Por Agencias
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El primer ministro peruano Alberto Otárola declaró el lunes en una investigación preliminar fiscal por “genocidio”, tras las muertes ocurridas durante las protestas.
Las movilizaciones continúan más de un mes después para exigir elecciones adelantadas y la renuncia tanto de la presidenta Dina Boluarte como de los miembros del Parlamento.
La investigación —iniciada el 10 de enero y que suma otros delitos como homicidio calificado y lesiones graves— también incluye a la presidenta Boluarte. Las protestas han dejado al momento 56 muertos y más de 900 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
Casi todos los fallecidos son civiles. La mayoría recibió proyectiles por arma de fuego y algunas de las víctimas fueron impactadas por disparos en la cabeza.
Por el rango de los investigados, la indagación está a cargo de la fiscal general Patricia Benavides. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exministros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó la semana pasada al gobierno de Perú a realizar una investigación imparcial, tras recibir denuncias por exceso de fuerza y el resultado de las autopsias realizadas por la dirección de medicina legal en las que encontraron disparos en la cabeza y en el tórax de personas fallecidas en las protestas. La CIDH condenó la violencia y exhortó a las partes a abrir un diálogo que ponga fin al conflicto.
En paralelo a la investigación de la fiscalía contra miembros del gobierno, los bloqueos de carreteras y las protestas continuaron el lunes en varias partes del país, incluyendo la costera región de Ica. Los manifestantes impidieron las actividades de trabajadores de empresa agroexportadoras y quemaron una garita de control de una de ellas que exporta uvas, granadas y arándanos.
Videos de las televisoras mostraron a policías junto a civiles armados con bates de béisbol enfrentando a manifestantes que bloqueaban una vía principal en Ica.
La policía también disparó decenas de bombas lacrimógenas a manifestantes que bloqueban una vía en la zona de Rancho, en la región Huánuco.
Los enfrentamientos con bombas lacrimógenas continuaron en las calles del centro de la capital, donde miles de manifestantes llegaron desde diversas zonas de los Andes la semana pasada.
Los líderes de los manifestantes en Lima indicaron que seguirán protestando. Alberto Yucra, quien llegó desde el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el centro de Perú, arremetió contra la presidenta Boluarte y dijo que “es la cabecilla de los asesinos”. Desafió a mantener las prostestas: “Si quieren guerra, tendrán guerra pues”.
En conferencia de prensa junto a otros líderes regionales, Yucra recordó que los campesinos vencieron entre 1980 y 2000 al grupo maoista Sendero Luminoso, que bañó de sangre los Andes y la Amazonía mientras buscaba tomar el poder para imponer una dictadura totalitaria.
Boluarte ha dicho que apoya un plan para adelantar a 2024 las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2026. Pero muchos de los inconformes dicen que no hay diálogo posible con un gobierno que, según ellos, ha desatado tanta violencia.
Las protestas han crecido al punto de que los manifestantes ahora también exigen una reforma estructural ante la elevada crisis de confianza de la élite gobernante. Las movilizaciones sobrevinieron a la detención del presidente destituido Pedro Castillo, el primero de origen rural, quien fue removido de su cargo por el Congreso después de su infructuoso intento por disolver el Parlamento.
