Por Redacción
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La muerte a tiros de un enfermero de 37 años durante una redada migratoria en Minneapolis ha profundizado la crisis política y social que enfrenta Minnesota, al tiempo que intensifica los llamados de líderes locales, legisladores demócratas y organizaciones civiles para que los agentes federales de inmigración abandonen el estado.
El caso ha desatado protestas, una batalla legal por el control de la investigación y cuestionamientos crecientes sobre las tácticas empleadas por el gobierno del presidente Donald Trump.
El hombre abatido, Alex Pretti, ciudadano estadounidense nacido en Illinois y trabajador de una unidad de cuidados intensivos, murió el sábado tras ser baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza durante un operativo de inmigración en el sur de Minneapolis. El tiroteo ocurrió en medio de una confrontación con manifestantes y quedó registrado en varios videos captados por transeúntes, imágenes que, según autoridades estatales y familiares de la víctima, contradicen la versión inicial ofrecida por funcionarios federales.
La muerte de Pretti se produce en una ciudad aún sacudida por otro tiroteo fatal relacionado con agentes de inmigración ocurrido a principios de enero, lo que ha convertido a Minneapolis en un punto crítico del debate nacional sobre la aplicación de las leyes migratorias, el uso de la fuerza y la relación entre agencias federales y autoridades locales.
Videos revisados por The Associated Press muestran a Pretti con un teléfono celular en la mano mientras se interpone entre un agente federal y una mujer que acababa de ser empujada durante el operativo. En las grabaciones no se observa que el hombre esté empuñando un arma en ese momento. Sin embargo, funcionarios federales han afirmado que Pretti se comportó de manera agresiva y que los agentes actuaron en defensa propia.
De acuerdo con las autoridades, Pretti portaba legalmente una pistola semiautomática de 9 milímetros, para la cual tenía permiso de portación oculta. Los videos muestran que los agentes lo reducen en el suelo antes de que se escuchen varios disparos. El momento exacto en que se efectuaron los tiros y las circunstancias que los provocaron son ahora objeto de una investigación que enfrenta obstáculos legales y tensiones entre distintos niveles de gobierno.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Pretti atacó a los oficiales, mientras que Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza y una de las figuras visibles de la política migratoria de línea dura del gobierno, sostuvo que el hombre pretendía causar una masacre. Desde la Casa Blanca, el subjefe de despacho Stephen Miller lo calificó en redes sociales como “un aspirante a asesino”, declaraciones que han provocado indignación entre los familiares y defensores de la víctima.
Familiares y autoridades estatales cuestionan versión federal
La familia de Pretti expresó estar “desconsolada y profundamente enojada” por lo que consideran una narrativa falsa promovida por funcionarios federales para justificar el uso letal de la fuerza. En un comunicado, describieron a Pretti como una persona solidaria y comprometida con la defensa de otros, y pidieron que se difunda lo que, aseguran, muestran claramente los videos.
“Las mentiras asquerosas que se están contando sobre nuestro hijo son reprobables”, señaló la familia, que insiste en que Pretti no tenía un arma en las manos cuando fue atacado y que actuaba para proteger a una mujer durante el operativo.
Los familiares han exigido una investigación independiente y transparente, y han denunciado que la retórica oficial ha contribuido a deshumanizar a la víctima.
Las tensiones escalaron cuando el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció que el estado presentó una demanda para impedir que las autoridades federales destruyan o alteren pruebas relacionadas con el tiroteo. Un juez federal emitió una orden para preservar todo el material probatorio, incluidas grabaciones, informes y evidencia física.
Ellison afirmó que una investigación completa e imparcial “no es negociable” y subrayó que las autoridades estatales no habían tenido acceso inmediato a todas las pruebas en poder del gobierno federal. Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, dijo que agentes federales bloquearon inicialmente el acceso de su agencia a la escena del tiroteo, incluso después de que se obtuviera una orden judicial.
Aunque el domingo por la mañana los investigadores estatales finalmente pudieron trabajar en el lugar, el episodio profundizó la desconfianza entre las autoridades locales y federales. El gobernador Tim Walz autorizó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar a la policía local ante los enfrentamientos y protestas, aunque el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, indicó que la situación había vuelto a estar bajo control del departamento local.
O’Hara reconoció que no ha visto evidencia que demuestre que Pretti blandiera su arma antes de ser baleado y advirtió que la presión constante de las protestas y los operativos federales está agotando los recursos de la policía de la ciudad. “Es demasiado para un departamento que ya enfrenta enormes desafíos”, dijo.
Debate sobre armas, protestas y política migratoria
La muerte de Pretti también reavivó el debate sobre el derecho a portar armas durante manifestaciones. Aunque Noem cuestionó públicamente por qué el hombre estaba armado, grupos defensores de la Segunda Enmienda señalaron que la ley de Minnesota permite portar armas de fuego, incluso durante protestas pacíficas.
El Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota afirmó que los derechos constitucionales no se suspenden por el contexto de una manifestación y advirtió contra el uso selectivo de ese argumento para justificar el uso de la fuerza letal.
En el ámbito político, el presidente Trump arremetió contra el gobernador Walz y el alcalde de Minneapolis, acusándolos de fomentar el desorden y de no proteger adecuadamente a los agentes federales. En redes sociales, el mandatario compartió imágenes del arma recuperada en el lugar y cuestionó la ausencia de un mayor control local.
Las críticas no se limitaron a un solo partido. Aunque la mayoría de los llamados para retirar a los agentes federales provino de líderes demócratas, algunos republicanos expresaron preocupación por la situación. Legisladores como el senador Thom Tillis pidieron una investigación exhaustiva, mientras que otros advirtieron que cerrar el caso sin esclarecer los hechos dañaría la credibilidad del gobierno.
El expresidente Barack Obama calificó la muerte de Pretti como una “tragedia desgarradora” y alertó que valores fundamentales del país están bajo amenaza. Instó a la administración federal a coordinarse con las autoridades estatales y locales para evitar una escalada mayor del conflicto.
La congresista Alexandria Ocasio-Cortez fue más allá y pidió que los agentes federales de inmigración abandonen Minnesota, además de instar a sus colegas a bloquear fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, señaló posteriormente que su partido no apoyará un paquete de gastos que incluya financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, lo que aumenta el riesgo de un cierre parcial del gobierno federal.
Mientras tanto, las protestas continuaron en Minneapolis y en otras ciudades del país, incluyendo Nueva York, Washington y Los Ángeles. A pesar de temperaturas bajo cero, manifestantes se congregaron cerca del lugar donde Pretti fue asesinado, levantando memoriales improvisados y exigiendo justicia.
Al caer la noche, cientos de personas guardaron silencio en una vigilia, iluminando la escena con velas y flores. Para muchos, la muerte de Pretti se ha convertido en un símbolo del creciente enfrentamiento entre comunidades locales y la política migratoria federal, así como de los riesgos que surgen cuando la aplicación de la ley se desarrolla en un clima de alta tensión política.
Las investigaciones judiciales y administrativas siguen en curso, y su resultado podría tener implicaciones significativas no solo para Minnesota, sino para el futuro de las redadas migratorias y la coordinación entre agencias federales y autoridades estatales en todo Estados Unidos.
