Por Agencias
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Se conoció la semana pasada que los inmigrantes que entren en Estados Unidos de manera clandestina serán evaluados por agentes de asilo mientras estén bajo custodia, como parte de un experimento limitado que les dará acceso a asesoría legal, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de acuerdo con información de la agencia de noticias AP.
El nuevo plan iniciará con un pequeño número de inmigrantes esta semana.
Las autoridades indicaron que la prueba forma parte de los preparativos para cuando expire una norma relacionada con la pandemia de coronavirus que ha suspendido para muchos el derecho a pedir asilo.
Está previsto que dicha norma deje de aplicarse el 11 de mayo, si se amplía, el nuevo proceso podría generar un cambio importante en la manera como se procesa a los migrantes a su llegada a territorio estadounidense para solicitar asilo.
Funcionarios del DHS detallaron que empezarán a trabajar con un proveedor de servicios jurídicos, al cual no identificaron y que representará a los solicitantes de asilo en las investigaciones iniciales, conocidas como “entrevistas de temor fundado”.
El acceso a una representación legal será fundamental para que el plan avance, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que no han sido anunciados públicamente.
Las entrevistas se llevarán a cabo en grandes instalaciones temporales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés), equipadas con líneas telefónicas que se utilizarán para las audiencias, según las autoridades.
La política de la CBP limita la detención a 72 horas, que será el objetivo para completar las verificaciones.
El ex presidente Donald Trump introdujo la evaluación expedita mientras las personas se encontraban bajo custodia de la CBP, pero su sucesor, el actual Presidente Joe Biden, la canceló en la primera semana de su presidencia.
Funcionarios del gobierno de Biden aseguran, sin embargo que el nuevo plan es distinto porque ofrece acceso a asesoría jurídica, y requiere que las evaluaciones sean efectuadas por funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), no por agentes de la Patrulla Fronteriza, como ocurría durante el gobierno de Trump.
En la actualidad, transcurren unas cuatro semanas antes de que se lleve a cabo una entrevista de evaluación y, si alguien no cumple con los requisitos, otras cuatro o cinco semanas para que sea transportado por aire a su país de origen, señalaron funcionarios.
La nueva táctica pretende recortar ese tiempo a menos de 72 horas, el máximo permitido para mantener a alguien detenido en una instalación de la CBP, según las políticas de la agencia.
“Este gobierno continuará examinando toda herramienta a su alcance para hacer que el procesamiento de (los casos de) asilo sea más eficiente, al tiempo que mantiene el debido proceso y otras protecciones, ya que el Congreso se niega a actuar para corregir nuestro sistema de manejo de la inmigración, el cual presenta fallas desde hace décadas”, declaró el DHS en un comunicado.
El gobierno ha realizado 2,7 millones de expulsiones de migrantes al amparo de una norma de salud pública conocida como Título 42, la cual está en vigor desde marzo de 2020 y niega el derecho consagrado en leyes estadounidenses e internacionales a solicitar asilo con el argumento de que se pretende evitar la propagación del COVID-19. Está programado que el Título 42 concluya el 11 de mayo, cuando Estados Unidos suspenderá sus últimas restricciones relacionadas con el coronavirus.
Funcionarios del DHS han estimado que los ingresos ilegales de personas por la frontera sur podrían elevarse a 13.000 al día siguiente de que expire el Título 42, en comparación con unos 5.500 en febrero.
Actualmente, pocos migrantes son evaluados en la frontera si dicen tener miedo de ser deportados a su país, y con frecuencia se les libera para que prosigan con sus trámites de solicitud de asilo en los tribunales de inmigración estadounidenses, un proceso que se lleva años debido a que dichas cortes tienen gran cantidad de trabajo atrasado. La evaluación inicial establece un parámetro relativamente bajo, y el 77% la aprobaron en marzo, según los USCIS. La tasa final de casos de asilo aprobados es mucho menor.
