Por El Latino Newsroom
Decenas de niños migrantes de corta edad se están presentando ante los tribunales de inmigración de Estados Unidos sin la compañía ni la representación de un abogado para defender su permanencia en el país.
El aceleramiento de los procesos judiciales e institucionales bajo la administración federal ha dejado a menores indefensos frente a órdenes de deportación inmediata tras la cancelación de fondos clave para asistencia legal gratuita.
La escena vivida en la sala de audiencias del tribunal de inmigración de Harlingen, Texas, refleja la severidad de la crisis. Mientras un menor de 6 años jugaba a pilotar un avión en las bancas y un niño de 3 años exploraba el micrófono de la mesa defensora, los jueces de inmigración instaban a los jóvenes a prestar atención sobre un procedimiento legal complejo que determina de manera definitiva su expulsión del territorio estadounidense o la concesión de asilo.
Uno de los casos más dramáticos registrados durante las audiencias fue el de Ángel, un adolescente hondureño de 13 años que compareció sin representación letrada. Al ser interrogado por el magistrado sobre las razones para no retornar a su país de origen, el menor explicó que su madre y la mayoría de sus familiares residen en suelo estadounidense y que su regreso implicaría graves riesgos para su integridad física. No obstante, el juez determinó que los argumentos no eran suficientes bajo los criterios normativos e interrogó al joven sobre si prefería una salida voluntaria o una orden de expulsión. Ante la falta de asesoría, el menor rompió en llanto al manifestar que no contaba con nadie que lo guiara en el proceso, tras lo cual se le fijó un plazo límite para apelar la resolución.
Cancelación de contratos legales y desmantelamiento del debido proceso
El incremento de menores compareciendo en soledad obedece en gran medida al vencimiento, registrado durante el verano, de un contrato federal de 200 millones de dólares anuales con el Centro Acacia para la Justicia. Dicho programa financiaba la labor de un centenar de organizaciones proveedoras de servicios legales que brindaban orientación, evaluaciones jurídicas y representación formal a más de 20 000 niños no acompañados bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
Abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes han denunciado que la interrupción de estos fondos económicos contraviene el debido proceso garantizado por la legislación federal. Pese a que el Gobierno otorgó posteriormente una partida reducida de 20 millones de dólares al Comité de EE. UU. para Refugiados e Inmigrantes para intentar cubrir la asistencia jurídica hasta finales de año, analistas y profesionales del sector confirman que la presencia de defensores en las salas de audiencia se ha reducido drásticamente, obligando a los niños a enfrentar entrevistas de asilo sin acompañamiento técnico.
La situación ha provocado el cierre parcial o total de programas de representación legal en estados fronterizos como Texas. Organizaciones sin fines de lucro locales han reportado el despido masivo de personal capacitado y la imposibilidad de aceptar nuevos expedientes de menores detenidos en la frontera sur. Esta carencia de asesoría legal coloca a los inmigrantes en una posición de extrema vulnerabilidad ante los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, quienes han comenzado a implementar entrevistas virtuales aceleradas para resolver las solicitudes pendientes.
El impacto psicológico de estas medidas preventivas sobre la infancia es evidente. Expertos jurídicos han señalado que menores de 3 o 4 años carecen del desarrollo cognitivo necesario para comprender la naturaleza de los cargos formulados por el Departamento de Seguridad Nacional, el funcionamiento de los tribunales o las consecuencias jurídicas de firmar una salida voluntaria a cambio de incentivos económicos ofrecidos por el Gobierno federal.
Agilización de audiencias y postura de las autoridades federales
La celeridad con la que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración está gestionando los expedientes ha modificado la dinámica habitual del sistema judicial. Procedimientos que anteriormente tomaban varios meses para permitir la recopilación de pruebas, testimonios o la búsqueda de tutores legales en el país, actualmente se programan en cuestión de días o semanas.
Ante las duras críticas emitidas por organizaciones defensoras de derechos humanos, portavoces de las agencias federales han manifestado que la priorización en la conclusión de los casos busca evitar que las solicitudes queden estancadas indefinidamente en el sistema. Asimismo, las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos aseguran que se mantienen las verificaciones de seguridad para garantizar que los menores sean entregados a familiares responsables sin ser expuestos a redes de trata de personas.
Sin embargo, abogados en el ejercicio de la profesión sostienen que acelerar las fechas de las audiencias e imponer plazos estrictos para la presentación de alegatos legales sin el respaldo de un defensor privado constituye una violación sistemática de los derechos de la niñez. Diversos colectivos jurídicos continúan activando líneas de atención telefónica de emergencia y recursos comunitarios para intentar proporcionar orientación básica a los cientos de menores que permanecen recluidos en albergues federales a la espera de sus próximas citas ante el juez.
La crisis procesal en los tribunales fronterizos continúa bajo una fuerte observación por parte de organismos internacionales, mientras la cantidad de niños migrantes sometidos a órdenes de deportación exprés mantiene una tendencia al alza en los distintos circuitos judiciales del país.
