Por Redacción
Redaccion@latinocc.com
Dos jóvenes músicos de mariachi y sus padres fueron liberados de un centro de detención migratoria en Texas después de permanecer casi dos semanas bajo custodia de autoridades federales, en un caso que generó atención nacional y críticas de legisladores y defensores de inmigrantes.
Los menores, Caleb Gámez Cuéllar, de 14 años, y Joshua Gámez Cuéllar, de 12, habían estado detenidos junto a sus padres en el South Texas Family Residential Center, un centro de detención familiar ubicado en Dilley, en el estado de Texas.
La liberación de la familia fue confirmada por el congresista demócrata Joaquín Castro, quien publicó en redes sociales que los padres y los menores ya habían salido del centro de detención y se dirigían a reunirse con su hijo mayor.
El hermano mayor, Antonio Gámez Cuéllar, de 18 años, también fue liberado tras permanecer detenido en una instalación distinta en Raymondville, Texas.
Un portavoz del Department of Homeland Security confirmó posteriormente la liberación de la familia, aunque indicó que deberán cumplir con registros obligatorios ante el U.S. Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE, mientras continúa su proceso migratorio.
Un caso que generó atención nacional
La historia de los llamados “hermanos mariachi” se difundió rápidamente en su comunidad y entre músicos de todo Estados Unidos después de que se conociera su detención.
Hace menos de un año, los dos hermanos mayores habían sido reconocidos en el Capitolio de Estados Unidos por sus actuaciones en un destacado grupo de mariachi de secundaria.
Su detención generó indignación entre líderes comunitarios, activistas y algunos legisladores, quienes cuestionaron que menores de edad terminaran bajo custodia federal.
El congresista Castro afirmó que el caso refleja problemas más amplios dentro de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.
“Trump dijo que iba a perseguir criminales peligrosos”, señaló el legislador en un video difundido durante el fin de semana. “Entonces, ¿cómo es posible que estos jóvenes, que incluso actuaron en el Capitolio, terminen detenidos en una instalación de inmigración?”.
La familia fue arrestada el 25 de febrero, según el DHS. Las autoridades sostienen que los padres, Emma Guadalupe Cuéllar López y Luis Antonio Gámez Martínez, vivían en Estados Unidos sin estatus legal.
De acuerdo con el gobierno, la familia ingresó al país en 2023 cerca de Brownsville, Texas.
Sin embargo, abogados y legisladores afirman que la familia solicitó asilo y siguió los procedimientos establecidos para su caso.
Debate sobre la política migratoria y las detenciones familiares
El abogado Efrén C. Olivares, del National Immigration Law Center, dijo que la familia utilizó la aplicación gubernamental CBP One para ingresar al país, lo que constituiría una vía legal dentro del sistema migratorio.
El caso aún está pendiente y continúa en proceso ante las autoridades migratorias.
Tras su liberación, el padre de los jóvenes relató a medios locales que la experiencia en el centro de detención fue difícil para toda la familia.
Describió la instalación de Dilley como “un lugar horrible” y agradeció el apoyo recibido por parte de la comunidad y de quienes presionaron por su liberación.
Según explicó, él y su esposa ahora deben portar un grillete electrónico y cumplir restricciones de movilidad que limitan sus desplazamientos a unos 120 kilómetros alrededor de su residencia.
El padre también relató que ver cómo trasladaban a su hijo mayor a otra instalación fue uno de los momentos más dolorosos de la detención.
“Es horrible, no se lo deseo a nadie”, afirmó.
Defensores de inmigrantes han denunciado en repetidas ocasiones las condiciones dentro de los centros de detención familiares, incluyendo problemas de atención médica y alimentación para los menores.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido sus procedimientos y afirmó que la ley exige la detención de personas que ingresan sin autorización mientras se resuelven sus casos migratorios.
Las autoridades también aseguran que ICE no separa a las familias de forma arbitraria y que los padres pueden decidir si permanecen juntos durante el proceso.
Mientras tanto, el caso de la familia Gámez-Cuéllar continúa generando debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y el impacto que estas medidas pueden tener en menores y familias que buscan protección en el país.
