Organizaciones advierten que el fin de un contrato federal dejaría sin representación a unos 20,000 niños que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos.
Por Max Vásquez
redaccion@latinocc.com
Miles de menores migrantes que llegaron solos a Estados Unidos podrían perder el acceso a representación legal en las cortes de inmigración, luego de que el gobierno de Donald Trump permitiera el vencimiento de un contrato federal que financiaba estos servicios.
El acuerdo, que concluye el viernes, cubría el trabajo de casi un centenar de organizaciones sin fines de lucro encargadas de brindar orientación jurídica y representación legal a aproximadamente 20,000 niños y adolescentes que ingresaron al país sin la compañía de un padre o tutor legal.
Defensores de los derechos de los inmigrantes advirtieron que la medida podría aumentar significativamente el riesgo de deportación para menores que enfrentan solos procesos migratorios, muchos de ellos demasiado pequeños para comprender el sistema judicial.
Además de representar a los menores ante los jueces de inmigración, las organizaciones autorizadas podían ingresar a los albergues administrados por el gobierno federal para explicar a los niños cuáles son sus derechos y las opciones legales disponibles.
Sin embargo, al expirar el contrato, los proveedores aseguran que desconocen si podrán continuar visitando a los menores o mantener la representación de los casos ya iniciados.
“El gobierno está tratando de eliminar este programa porque sabe que, sin abogados, muchos niños terminarán siendo deportados”, afirmó uno de los representantes de las organizaciones participantes.
INCERTIDUMBRE EN LAS CORTES
La preocupación ya comenzó a sentirse en tribunales migratorios como el de Harlingen, Texas, donde diariamente comparecen decenas de menores de edad.
Durante una audiencia celebrada el viernes, abogados informaron al juez que, a partir de la próxima semana, dejarán de ofrecer las sesiones informativas dirigidas a niños alojados en refugios federales y tampoco podrán brindar el servicio conocido como “Friend of the Court”, mediante el cual orientan a menores que comparecen sin representación legal.
Hasta el momento, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), responsable del programa, no ha explicado si será implementado un mecanismo alternativo para garantizar estos servicios.
ORGANIZACIONES ENFRENTAN CRISIS FINANCIERA
La incertidumbre se suma a los problemas económicos que enfrentan numerosas organizaciones dedicadas a la defensa legal de menores migrantes.
Varias de ellas aseguran que el gobierno federal mantiene retenidos pagos correspondientes a más de seis meses de trabajo, mientras solicita información adicional sobre los casos que, según los abogados, no pueden entregar por razones éticas y de confidencialidad.
Como consecuencia, diversas instituciones ya comenzaron a despedir personal, reducir operaciones e incluso anunciar el cierre de oficinas.
ProBar, una organización que presta servicios legales en el sur de Texas, informó esta semana el despido del 20% de su plantilla.
En Tennessee, la organización Mid-South Immigration Advocates aseguró que el gobierno le adeuda más de $500,000 dólares por servicios prestados a más de 400 menores no acompañados.
La institución ya eliminó siete puestos de trabajo y prevé cerrar sus oficinas antes de finalizar el año.
PROTECCIONES CONTEMPLADAS POR LA LEY
Los menores que llegan solos a Estados Unidos cuentan con protecciones especiales establecidas en la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de Trata de 2008 (TVPRA).
La legislación establece que el gobierno debe facilitar el acceso a representación legal para los niños sometidos a procesos de deportación y procurar que permanezcan en el entorno menos restrictivo posible, generalmente bajo el cuidado de un familiar u otro patrocinador mientras se resuelve su situación migratoria.
Dependiendo de cada caso, los menores también pueden solicitar asilo o acceder a otros mecanismos de protección humanitaria, como el Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJS) cuando existen antecedentes de abuso, abandono o negligencia en su país de origen.
Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que, sin asistencia legal, muchos niños podrían enfrentar audiencias migratorias completamente solos, aumentando considerablemente las posibilidades de recibir una orden de deportación.
