Por Agencias
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Las fuerzas de seguridad de Perú llevaron a cabo ataques generalizados contra manifestantes con «ejecuciones extrajudiciales» y «uso generalizado de munición letal» a principios de este año, mientras trataban de contener las protestas masivas que comenzaron en diciembre de 2022, según Amnistía Internacional.
El grupo de derechos humanos investigó la muerte de 25 personas que perdieron la vida en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Puno entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. En total, 49 civiles murieron durante las protestas.
Según el informe de Amnistía Internacional, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.
El movimiento de protesta del país andino, de varias semanas de duración, fue desencadenado por la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre y alimentado por un profundo descontento por las condiciones de vida y la desigualdad en el país.
Aunque se produjeron protestas en todo el país, la mayor violencia se registró en el sur rural e indígena, que vio en la destitución de Castillo otro intento de las élites costeras peruanas de menospreciarlos.
Según Amnistía, durante el periodo documentado las fuerzas armadas y la policía nacional del país emplearon fuerza letal, como balas y armas prohibidas en tareas policiales, como perdigones, «de forma ilegítima».
También se empleó fuerza menos letal, como gases lacrimógenos, de forma «excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria», según el informe.
Las autoridades de Perú afirmaron que las fuerzas de seguridad del país actuaron en defensa propia. Sin embargo, según las pruebas recogidas por Amnistía Internacional, las heridas que causaron las 25 muertes «se produjeron en partes del cuerpo donde es más probable que resulten mortales, lo que indicaría que no fueron disparos al azar, sino intencionados».
«En ninguno de los casos se encontraron pruebas de que la persona fallecida supusiera un riesgo para la vida o la integridad de los funcionarios», dice el informe.
«En varios casos los fallecidos, así como los heridos, eran meros observadores o transeúntes», concluye el informe.
Ejecuciones extrajudiciales y víctimas jóvenes
De las 25 muertes documentadas por Amnistía Internacional, al menos 20 se consideran ejecuciones extrajudiciales. Quince de esas víctimas eran menores de 21 años, según el informe.
La primera víctima mortal conocida durante las protestas fue un muchacho de 15 años, David Atequipe, que recibió un disparo en la espalda mientras observaba las protestas frente al aeropuerto de Andahuaylas, en la región de Apurímac, el 11 de diciembre, según el informe de la autopsia documentado por Amnistía.
Otro joven de 15 años, Christopher Ramos Aime, recibió un disparo unos días después mientras cruzaba la carretera en Ayacucho, el 15 de diciembre. Ramos trabajaba en el cementerio local, cerca del aeropuerto, limpiando tumbas y lápidas y ayudando a los visitantes con las flores.
Según la autopsia vista por Amnistía Internacional y las pruebas reunidas por el grupo, Ramos murió por un «proyectil de arma de fuego» que le causó un traumatismo torácico. Ramos no iba armado y no suponía ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad, concluye la organización.
«Mataron a gente inocente, mi hijo era inocente, estaba cruzando la carretera cuando le dispararon», dijo entre lágrimas este miércoles a CNN Hilaria Aime, madre de Christopher.
Aime espera que su familia pueda encontrar justicia tras la publicación del informe, y añade que con frecuencia los manifestantes y sus comunidades han sido demonizados injustamente por las autoridades peruanas.
«Esperamos que se haga justicia y la gente nos respete, nos están llamando terroristas, vándalos y esa no es la verdad de lo que pasó en Ayacucho».
Amnistía también menciona la muerte de Beckhan Romario Quispe Garfias, un entrenador de fútbol de 18 años que recibió un disparo en la cabeza en Andahuaylas, región de Apurímac, en diciembre.
Amnistía también sostiene que los ataques contra manifestantes se llevaron a cabo «con un marcado sesgo racista» en el sur de Perú, donde los manifestantes se enfrentaron a una respuesta más violenta por parte de las fuerzas de seguridad, dejando decenas de muertos.
En Lima, la capital de Perú, se produjeron protestas similares, pero solo hubo un muerto.
Respuesta y narrativa del gobierno de Perú
En este informe final, Amnistía Internacional señala que las autoridades peruanas, incluida la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), elogiaron a las fuerzas de seguridad del país durante las protestas y «apoyaron y justificaron sistemáticamente las acciones de las fuerzas del orden, a pesar de las pruebas cada vez más claras de su actuación ilegal».
«Además, la narrativa estatal estigmatizó a los manifestantes como terroristas y violentos, abonando a la escalada de violencia y alentando a las fuerzas del orden a seguir actuando de la misma manera», destaca el informe.
Las autoridades al más alto nivel no exigieron responsabilidades a las fuerzas armadas y a la policía, a pesar de las «pruebas considerables» que apuntaban a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en las decenas de muertes que se produjeron, afirma también Amnistía.
En una entrevista reciente con un medio de comunicación local y ante las críticas por la forma en que su gobierno ha manejado las protestas, la presidenta Boluarte dijo que ella y sus ministros no deciden los protocolos de las Fuerzas Armadas ni de la Policía.
«Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos», dijo Boluarte.
La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar el 10 de enero contra la presidenta Boluarte, el primer ministro de Perú, Alberto Otarola, y otros ministros por presunto genocidio, homicidio y lesiones graves cometidos durante las protestas.
Este miércoles, la oficina de Boluarte dijo que la presidenta fue invitada a declarar ante la Fiscalía el 31 de mayo.
La Fiscalía de Perú también fue criticada en este informe final por no llevar a cabo investigaciones penales relacionadas con las muertes en las protestas de forma «rápida, exhaustiva e imparcial».
