Por Redacción
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El gobierno de Venezuela aseguró este viernes que ha excarcelado a 626 personas privadas de libertad en las últimas semanas y anunció que solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verifique de manera independiente la lista de liberados. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición sostienen que el número real de excarcelaciones es significativamente menor y denuncian opacidad en el proceso.
La declaración fue hecha por Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, durante una reunión con miembros de su gabinete y representantes de sectores sociales en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Rodríguez defendió el proceso anunciado el pasado 8 de enero por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y rechazó las críticas de familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos que aseguran no haber recibido información clara ni verificable sobre los beneficiados.
“Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad”, afirmó Rodríguez. Según explicó, el Ejecutivo solicitará al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, que su oficina revise y verifique los listados oficiales de las personas que han sido liberadas.
El anuncio ocurre en medio de una creciente presión nacional e internacional para que el gobierno venezolano transparente el proceso de excarcelaciones, en un contexto marcado por denuncias persistentes de detenciones arbitrarias, presos políticos y uso del sistema judicial como herramienta de persecución contra la disidencia.
Discrepancias entre el gobierno y las ONG
Las cifras ofrecidas por el Ejecutivo contrastan de manera directa con los datos divulgados por organizaciones de derechos humanos. La ONG Foro Penal, una de las principales organizaciones que monitorea la situación de los presos políticos en Venezuela, sostiene que desde el 8 de enero han sido excarceladas apenas 154 personas. La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), por su parte, estima que el número oscila entre 154 y 170 liberados.
Estas discrepancias han alimentado la desconfianza entre familiares de detenidos, quienes en los últimos días se han concentrado a las afueras de centros de reclusión en distintas regiones del país en busca de información sobre sus parientes. Muchos denuncian que no existen listas públicas oficiales y que las excarcelaciones se han producido sin criterios claros ni notificaciones previas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó recientemente que algunas de las personas liberadas no formaban parte de casos conocidos públicamente, lo que ha incrementado la confusión sobre el alcance real del proceso. Según Foro Penal, aún faltarían por liberar al menos 780 personas consideradas presos políticos, mientras que la PUD eleva esa cifra a más de 940 encarcelados por razones políticas.
Rodríguez rechazó estas cifras y acusó a ONG y sectores opositores de manipular la información. “Hay sectores que persisten en maniobrar con cifras a través de la mentira”, dijo, y pidió “responsabilidad” en el ejercicio de la política.
La funcionaria también anunció que mantendrá una conversación telefónica con Volker Türk para solicitar formalmente la verificación internacional del proceso. El gobierno sostiene que esta revisión permitirá desmontar lo que califica como una campaña de desinformación en su contra.
Contexto político y presión internacional
El proceso de excarcelaciones se desarrolla en un contexto político altamente volátil. A comienzos de enero, el país vivió uno de los episodios más tensos de los últimos años tras una operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, un hecho que el gobierno venezolano ha calificado como una agresión directa a su soberanía.
Rodríguez vinculó las críticas internas al proceso de liberaciones con ese episodio.
“Ya basta de mentirle al pueblo venezolano. Esto nos ha llevado a un costo altísimo para nuestros niños, jóvenes y familias”, afirmó, al referirse a las consecuencias del conflicto con Washington.
Desde el anuncio inicial del proceso de excarcelaciones, el 8 de enero, el Ejecutivo no ha difundido una lista completa y oficial de los liberados, lo que ha sido uno de los principales reclamos de ONG y familiares. Aunque Jorge Rodríguez aseguró que las listas estaban “a disposición”, hasta ahora no han sido publicadas de manera abierta ni verificable.
El tema ha captado la atención de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, que han reiterado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. La ONU ha documentado en informes previos patrones de detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y uso político del sistema judicial.
Expertos en derechos humanos advierten que la verificación internacional anunciada por el gobierno podría ser un paso positivo, siempre que se permita el acceso pleno e independiente a la información. Sin embargo, señalan que sin transparencia previa, la revisión podría convertirse en un ejercicio limitado.
Mientras tanto, familiares de detenidos continúan esperando noticias. En Caracas y otras ciudades, grupos de personas han pasado noches enteras frente a cárceles y comandos policiales, con la esperanza de ver salir a sus seres queridos o, al menos, obtener confirmación oficial sobre su situación jurídica.
El gobierno insiste en que el proceso de excarcelaciones continuará y que se trata de una muestra de voluntad política. No obstante, hasta que las cifras sean verificadas de manera independiente, la brecha entre la versión oficial y la de las organizaciones de derechos humanos sigue marcando el debate público.
