El reciente memorando de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos ha desatado una ola de críticas por parte de sectores políticos, analistas y organizaciones sociales, que temen un retroceso en la soberanía panameña y una posible reedición del control extranjero sobre el Canal de Panamá.
El acuerdo, firmado en abril, contempla la reintroducción de personal militar y técnico estadounidense en antiguos emplazamientos estratégicos como Fort Sherman y Rodman, antiguas bases militares devueltas a Panamá tras la firma de los Tratados Torrijos-Carter de 1977. También incluye cooperación en seguridad, control de tráfico marítimo, asistencia en temas migratorios y un acceso prioritario de EE.UU. a las operaciones del Canal.
Críticos han señalado que estos puntos podrían contravenir el Tratado de Neutralidad Permanente, el cual garantiza que el Canal sea administrado exclusivamente por Panamá, con libre y neutral acceso para todas las naciones, sin discriminación ni injerencia extranjera.
“Estamos viendo una regresión peligrosa. Es un acuerdo que se firmó sin consulta pública y sin el aval de la Asamblea Nacional, y que coloca a Panamá en una posición de subordinación ante los intereses geopolíticos de Estados Unidos,” señaló el analista internacional Rubén Murgas.
La preocupación se agrava por el contexto en el que se firma este pacto. En los últimos meses, Panamá ha tomado decisiones alineadas con Washington: permitió el uso de la pista aérea de Nicanor para vuelos de deportación masiva de migrantes, se retiró del proyecto chino de la Ruta de la Seda, amplió la autorización para maniobras militares conjuntas, y ofreció incentivos a proyectos empresariales ligados a intereses estadounidenses, algunos incluso relacionados con el expresidente Donald Trump.
Desde el oficialismo, el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha negado cualquier afectación a la soberanía nacional. En una declaración reciente, Mulino calificó como “falsedad intolerable” las versiones que señalan que barcos estadounidenses no pagarán peaje por transitar el Canal.
“Panamá no ha cedido su derecho a cobrar peajes, ni ha entregado el control del Canal. Rechazo tajantemente cualquier rumor que sugiera lo contrario,” declaró Mulino en conferencia de prensa.
Sin embargo, para muchos, las garantías del Ejecutivo no son suficientes. Figuras del ámbito diplomático han expresado que este memorando parece más bien una estrategia de presión en la que Estados Unidos ha aprovechado las necesidades económicas y de seguridad del país para imponer su agenda.
“Estamos ante una diplomacia coercitiva. Washington ha presentado este memorando como un logro bilateral, pero la realidad es que Panamá ha cedido espacio estratégico a cambio de promesas inciertas de cooperación,” advirtió la excanciller Ana Irene Delgado.
A esto se suman las críticas sobre la opacidad con la que se ha manejado el proceso. Hasta el momento, el texto completo del memorando no ha sido publicado, lo que ha alimentado el malestar entre organizaciones civiles que exigen transparencia y rendición de cuentas.
El Canal de Panamá, desde su reversión a manos panameñas en 1999, ha sido símbolo de independencia y orgullo nacional. Su operación representa aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto del país y es un motor económico clave. Por eso, cualquier iniciativa que implique injerencia extranjera genera alarma inmediata entre la población.
En opinión de la historiadora Raisa Banfield, lo que está ocurriendo “es un regreso a la ‘quinta frontera’, un concepto que usaba EE.UU. durante la Guerra Fría para referirse a Panamá como su retaguardia militar en América Latina. Esto es un retroceso inaceptable”.
Los sectores más críticos plantean que este acuerdo representa un punto de inflexión para la política exterior panameña y que debe ser revisado de inmediato. Varios partidos políticos han solicitado una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional para discutir los términos del memorando.
Mientras tanto, desde Washington, la Casa Blanca ha celebrado el memorando como “una alianza estratégica en defensa de la democracia y la seguridad regional”, sin hacer referencia a las tensiones que ha generado en la sociedad panameña.
Panamá, que se prepara para elecciones presidenciales en 2025, enfrenta ahora una fuerte presión ciudadana y diplomática. El debate sobre soberanía, transparencia y los límites de la cooperación internacional ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda pública.
El futuro del memorando, y su impacto real sobre el Canal y la política panameña, dependerá en gran parte de la voluntad del gobierno actual de abrir el debate y permitir el escrutinio parlamentario y social.
