ESPAÑOL (Scroll down for the English version)
Por/By Tatiana Prophet
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El Condado de Ventura es una potencia agrícola, lidera la nación en la producción de fresas, y con las frambuesas y los limones no se queda atrás. Todo eso, sin embargo, podría cambiar como resultado de las elecciones generales de este año.
Dependiendo de a quién se le pregunte, los votantes podrían determinar si el condado continúa como un centro agrícola próspero, o se vuelve uno más urbanizado, al igual que su vecino del sur, Los Ángeles.
Mientras que la elección presidencial ocupa la mayor parte de la atención de una población de votación, a menudo los problemas locales tienen un mayor impacto.
Uno de estos temas es hacer acto de presencia este año en forma de dos medidas que compiten: la Medida C y la Medida F.
Los defensores de cada propuesta de ley dicen que están preservando camino agrícola del Condado. Cada uno de ellos afirma que si la otra medida es aprobada, las tierras agrícolas del Condado de Ventura se venderán a los desarrolladores urbanos.
Si es aprobada, la Medida C seguirá una ley que requiere la aprobación del votante para cualquier cambio en el cambio de zonificación de tierras agrícolas o espacios abiertos.
«Es realmente la única cosa que ha funcionado en el Sur de California. En todos los demás ha perdido su agricultura», dijo el supervisor del Condado de Ventura Steve Bennett, en referencia al conjunto de leyes conocidas colectivamente como SOAR 1998″.
Pero Lynn Jensen, Director Ejecutivo del grupo de defensa de los agricultores del Condado de Ventura Colab, no está de acuerdo, por lo que está trabajando para sustituir a SOAR con un nuevo conjunto de leyes puestas en marcha por la Medida F.
«El objetivo de nuestra medida es mantener a los agricultores cultivando y no construyendo en esas tierras, y la manera de hacerlo es mantener viva las economías de las empresas agrícolas», dijo.
Según Jensen, la Medida F conserva el requisito de una votación pública para que cualquier desarrollo urbano se lleve a cabo.
«Nuestra iniciativa mantiene el voto del público para cualquier cambio en el uso de la tierra. Nuestra oposición está tratando de fingir que no es cierto», indicó.
¿Por qué no apoyar la Medida C? ¿Por qué la necesidad de una nueva medida?
«La agricultura está bajo desafíos sin precedentes en el condado de Ventura específicamente», dijo, citando la falta de instalaciones de procesamiento de alimentos adecuados, una escasez de viviendas para trabajadores agrícolas, y la necesidad de construir plantas de purificación de agua debido la sequía que afecta el estado.
«La medida C prácticamente le dice a los agricultores, bueno, ‘mala suerte’. Ellos no tienen soluciones para todas estas cosas. Y también les dicen que no pueden usar sus tierras para construcciones, y al mismo tiempo no les ayudan con sus necesidades agrícolas».
Pero Bennett insiste que hay alternativas para la elaboración de alimentos.
«Tenemos provisiones para centros de alimentos de manera que esas fresas podrían ser procesadas. Están presentando esta cosa como una medida para sacar adelante a las familias de los trabajadores agrícolas, por eso han contratado a las mejores empresas de relaciones públicas y consultores en el estado».
Por lo tanto, ¿qué es tan diferente en la Medida F?
Una cosa que ambos defensores están de acuerdo es que dicha propuesta ofrece una exención al requisito de votación para las tierras agrícolas cerca de las escuelas.
«Las escuelas deben estar seguras,» dijo Jensen, citando la necesidad de los agricultores de aplicar pesticidas en sus cultivos.
La lógica es, si los agricultores no pueden cultivar cerca de las escuelas, entonces al menos pueden hacer algo con la tierra.
Pero lo que Jensen llama una excepción, Bennett le llama a un vacío legal que «puede llevar a través de una de sus subdivisiones.»
«En realidad, por escrito la medida es tan vaga y tiene tan poca claridad y no hay límites en ella. Cualquier tierra junto a una escuela puede ser rezonificada, y puede tener que la mayor cantidad de acres que quieran… podrían ser 50 acres ó 500 acres», explicó.
