Por Redacción
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Guatemala atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años luego de una serie de motines simultáneos en centros penitenciarios y ataques armados que dejaron al menos nueve policías muertos. Ante la escalada de violencia, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, una medida excepcional que amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden.
La jornada violenta comenzó el fin de semana con disturbios coordinados en al menos tres cárceles del país, donde privados de libertad tomaron rehenes y exigieron mejores condiciones carcelarias. Horas después, se registraron ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos del país, acciones que las autoridades atribuyen a pandillas como represalia por operativos estatales.
El Ejecutivo sostiene que los hechos no responden únicamente a dinámicas criminales, sino que forman parte de un intento deliberado de desestabilización política. Arévalo afirmó que la violencia busca generar caos en un año clave para Guatemala, marcado por la renovación de altos cargos en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral.
Qué implica el estado de sitio
El estado de sitio, vigente inicialmente por 30 días, permite a las autoridades restringir derechos constitucionales, incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial, limitar reuniones públicas, prohibir la portación de armas de fuego y reforzar controles territoriales. El Gobierno aseguró que estas medidas serán aplicadas de forma focalizada y que no buscan paralizar la vida cotidiana de la población.
Como parte de la respuesta inmediata, las clases fueron suspendidas en varias zonas y algunas instituciones públicas redujeron o cancelaron actividades presenciales por razones de seguridad. Paralelamente, la Policía y el Ejército ejecutaron allanamientos y detenciones de personas presuntamente vinculadas con los ataques, además de incautar armas de alto calibre.
Durante una cadena nacional, Arévalo llamó a la unidad nacional y prometió que los crímenes no quedarán impunes. En las honras fúnebres de los agentes fallecidos, el mandatario reiteró que su administración no negociará con estructuras criminales ni cederá ante presiones violentas.
El origen de la crisis carcelaria
Según el Ministerio de Gobernación, los motines fueron organizados por miembros de la pandilla Barrio 18, encabezados por su líder Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”. Las autoridades indican que el objetivo principal era forzar su traslado a otra prisión y obtener privilegios dentro del sistema penitenciario.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que el Estado no retrocederá ni devolverá beneficios a grupos criminales. Tras varias horas de tensión, las fuerzas de seguridad lograron retomar el control de los centros penitenciarios involucrados.
Seguridad y disputa política
El Gobierno sostiene que detrás de la violencia existen redes político-criminales que históricamente han operado con impunidad. “Las estructuras de corrupción que sostuvieron al crimen organizado están siendo desmontadas”, aseguró Arévalo en su mensaje al país.
Analistas coinciden en que el tema de la seguridad se ha convertido en un eje central de confrontación política. Alejandro Balsells, asesor de la Presidencia, advirtió que existen sectores que utilizan la violencia como herramienta para posicionarse electoralmente, especialmente en un año decisivo para la institucionalidad del país.
Pese al clima de tensión, el Ejecutivo insiste en que el estado de sitio es una medida temporal destinada a impedir nuevos ataques y a evitar que la intimidación criminal condicione las políticas públicas.
