Resumen internacional

Por Agencias
[email protected]

Las cuatro mujeres habían buscado ayuda médica por emergencias obstétricas, y cada una terminó en prisión sentenciada a 30 años por homicidio agravado por supuestamente interrumpir sus embarazos.

Después de pasar un total de cuatro décadas tras las rejas en El Salvador, uno de los cuatro países del hemisferio occidental con prohibiciones totales del aborto, fueron liberadas recientemente gracias a una campaña de activistas de derechos humanos.

Se sentaron frente a los periodistas esta semana para contar sus historias y afirmar que fueron acusadas erróneamente, e injustamente condenadas en un país, donde incluso un aborto espontáneo conlleva el riesgo de una larga sentencia de prisión para mujeres jóvenes y pobres.

“Yo acababa de cumplir 17 años y me encerraron. Fue injusto, perdí mi juventud, perdí mi familia, todos mis sueños se derrumbaron”, señaló Kenia, quien al igual que las otras tres mujeres solo dio su nombre ficticio.

Kenia aseveró que llamó a la línea de ayuda local de su país equivalente del 911, perdió el conocimiento y se despertó en un hospital público rodeada de policías.

“Uno me dijo que se encargaría de que me pudriera en la cárcel y así fue. Él fue el principal testigo en mi contra. Era su versión contra la mía. Fue difícil”, explicó Kenia.

Ahora, con 26 años, Kenia quiere recuperar el tiempo perdido.

“Recuperé a mi familia y no quiero estancarme. Quiero seguir estudiando, estudiar inglés, perfeccionar mi cosmetología para poder ayudar a mi familia”.

Kenia fue liberada el 1 de enero pasado, 9 años después, y era una de las 5 mujeres que cumplían sentencias de homicidio agravado de 30 años que el presidente Nayib Bukele ordenó liberar desde el 23 de diciembre luego de una campaña de petición de derechos humanos en línea.

Morena Herrera, directora del Grupo Ciudadano por la Despenalización del Aborto, una ONG que ha estado trabajando para liberar a las mujeres desde 2009, indicó que la prohibición del aborto en El Salvador no castiga a todas las mujeres, sino sólo a aquellas que son pobres y no pueden pagar una buena representación legal. .

Las mujeres de bajos recursos, a menudo con niveles de educación más bajos, tienen menos acceso a la atención médica y terminan en el sistema de salud pública, donde los médicos y enfermeras se ven obligados a denunciar las sospechas de aborto.

El Salvador ha procesado penalmente a 181 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas en las últimas décadas.

Desde 2009, 62 mujeres han sido liberadas de prisión con la ayuda de colectivos de derechos de las mujeres, mientras que 12 aún permanecen en prisión.

Las mujeres hablaron un día después de que en otro país latinoamericano como Colombia, la Corte Constitucional legalizara el aborto hasta las 24 semanas de gestación.

CIUDAD DE MÉXICO

Las corridas de toros de esta temporada en la Ciudad de México pueden ser las últimas, ya que los legisladores en la Asamblea de la Ciudad buscan revivir un proyecto de ley que prohíbe la sangrienta y cruel actividad.

La temporada de este año cerró el domingo en la arena Plaza México de la ciudad y estuvo marcada, como se ha convertido en rutina, por los manifestantes.

El año pasado, la Comisión de Bienestar Animal de la asamblea dio la aprobación preliminar a una ley que prohíbe los eventos públicos “en los que los animales sean objeto de maltrato y crueldad que resulten en su muerte”.

Pero el proyecto de ley nunca llegó a votación ante la Asamblea en pleno.

El activista por los derechos de los animales, Alberto Luvianos, indicó que los legisladores pueden haberse sentido intimidados por la posible pérdida de ingresos.

“Ellos (los legisladores) reconocieron que los animales tienen derechos, pero el tema que les preocupa es la renta de la tauromaquia”, señaló Luvianos, quien estimó que las corridas generan unos 3,000 empleos.

Por su parte, las asociaciones taurinas afirman que el número real es 10 veces esa cantidad.

Evangelina Estudillo es una de esos beneficiadas.