Tanto Bennett y Jensen reconocen que el valor de los terrenos se encuentran en su punto más alto.
Para Jensen, esto hace que sea más caro cultivar.
«Así que otra cosa con las que los agricultores pelean, es tratar de pagar por agricultura aquí”, indicó Jensen.
Por su parte, Bennett apunta al valor de la tierra como una razón por la que los desarrolladores urbanos quieren los terrenos.
«En el condado de Ventura, sólo 100 acres de tierra agrícola rezonificados para construcción de viviendas o establecimientos sube de valor en más de $25 millones. Eso es lo que esta campaña es realmente. Esos inversionistas quieren desarrollar estas tierras, y saben que no pueden ganarlas con un simple voto de si o no», asumió Bennett.
Para obtener más información sobre la Medida C, www.soarvc.org. y para información sobre la Medida F, www.yesmeasuref.com
MEDIDAS ESTATALES
Los votantes de California estarán decidiendo sobre algunas iniciativas importantes que podrían lograr un cambio real en muchos asuntos en el estado, desde la educación en idioma Inglés, precios de venta de medicinas con receta, control de armas, la legalización de la marihuana, abolir posiblemente la pena de muerte hasta la reducción de condenas a reos por buen comportamiento.
A continuación una lista de las proposiciones más importantes que estarán en la papeleta de votos de este próximo 8 de noviembre:
PROPUESTA 51. Permite al estado vender $9 mil millones en bonos de obligación general para hacer mejoras estructurales a escuelas públicas e institutos de educación superior comunitarios.
PROPUESTA 52. Extiende indefinidamente una ley que impone cuotas en los hospitales para obtener fondos federales para los servicios de Medi-Cal, pacientes no asegurados, y cobertura de atención de la salud. Las cuotas anuales ascendieron a $4.6 mil millones de dólares para los hospitales, y $4.4 mil millones de fondos provenientes del gobierno federal. Esto resultó en un lucroso negocio y astronómicas ganancias para los hospitales, que es probablemente la razón para que las asociaciones de hospitales de California la apoyan.
PROPUESTA 53. Requiere un voto a nivel estatal para proyectos de bonos que excederían $2 mil millones.
PROPUESTA 54. Pide que cada medida o proyecto de ley en la legislatura que se publique en línea y distribuido a los legisladores se de al menos 72 horas antes de llevarlo a asamblea para votar en el mismo (excepto cuando el Gobernador decrete un estado de emergencia). Anula también cualquier medida de ley aprobada en violación de este requisito. Los defensores incluyen la Liga de Mujeres Votantes de California y la Cámara de Comercio de California. Oponentes, incluyen a los Californianos para una Eficaz Legislatura, afirman que la medida es patrocinada por las grandes empresas para obstruir compromisos en las medidas. Las restricciones son actualizados con frecuencia apenas horas finales antes de la votación, , citando el acuerdo histórico bipartidista presupuesto en 2009 que salvó de la quiebra a California, ya que no se permitió que los grupos de presión (lobiistas) escriban cada línea de la propuesta.
PROPUESTA 55. Se extiende por 12 años los aumentos temporales de impuestos a personas cuyos ingresos de más de $250,000 para declarantes de impuestos individual, y en $500,000 para quienes presentan declaraciones conjuntas. Además, asigna todos esos ingresos por impuestos a proyectos escolares.
PROPUESTA 56. Aumenta el impuesto a los cigarrillos por $2 por paquete, con un aumento equivalente en otros productos de tabaco y los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Los ingresos aumentarían los fondos para los programas de salud existentes para prevención del tabaquismo, la investigación y la aplicación de la ley para enfermedades relacionadas con el tabaco, entre otros.
PROPUESTA 57. Permite la consideración de libertad condicional para las personas condenadas por delitos no violentos, al término de la condena por el delito primario como se fue definido. Las nuevas condenas se concederán por rehabilitación, buena conducta, o los logros educativos.
