Por Redacción
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El lunes un juez federal de Chicago bloqueó la aplicación de la polémica regla migratoria de carga pública con la que el presidente Donald Trump ha tratado de negar beneficios a los inmigrantes .
La decisión del magistrado Gary Feinerman, del Distrito Norte de Illinoistiene vigencia inmediata en todo el país y parece ser el golpe final a los esfuerzos de Trump para restringir la inmigración y la residencia permanente de los que ya se encuentran en el país.
En la nueva regla, aprobada en febrero pasado, se establecía que a aquellos que reciben beneficios públicos, cupones de alimentos, atención médica gratuita, subsidios y ayuda en efectivo se les niegue la llamada “tarjeta verde” de residente, por ser considerados una “carga pública”, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965.
Según grupos defensores de los inmigrantes, la primera reacción de los inmigrantes con hijos ciudadanos fue renunciar a los beneficios casi en masa, por miedo a ser deportados.
La nueva regla puso en riesgo la atención médica y la alimentación de esos niños, que en su mayoría son ciudadanos estadounidenses, viven por debajo de la línea de pobreza y necesitan ayuda.
La regla fue impugnada por lo menos en 20 estados, entre los que se cuentan California, Nueva York, Vermont, Connecticut, Pennsylvania, Illinois y Oregón, además de ciudades y condados que acudieron a las cortes para detener la aplicación de la polémica regla.
Después de múltiples bloqueos en las cortes, que fueron eliminados por el Gobierno mediante apelaciones, el dictamen de Feinerman se aplica a nivel nacional y es efectivo de inmediato.
Un correo electrónico de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) divulgado este lunes por medios nacionales, establece que la aplicación de la nueva regla sobre carga pública debe “cesar de inmediato”.
Kim Foxx, procuradora de justicia del condado de Cook, que presentó la impugnación en representación de Illinois, declaró este lunes que con la nueva regla Trump trató de “penalizar la diversidad”, amenazar la salud pública y destruir las comunidades de inmigrantes.
“Aún antes de que la norma entrara en vigencia, las evidencias muestran que su propuesta aplicación produjo amplios efectos a nivel nacional por los cuales las familias inmigrantes, elegibles para esos servicios, evitaron inscribirse en programas de asistencia pública por temor a las consecuencias sobre su situación legal”, según un informe preparado por el Instituto Urbano.
Este fenómeno “se ha tornado aún más alarmante durante la pandemia de la COVID-19, en la cual muchas familias inmigrantes son vulnerables a agudas tribulaciones médicas y económicas”, añadió el informe, citado por Efe.