Ha trabajado como vendedora ambulante fuera del área durante 20 años, y los ingresos la ayudaron a criar a nueve hijos, ahora la perspectiva de una prohibición la inquieta.

“El presidente tendría que hacer algo. Mire cuántas familias confían en esto”, recalcó Estudillo.

Desde 2013, cuatro estados de México ya han prohibido las corridas de toros y las encuestas indican un apoyo sustancial a la prohibición.

Una prohibición en la Ciudad de México, actualmente el lugar más grande para los eventos taurinos, sería un revés internacional para esta practica que sus detractores tachan de sangrienta.

“Respeto a los que están en contra, pero no estoy de acuerdo. Yo lo veo como un arte, una parte de la cultura, y vivo de ello”, explicó Paco Domínguez, que vende mercadería y carteles taurinos.

PANAMÁ

Fiscales y funcionarios de derechos humanos acudieron esta semana a la región del pueblo Ngobé-Buglé de Panamá para investigar las denuncias de una docena de mujeres indígenas, de que habían sido sometidas a procedimientos de esterilización sin su consentimiento.

Los equipos fueron enviados a investigar las denuncias presentadas ante una Comisión Legislativa que visitó la zona en octubre.

Los procedimientos supuestamente se llevaron a cabo en un hospital público administrado por el gobierno.

La legisladora Walkiria Chandler explicó que la denuncia provino de una vocera de las 12 mujeres, cada una de las cuales aparentemente solo hablaba el idioma indígena y ya tenía dos hijos.

Los Ngobé-Buglé son los más grandes de los muchos grupos indígenas de Panamá.

“Si esta es una política, las mujeres deben ser informadas y permitirles dar su consentimiento”, dijo Chandler.

Por su parte, el Ministerio de Salud indicó que cualquier procedimiento de este tipo requeriría una carta de consentimiento firmada.

“Este procedimiento no se realiza sin este documento y, por lo tanto, no se puede haber realizado de la manera en que se describe”, señaló el Ministerio en un comunicado.

Quedaba por ver si las mujeres habrían entendido lo que estaban firmando, sin un traductor.

PERÚ

Un juez peruano abrió esta semana un juicio por cargos de corrupción contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, ambos acusados ​​de lavado de dinero en un escándalo que involucra a la constructora brasileña Odebrecht y que ha manchado a los más altos líderes políticos de este país sudamericano durante las últimas dos décadas.

Humala es el primer exlíder de Perú en ser juzgado en el mayor escándalo de corrupción de América Latina, aunque otros tres expresidentes han estado involucrados en el caso.

Los fiscales acusaron a Humala y su esposa de recibir más de $3 millones de Odebrecht para sus campañas presidenciales en 2006 y 2011, y ambos negaron haber actuado mal.

Humala es un ex coronel del ejército que perdió las elecciones de 2006 pero ganó cinco años después. 

Los fiscales piden una condena de 20 años para el exlíder y 26 años para su esposa Nadine Heredia, acusada de haber usado el dinero para comprar unas propiedades.

Odebrecht admitió en un acuerdo de culpabilidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado $800 millones en sobornos a altos funcionarios de la región a cambio de lucrativos contratos de obras públicas.

El juicio se está haciendo virtualmente debido a la pandemia.

Humala y su esposa fueron detenidos en 2017 como medida preventiva pero liberados al año siguiente.

Ahora, la exprimera dama está bajo arresto domiciliario y el expresidente está en libertad, aunque necesita ir todos los meses a un juzgado para informar y firmar ante un juez.

La pareja compareció virtualmente ante el juez solo para escuchar los cargos, y se espera que el juicio se prolongue durante varios meses.

El escándalo de corrupción de Odebrecht ha sacudido la política de Perú, con casi todos los expresidentes vivos ahora bajo investigación.

El expresidente Alejandro Toledo, en el cargo de 2001 a 2006, también ha sido acusado de recibir dinero ilegalmente de Odebrecht y enfrenta un proceso de extradición de los EE. UU. 

Alan García, otro ex mandatario en el cargo de 2006 a 2011, se disparó en la cabeza en 2019 cuando las autoridades llegaron a su casa para arrestarlo en relación con la investigación de Odebrecht.