PROPUESTA 58. Conserva el requisito de que escuelas públicas aseguran que sus estudiantes lleguen a dominar el inglés, pero permite que algunos alumnos se les enseñen algunas clases usando otros idiomas si eso les ayuda a aprender. Ambas partes afirman que ayudan a los niños a aprender inglés mejor para que no se retrasen. Entre los defensores se encuentran la Federación de Maestros de California, la Asociación de Juntas Escolares de California, y la Asociación de Profesores de Lenguas. Los oponentes dicen que ya existe una iniciativa de la enseñanza del idioma inglés que fue aprobada en 1998 y ha tenido mucho éxito. Estos oponentes, incluyen a Ron Unz, Presidente de Inglés para los Niños y Kenneth A Noonan, ex superintendente del Distrito Escolar Unificado de Oceanside, quien asegura que la medida está tratando de restablecer «el español-como único idioma» clasificado, que la medida es «deshonesta» al ser llamada «educación bilingüe”.
PROPUESTA 59. Autoriza delegación del Congreso del Estado para utilizar su autoridad para proponer y ratificar una enmienda a la Constitución de EE.UU. vuelco de la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. Ciudadanos Unidos v. Comisión Federal de Elecciones para mantener esencialmente grandes cantidades de dinero fuera de la política
PROPUESTA 61. prohíbe a las agencias estatales de la compra de cualquier medicamento de prescripción de un fabricante de medicamentos a cualquier precio por encima del precio más bajo pagado por el mismo medicamento por el Departamento de Veterans Affairs, excepto si lo requiere la ley federal. Los opositores dicen que la medida es profundamente errónea, ya que sólo cubre a los empleados estatales y los presos estatales. No se aplica a un 88 por ciento de los californianos.
PROPUESTA 62. Deroga la pena de muerte como castigo máximo para las personas declaradas culpables de asesinato y la sustituye por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los partidarios dicen que ahorrará al estado $150 millones al año y salvará vidas inocentes. la tecnología del ADN y las nuevas evidencias han demostrado la inocencia de más de 150 personas condenadas a muerte tras haber sido condenados a muerte, aseguran.
PROPUESTA 63. Requiere que individuos pasen una verificación de antecedentes y obtener la autorización del Departamento de Justicia para la compra de municiones. Prohíbe la posesión de cargadores de munición de gran capacidad, y requiere su disposición, tal como se especifica. Requiere la mayoría de las ventas de municiones se hagan a través de los proveedores con licencia y registrados con el Departamento de Justicia, entre otros.
PROPUESTA 64. legaliza la marihuana bajo la ley estatal, para su uso por los adultos mayores de 21 años. Designa las agencias estatales para autorizar y regular la industria de la marihuana. Impone un impuesto estatal del 15% sobre las ventas minoristas de marihuana, mientras de $9.25 por impuestos estatales por onza de cultivo y sobre las plantas de $2.75 por onza de hojas, entre otras regulaciones. Los oponentes dicen que hay cinco defectos principales de la medida: muertes en las carreteras de accidentes automovilísticos, permitirá que la marihuana se cultiva cerca de escuelas y parques, el crimen organizado aumentará como se ha visto en otros estados, se permitirá anunciarse por televisión, y es «un asalto total contra los barrios desfavorecidos que ya sufren de problemas de alcohol y adicción a las drogas».
PROPUESTA 66. La segunda de las dos medidas este año la participación de la pena de muerte. Esto cambiaría procedimientos para las apelaciones de pena de muerte y establecería un marco de tiempo para la revisión pena de muerte tribunal estatal. Se considera una alternativa a la Prop. 62 por la reparación, de no poner fin a la pena de muerte. Se aceleraría el sistema de recursos y garantizaría que ninguna persona inocente sea ejecutada.ν
ENGLISH
Ventura County is a farming powerhouse. It leads the nation in strawberry production, with lemons and raspberries not far behind. But that all could change as a result of this year’s general election.
Depending on whom you ask, voters could determine whether the county continues as a thriving agricultural hub, or becomes more urbanized like its neighbor to the south, Los Angeles.
While the presidential election occupies most of the attention of a voting populace, often the local issues have a greater impact.
One such issue is making an appearance this year in the form of two competing measures: Measure C and Measure F.
