Por Redacción
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La Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara aprobó el martes pasado $240,000 en ingresos provenientes del impuesto al cannabis para expandir los servicios de salud mental para inmigrantes afectados por recientes medidas federales de cumplimiento de la ley.
El dinero financiará a dos terapeutas de tiempo completo en el Centro de Defensa Legal para Inmigrantes (ILDC) y estará disponible de inmediato.
Además en la sesión plenaria semanal, la Junta indicó que revisará el progreso del programa en seis meses.
La Supervisora Laura Capps propuso la asignación durante las deliberaciones finales del presupuesto, calificando la necesidad de «urgente» para las familias que han visto a sus padres detenidos o deportados.
«Independientemente de cómo se sienta uno sobre la política federal, tenemos una crisis en nuestras manos. Muchos jóvenes están viendo desaparecer a sus padres de la noche a la mañana», recalcó Capps a la Junta.
Capps relató el caso de una estudiante de Carpintería de 15 años cuyo padre fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ,mientras conducía al trabajo.
La adolescente ahora vive en un auto con su abuela y lucha contra la ansiedad severa, afirmó Capps.
El ILDC, con sede en Santa María, tiene registrados a más de 65 niñ@s y adultos que esperan terapia para traumas, según informó su Directora Ejecutiva, Julissa Peña a los Supervisores, añadiendo que estos no son incidentes aislados.
«Son un patrón que impacta profundamente el bienestar de nuestra comunidad. La protección legal y la atención de salud mental deben ir de la mano para garantizar que nuestras familias no solo sobrevivan, sino que comiencen a sanar», afirmó Peña.
Es así como de acuerdo con las estimaciones iniciales situaron el coste de contratar a tres terapeutas en $360 mil dólares, pero los Supervisores decidieron financiar dos puestos, después de que el personal del Condado identificara ahorros en ciertas partes del presupuesto anual recién aprobado.
El dinero provendrá de la reducción de horas extras del Departamento del Alguacil y de $102,500 dólares en reservas fiscales para el cannabis.
La psicóloga clínica Carolynn Gray, fundadora de Gradient Psychology, afirmó que los proveedores locales están desbordados.
«Los profesionales clínicos de California están recibiendo una avalancha de solicitudes relacionadas con el temor a la deportación», escribió Gray en una carta apoyando la asignación.
Tras una breve discusión, la junta votó 5-0 a favor de aprobar la solicitud de Capps.
Una de las asistentes, que sólo se quiso identificar como Margarita agradeció a Capps por «una solución creativa que satisface una necesidad real de la comunidad».
Capps describió la financiación como una «asignación estratégica» destinada a mitigar el estrés, la ansiedad y el trauma entre las familias inmigrantes.
«¿Qué pasa con ese niño que se queda atrás?», preguntó. «Tenemos la responsabilidad de ayudar».
