Por Redacción
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La Costa Sur del Condado de Santa Bárbara se encamina hacia una emergencia de vivienda a gran escala, ya que el aumento de los costos y la lentitud de la construcción expulsan del mercado a los residentes de ingresos bajos y moderados, advirtió el lunes el Gran Jurado Civil 2024-25 del Condado de Santa Bárbara.
En un informe de 22 páginas, el Jurado —que es un panel de vigilancia pública— afirmó que, si bien los planificadores del Condado y la Alcaldía han planeado miles de nuevas unidades para cumplir con los objetivos estatales de vivienda, aún no se han comprometido «recursos significativos» para iniciar las obras, especialmente para proyectos reservados para familias trabajadoras.
El Gran Jurado atribuyó gran parte de la escasez a años de subconstrucción, un auge en los alquileres vacacionales a corto plazo y un aumento en la compra de segundas y terceras viviendas que permanecen vacías la mayor parte del año.
Otros obstáculos adicionales en el reporte incluyen algunos de los costos de terreno y mano de obra más altos del estado, elevadas tasas de desarrollo, códigos de zonificación restrictivos y una férrea oposición vecinal, comúnmente conocida como «NIMBY» (Not In My Back Yard).
“Los gobiernos locales de la Costa Sur, las organizaciones locales sin fines de lucro, muchos promotores inmobiliarios y algunos empleadores se esfuerzan por crear más viviendas, pero aún queda mucho por hacer”, señala el informe.
Según la Asignación Regional de Necesidades de Vivienda de California, los gobiernos locales deben zonificar suficiente terreno para satisfacer la demanda proyectada, pero la ley no exige la construcción de unidades.
El Gran Jurado criticó a los funcionarios por detenerse en la etapa de planificación y los instó a utilizar las herramientas a su disposición, desde aprobaciones ministeriales y estándares de diseño objetivos para unidades de vivienda auxiliares hasta rezonificaciones específicas, para acelerar los proyectos listos para su ejecución.
Para complicar la situación, los subsidios federales y estatales para vivienda asequible están “insuficientemente financiados, con exceso de solicitudes y plagados de normas y plazos confusos”, concluyó el panel.
Los recientes cambios de política en Washington también han empañado el futuro de muchos programas de los que dependen las constructoras sin fines de lucro.
La lucha de Santa Bárbara refleja una crisis a nivel estatal.
Un estudio del Instituto de Políticas Públicas de California realizado esta primavera reveló que el estado debe construir alrededor de 180,000 unidades al año para estabilizar los precios, pero en la última década se han promediado apenas la mitad.
Las recomendaciones del Gran Jurado no son vinculantes, pero las agencias locales deben responder formalmente en un plazo de 90 días.
Entre otras medidas, el panel instó a la Junta de Supervisores y a las ciudades de Santa Bárbara, Goleta y Carpintería a destinar fondos adicionales para la adquisición de terrenos y las obras de predesarrollo en proyectos asequibles, y a ampliar la tramitación acelerada de permisos para desarrollos de viviendas para personas de ingresos mixtos. Estas últimas, recalcó el Jurado, deben cumplir con estándares de diseño objetivos y actualizar las ordenanzas de zonificación, que limitan la densidad o prohíben la construcción de viviendas multifamiliares en corredores con gran tráfico.
Los funcionarios públicos del Condado no hicieron comentarios de inmediato.
El Fondo Fiduciario de Vivienda del Condado de Santa Bárbara, una organización sin fines de lucro con sede en Santa Bárbara, elogió el informe.
«Resalta lo que las familias trabajadoras experimentan a diario: que el sueño de vivir donde trabajan se está desvaneciendo», declaró la Directora Ejecutiva Jennifer McGovern en un correo electrónico.
Para saber más sobre este y cualquiera de los otros informes del Gran Jurado del Condado de SB visite: www.sbcgj.org