Proponents of each measure say they are preserving the county’s agricultural way of life. Each of them claims that if the other measure passes, Ventura County’s agricultural land will be sold to developers.
If approved, Measure C will continue a law requiring voter approval for any change in the rezoning of agricultural land or open space.
“It’s really the only thing that’s worked in Southern California,” said Ventura County Supervisor Steve Bennett, referring to the 1998 set of laws collectively known as SOAR. “Everywhere else has lost their agriculture.”
But Lynn Jensen, executive director of farmer advocacy group Ventura County Colab, disagrees.
She is working to replace SOAR with a new set of laws put in place by Measure F.
“Our goal for our measure is to keep farmers farming and not have the land developed, and the way to do that is to keep farming businesses economic,” she said.
According to Jensen, Measure F preserves the requirement of a public vote for any development to take place.
“Our initiative keeps the public vote for any change in land use,” she said. “Our opposition is trying to pretend that’s not true.”
So why not support Measure C? Why the need for a new measure?
“Farming is under unprecedented challenges in Ventura County specifically,” she said, citing a lack of adequate food processing facilities, a farm worker housing shortage, and the need to build water purification plants due to local water turning brackish.
“All measure C does is say, well, too bad, farmers. They have no solutions for any of these things. And they say well you can’t develop, but on the other side we’re not going to help you with farming either.”
But Bennett insists there are provisions for food processing.
We have provisions for food hubs so that those strawberries could be processed,” he said. “They’re packaging this thing as a measure to help struggling family farmers. And they’ve hired the best PR firms and consultants in the state.”
So, what is so different about Measure F?
One thing both proponents agree on is that Measure F provides an exemption to the voting requirement for agricultural land near schools.
“Schools need to be safe,” said Jensen, citing the need for farmers to apply pesticides to their crops. The logic goes, if farmers cannot farm near schools, then they can at least do something with the land.
But what Jensen calls an exception, Bennett calls a loophole that “you can drive a subdivision through.”
“In reality, it’s so vaguely written and has so little clarity and no limits on it,” he added. “Any land that is adjacent to a school can be rezoned, and they can make it as many acres as they want. It could be 50 acres, it could be 500 acres.
Both Bennett and Jensen acknowledge that land values are at an all-time high. For Jensen, that makes it more expensive to farm.
“So that’s another thing that farmers deal with is just trying to afford farming here,” she said. “And our goal for our measure is to keep farmers farming and not have the land developed, and the way to do that is to keep farming businesses economic.”
Bennett points to land values as a reason developers want in.
“In Ventura County, just 100 acres of agricultural land rezoned for development goes up in value by $25 million,” he said. “That’s what this campaign is really about. These guys want to develop those lands, they know they can’t win on just a straight yes/no vote.”
For more information on Measure C, go to www.soarvc.org. For more information on Measure F, go to www.yesmeasuref.com.
STATE MEASURES
California voters will be deciding on some major initiatives that could enact real change on many issues in the state, from English-language education to prescription prices, to gun safety, to the legalization of marijuana, to possibly abolishing the death penalty, to prisoners receiving reduced sentences for good behavior.
Following is a list of all the propositions that made the state ballot in 2016:
PROPOSITION 51. Allows the state to sell $9 billion in general obligation bonds for making physical improvements to schools and community colleges.
PROPOSITION 52. Indefinitely extends a statute that imposes fees on hospitals to obtain federal matching funds for Medi-Cal health care services, uninsured patients, and health care coverage. Annual fees totaled $4.6 billion from hospitals, and $4.4 billion from the federal government. Matching funds from the federal government actually resulted in a net benefit for hospitals, which is probably why the California Hospital Associations supports it.
PROPOSITION 53. Requires a statewide vote for bond projects that would exceed $2 billion.
PROPOSITION 54. Calls for every bill in the legislature to be posted online and distributed to lawmakers at least 72 hours before each house is permitted to vote on it (except when the governor creates a state of emergency). Prohibits any bill passed in violation of this 72-hour requirement from becoming law. Proponents include the League of Women Voters of California and the California Chamber of Commerce. Opponents, who include Californians for an Effective Legislature, claim the measure is sponsored by big business to obstruct compromise in the legislature. Compromises are often updated in the final hours prior to a vote, they say, citing the historic bipartisan 2009 budget agreement that saved California from bankruptcy, but didn’t allow lobbyists to dictate every line.
