Por Redacción
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Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrán acceso a los datos personales de los 79 millones de inscritos en Medicaid, incluidos nombres, direcciones, etnicidad y números de Seguro Social, según un acuerdo recientemente firmado entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que tuvo acceso The Associated Press.
Este convenio tiene como objetivo ayudar a localizar a inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización legal, según consta en el documento. La divulgación masiva de datos de salud a las autoridades migratorias marca un nuevo episodio en la ofensiva migratoria de la administración Trump, que busca aumentar las detenciones a 3.000 personas por día.
Un uso cuestionado de los datos médicos
Legisladores y algunos funcionarios de los CMS han cuestionado la legalidad de esta medida, que no ha sido anunciada públicamente. Mientras que funcionarios del Departamento de Salud (HHS) aseguran que se trata de identificar personas que reciben beneficios de manera indebida, el acuerdo deja claro que los datos serán usados para identificar y localizar extranjeros en el país.
El ICE podrá consultar la base de datos de Medicaid en horario laboral, de lunes a viernes, hasta el 9 de septiembre. Aunque no podrán descargar los datos, tendrán acceso a nombres completos, direcciones, fechas de nacimiento, etnicidad, raza y números de Seguro Social de los beneficiarios del programa, que incluye a millones de niños y personas de bajos ingresos.
Esto ha generado alarma entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que el uso de información médica con fines de deportación podría disuadir a las personas de buscar atención médica, incluso en emergencias. Hannah Katch, exasesora de CMS durante el gobierno de Biden, calificó la medida como una violación de la confianza de los afiliados, recordando que históricamente la información solo se compartía en investigaciones por fraude o abuso.
Demandas estatales y presión política
El mes pasado, la administración Trump solicitó datos personales de afiliados a Medicaid en siete estados—California, Nueva York, Washington, Oregón, Illinois, Minnesota y Colorado—que permiten que inmigrantes no ciudadanos accedan a programas completos sin facturar al gobierno federal. Todos estos estados tienen gobernadores demócratas.
En respuesta, 20 estados presentaron demandas alegando violaciones a leyes federales de privacidad. Internamente, funcionarios de CMS debatieron si debían detener la entrega de datos, temiendo repercusiones legales. En correos electrónicos internos, altos funcionarios sugirieron apelar a la Casa Blanca para suspender la transferencia. Sin embargo, el Departamento de Justicia indicó que CMS podía proceder.
Numerosos legisladores, incluido el senador demócrata Adam Schiff, han exigido el cese inmediato de la transferencia de datos. Schiff calificó la medida como una “violación masiva de nuestras leyes de privacidad” que podría hacer que más ciudadanos desistan de buscar atención médica por temor a represalias migratorias.
Mientras el DHS sostiene que el uso de los datos es un esfuerzo para garantizar que los beneficios sean usados correctamente, el acuerdo evidencia que la información servirá como herramienta para identificar inmigrantes sin estatus legal y facilitar su deportación.
