con actividades relacionadas al terrorismo.
Los críticos advierten que la medida podría disuadir a estudiantes internacionales de elegir Estados Unidos como destino académico, afectando a universidades que dependen de su matrícula y aportes económicos.
“Las consecuencias económicas podrían ser mucho más amplias que la pérdida de trabajadores extranjeros en algunas categorías laborales. Se envía un mensaje claro a los empleadores de que contratar extranjeros puede implicar riesgos legales y financieros”, señaló Alden.
Excepciones y alcance global
La mayoría de los extranjeros que viajan a Estados Unidos requieren una visa. Solo los ciudadanos de los 40 países integrados al Programa de Exención de Visas —en su mayoría europeos y asiáticos— pueden ingresar sin ese requisito, por hasta 90 días, para turismo o negocios.
Esto significa que grandes naciones pobladas como China, India, Indonesia, Rusia y la mayor parte de África están incluidas en el universo de personas que deben solicitar visas y, por lo tanto, están sujetas a la nueva revisión.
La política ha generado críticas entre defensores de derechos civiles, quienes la consideran una forma de vigilancia masiva. “Esto convierte a millones de personas en sospechosas permanentes, aun cuando obtuvieron legalmente sus visas”, afirmó Laura Hernández, abogada especializada en inmigración.
Para el gobierno, sin embargo, se trata de una medida indispensable. “Nuestra prioridad es proteger la seguridad nacional y garantizar que quienes ingresen a Estados Unidos respeten nuestras leyes”, insistió el Departamento de Estado.
El debate refleja una tensión creciente: mientras la administración Trump busca restringir el flujo de inmigrantes legales e ilegales, sectores empresariales y educativos temen un golpe severo a la competitividad y a la proyección internacional del país.