PROPOSITION 55. Extends by 12 years the temporary personal income tax increases enacted in 2012 on earnings over $250,000 for single tax filers, $500,000 for joint filers. Allocates the tax revenues to go to schools.
PROPOSITION 56. Increases the cigarette tax by $2/pack, with an equivalent increase on other tobacco products and electronic cigarettes containing nicotine. Revenue would increase funding for existing health care programs, tobacco prevention, tobacco-related disease research and law enforcement, among other things.
PROPOSITION 57. Allows for parole consideration for persons convicted of nonviolent felonies, upon completion of prison term for their primary offense as defined. Sentences to be awarded for rehabilitation, good behavior, or educational achievements.
PROPOSITION 58. Preserves the requirement that public schools ensure students become proficient in English, but allows some students to be taught subjects using other languages if it helps them learn. Both sides claim there are helping children to learn English better so they are not left behind. Proponents include the California Federation of Teachers, the California School Boards Association, and the California Language Teachers’ Association. Opponents say there is already an English language education initiative that was passed in 1998 and has been very successful. These opponents, including Ron Unz, Chairman of English for the Children and Kenneth A Noonan, former superintendent of the Oceanside Unified School District, say the measure is trying to reinstate “Spanish-Almost-Only” classed, which are “dishonestly” called “bilingual education.” For more information, go to www.supportprop58.com for the measure’s supporters, and www.keepenglish.org for opponents.
PROPOSITION 59. Authorizes the state’s congressional delegation to use their authority to propose and ratify an amendment to the U.S. Constitution overturning the U.S. Supreme Court decision in Citizens United v. Federal Election Commission to essentially keep big money out of politics
PROPOSITION 61. Prohibits state agencies from buying any prescription drug from a drug manufacturer at any price over the lowest price paid for the same drug by the U.S. Department of Veterans Affairs, except as may be required by federal law. Opponents say the measure is deeply flawed in that it only covers state employees and state prisoners. It does not apply to 88 percent of Californians.
PROPOSITION 62. Repeals the death penalty as maximum punishment for persons found guilty of murder and replaces it with life imprisonment without the possibility of parole. Supporters say it will save the state $150 million a year and will save innocent lives. DNA technology and new evidence have proven the innocence of more than 150 people on death row after they were sentenced to death, they say.
PROPOSITION 63. Requires individuals to pass a background check and obtain Department of Justice authorization to purchase ammunition. Prohibits possession of large-capacity ammunition magazines, and requires their disposal, as specified. Requires most ammunition sales be made through licensed ammunition vendors and reported to Department of Justice, among other gun safety measures.
PROPOSITION 64. Legalizes marijuana under state law, for use by adults 21 or older. Designates state agencies to license and regulate the marijuana industry. Imposes state excise tax of 15% on retail sales of marijuana, and state cultivation taxes on marijuana of $9.25 per ounce of flowers and $2.75 per ounce of leaves, among other regulatory measures. Opponents say there are five main flaws in the measure: highway fatalities from marijuana-related car crashes, allowing the herb to be grown near schools and parks, organized crime will increase as seen in other states, will be allowed to be advertised on TV, and is “an all-out assault on underprivileged neighborhoods already reeling from alcohol and drug addiction problems.”
PROPOSITION 66. The second of two measures this year involving the death penalty. This would change procedures for death penalty appeals and establish a time frame for state court death penalty review. It is considered an alternative to Prop. 62 by mending, not ending the death penalty. It would speed up the appeals system and ensure that no innocent person is ever executed.
PROPOSITION 67. The second and more important of the two plastic bag ban measures on the ballot. In 2014, the California legislature passed a statewide plastic bag ban, and the governor signed it. But before it became law, the American Progressive Bag Alliance was able to get the required half a million signatures to bring the ban to a vote of the people. It’s an attempt to overturn the ban by revisiting it, even if a “Yes” vote would impose the ban.
