Por Redacción
Redaccion@latinocc.com
Un grupo de migrantes latinoamericanos deportados desde Estados Unidos a África describe una situación de incertidumbre, enfermedad y desamparo tras su llegada a la República Democrática del Congo, en medio de un controvertido acuerdo migratorio impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump.
Entre ellos se encuentra Jorge Cubillos, un colombiano que llevaba ocho años en Estados Unidos, donde había iniciado una nueva vida tras huir de amenazas en su país. Según relata, contaba con permiso de trabajo y un proceso de asilo en curso. Sin embargo, fue deportado sin previo aviso al país africano.
“Nunca pensé que terminaría en África”, afirmó desde un hotel en Kinshasa, donde permanece junto a otros migrantes. Dice sentirse enfermo, desorientado y separado de su familia, que permanece en Florida.
Cubillos forma parte de un grupo de 15 personas originarias de Colombia, Perú y Ecuador que fueron trasladadas al Congo la semana pasada. Se trata del primer grupo deportado bajo este acuerdo, que permite a Estados Unidos enviar migrantes a terceros países.
El gobierno congoleño ha defendido la medida como un gesto de solidaridad internacional y ha asegurado que la estancia de los migrantes es temporal, con apoyo financiado por Estados Unidos. Sin embargo, los afectados denuncian condiciones precarias y un deterioro acelerado de su salud.
Una mujer identificada como Marta relató que fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas bajo el pretexto de verificar su dirección. Posteriormente fue trasladada a centros de detención y, días después, enviada al Congo.
“Nos han vulnerado nuestros derechos humanos”, afirmó. Según su testimonio, permaneció incomunicada durante días, sin acceso adecuado a alimentos ni agua, antes de ser deportada.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad del acuerdo. Hubert Tshiswaka, director del Instituto de Investigación sobre Derechos Humanos, aseguró que no existe base legal para trasladar migrantes a un país con el que no tienen vínculo.
Además, advirtió sobre posibles violaciones al principio internacional de no devolución, que prohíbe enviar a personas a lugares donde puedan estar en riesgo.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que brinda asistencia humanitaria al grupo, aunque también indicó que podría facilitar el retorno voluntario de quienes lo soliciten.
Los migrantes, sin embargo, aseguran que viven en condiciones difíciles. Denuncian falta de agua potable, cortes de electricidad y restricciones para salir del hotel donde se alojan.
“Estamos enfermos. Nos ha dado fiebre, vómitos y diarrea”, dijo Cubillos, quien asegura que les han indicado que estos síntomas son parte de un proceso de adaptación.
Otro de los deportados, Carlos Rodelo, afirmó que contaba con protección legal bajo la Convención contra la Tortura, lo que en teoría impedía su deportación. A pesar de ello, fue detenido y enviado al Congo tras varios meses en centros de detención.
El traslado, según los testimonios, fue especialmente duro. Los migrantes aseguran haber pasado más de 25 horas esposados de manos, pies y cintura, con acceso limitado a comida y agua.
“Fue terrible”, relató Cubillos.
El caso ha generado preocupación entre expertos en migración, quienes advierten que este tipo de acuerdos podrían sentar precedentes en la externalización de políticas migratorias de Estados Unidos.
Mientras tanto, los migrantes permanecen en un limbo legal y geográfico, sin claridad sobre su futuro.
“Nos sentimos completamente a la deriva”, dijo Marta.
Para muchos, regresar a sus países de origen no es una opción viable debido a los riesgos que enfrentan. Pero quedarse en el Congo tampoco representa una solución.
La incertidumbre, sumada a las condiciones en las que viven, ha profundizado la sensación de abandono entre el grupo, que sigue esperando una respuesta sobre su destino.
