Por Redacción
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La administración del expresidente Donald Trump cedió en una disputa legal con varios estados y estudiantes internacionales luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cancelara los registros migratorios que respaldan el estatus legal de miles de estudiantes extranjeros en universidades estadounidenses.
La medida, adoptada a principios de abril, provocó una ola de demandas en todo el país por parte de estudiantes y universidades que denunciaron una posible violación de derechos y un riesgo inminente de deportación para quienes se encontraban en regla con sus visas educativas.
Durante semanas, el Departamento de Justicia defendió la actuación del ICE sin confirmar si estas acciones afectaban directamente el estatus migratorio de los estudiantes. Sin embargo, el viernes pasado, y en vísperas de audiencias judiciales clave, los abogados del gobierno informaron que la administración revertía su postura y comenzaría a restaurar los registros migratorios.
Los expedientes afectados corresponden al Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), el cual las instituciones educativas utilizan para mantener actualizada la situación migratoria de sus alumnos internacionales ante las autoridades. ICE había anulado varios de estos registros alegando motivos de seguridad, como antecedentes penales o arrestos, incluso en casos donde no hubo acusaciones formales o donde los cargos fueron desestimados.
Según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, ICE ha comenzado a restablecer los registros SEVIS de los estudiantes que entablaron demandas. Además, se informó que se está desarrollando una nueva política que establecerá un marco formal para futuras cancelaciones de este tipo.
La política migratoria del expresidente Trump ha sido objeto de múltiples controversias a lo largo de sus mandatos. En esta ocasión, la presión legal obligó al gobierno a retroceder en una medida considerada arbitraria por expertos en inmigración.
“El ICE actuó sin transparencia ni criterios claros. La cancelación masiva de registros SEVIS generó incertidumbre innecesaria entre estudiantes que han cumplido con todos los requisitos legales,” afirmó Mariana Ortega, abogada de inmigración radicada en Nueva York.
El cambio de postura del gobierno ocurrió cuando los jueces federales se disponían a interrogar a funcionarios de ICE sobre los criterios utilizados para anular los registros. Varios magistrados habían mostrado preocupación por la falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo.
A pesar de la rectificación, la disputa legal no ha terminado. Los estudiantes afectados han solicitado garantías de que sus registros no volverán a ser cancelados de forma discrecional, y las universidades exigen mayor claridad sobre los parámetros que ICE usará a futuro.
“Muchos estudiantes perdieron semanas valiosas de clases, trabajo y estabilidad emocional por una decisión que nunca fue adecuadamente justificada,” comentó la rectora de una universidad en California, quien prefirió no revelar su nombre.
Cabe señalar que esta resolución no afecta los procesos de cancelación de visas por parte del Departamento de Estado, entidad separada de ICE. Es decir, los estudiantes cuya visa haya sido revocada aún deben buscar soluciones legales para permanecer en el país.
La controversia se da en un momento delicado para la política migratoria en EE.UU., con debates en curso sobre la flexibilidad de las normas para estudiantes extranjeros y el papel que juegan en la economía y el sistema educativo del país.
La administración Trump ha sido consistentemente criticada por adoptar posturas restrictivas respecto a la inmigración legal, incluyendo intentos previos de limitar el trabajo postgraduación y endurecer los requisitos para visas de estudios.
Por otro lado, sectores conservadores argumentan que las universidades deben asumir un rol más proactivo en la verificación de antecedentes y cumplimiento legal de sus estudiantes internacionales.
Mientras ICE se prepara para publicar una política revisada, la comunidad educativa y migratoria seguirá atenta a los cambios, exigiendo que cualquier medida futura garantice el debido proceso y respete los derechos fundamentales de los estudiantes internacionales.
