Por Agencias
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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el jueves que México tiene elementos para responder a los reclamos que hicieron Estados Unidos y Canadá en materia energética en el marco del tratado de libre comercio y advirtió que, si se trata de una sanción política, “nos vamos a defender”.
Durante su conferencia matutina López Obrador descartó que México haya incurrido en alguna violación del tratado de libre comercio que mantiene con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, pero dejó claro que no está en discusión el dominio que tiene México sobre su industria petrolera.
“Podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes”, agregó.
Sin ofrecer mayores detalles, López Obrador dijo que tenía indicios de que las controversias anunciadas por Estados Unidos y Canadá “tienen que ver con los intereses creados que se dedicaban a saquear a México”, a los que aseguró que les dio un alto al gobierno en el 2018.
López Obrador recordó que durante la visita que realizó la semana pasada a Washington para reunirse con el presidente Joe Biden no se abordaron las diferencias en materia energética de las empresas estadounidenses, e insistió en que los reclamos que se dieron a conocer la víspera responden según él a un “asunto político”.
Estados Unidos y Canadá activaron el miércoles un mecanismo de solución de controversias establecido en el tratado de libre comercio que podría derivar en la aplicación de sanciones comerciales contra México.
Washington sostiene que las políticas energéticas impulsadas por la administración de López Obrador favorecen injustamente a las compañías mexicanas estatales de electricidad y petróleo frente a competidores estadounidenses y proveedores de energía limpia.
Entre los temas específicos en disputa está una reforma del año pasado a la ley mexicana sobre el sector eléctrico que, según Estados Unidos, privilegia injustamente la producción de electricidad de la compañía estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre la generada por empresas privadas y sobre fuentes más limpias como la eólica y la solar.
López Obrador defendió el jueves nuevamente sus políticas energéticas y dijo que si no hubiese actuado en esa materia se habrían dado aumentos en los precios de la luz y los combustibles y se habría avanzado en la desaparición de la CFE.
Estados Unidos también se quejó de una regulación de 2019 que otorga sólo a Petróleos Mexicanos (Pemex) tiempo adicional para cumplir con los estándares ambientales más estrictos que limitan el azufre permitido en el combustible diésel para automóviles.
Asimismo, Washington acusa a México de retrasar, rechazar o no actuar sobre las solicitudes de permisos de empresas privadas para operar en el sector energético mexicano y de revocar o suspender los permisos existentes.
Por su parte, la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, reconoció el jueves que las autoridades canadienses han planteado preocupaciones respecto al cambio en la política energética de México, y dijo en un comunicado que estaban de acuerdo con Washington en que las políticas mexicanas son “incompatibles” con las obligaciones del tratado y es por ello que decidieron iniciar las consultas para abordar las preocupaciones.
Tatiana Clouthier, secretaria de Economía de México, afirmó el jueves que se buscará llegar a coincidencias. “Vamos otra vez a ver si dentro del esquema del tratado estamos violentando o no eso, y ver si encontramos una solución a este punto que ellos señalan”, dijo Clouthier a la televisora local Milenio.
Si los países no llegan a un acuerdo después de 75 días de consultas, Estados Unidos y Canadá pueden solicitar la intervención de un panel de resolución de controversias tal y como estipula el T-MEC.
La Secretaría de Economía precisó que esta es la cuarta vez que se utiliza este mecanismo de solución de controversias desde que el T-MEC entró en vigor hace dos años.
Primero fue activado por Estados Unidos contra Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo, y posteriormente por Canadá contra Estados Unidos por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas.
La tercera vez lo pusieron en marcha México y Canadá contra Washington por la interpretación y aplicación de las reglas que determinan dónde deben originarse las piezas de automóviles para que puedan ser consideradas libres de impuestos.
