Por Redacción
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Los legisladores de Nuevo México han presentado un proyecto de ley que prohibiría a los gobiernos locales y agencias estatales celebrar contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y centros de detención privados para detener a inmigrantes en casos civiles.
El proyecto de ley presentado esta semana podría anular los acuerdos contractuales en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Chaparral, en el sur de Nuevo México, y estimular una supervisión más estrecha en otros.
La instalación del condado de Otero es operada por Management & Training Corporation, con sede en Utah, en nombre de ICE, y normalmente alberga a unos 600 hombres y mujeres migrantes que buscan asilo o estatus legal en este país.
El proyecto de ley, tal como se presentó, no obligaría directamente a hacer cambios en otros dos centros de detención de inmigrantes en Nuevo México que pertenecen y son operados por CoreCivic, con sede en Nashville, Tennessee.
Esas instalaciones son el Centro Correccional del Condado de Cibola en Milán y el Centro de Detención del Condado de Torrance en Estancia.
La propuesta fue patrocinada por los senadores estatales demócratas Jerry Ortiz y Pino y Moe Maestas, ambos de Albuquerque, con el respaldo de grupos de defensa que critican las políticas y prácticas estadounidenses en la detención de migrantes.
Sophia Genovese, abogada del Centro de Leyes de Inmigrantes de Nuevo México, dijo que el proyecto de ley tiene el potencial de detener la detención de inmigrantes en el centro de detención más grande del estado en Chaparral.
También inspiraría una supervisión más estrecha de las condiciones de detención en dos instalaciones de propiedad privada, si el gobierno federal elige contratar directamente a CoreCivic en sus sitios de Estancia y Milán sin involucrar a los gobiernos de los condados.
“Esperamos que al demostrar a nivel estatal que Nuevo México no quiere la detención de ICE en nuestro estado, eso ayude a nivel federal a deshacerse de estos contratos”, dijo Genovese.
El Centro de Detención del Condado de Torrance fue el foco de un informe de inspección mordaz después de una visita no anunciada a principios de 2022 por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. El inspector general encontró condiciones inseguras e insalubres y recomendó la reubicación de los migrantes detenidos.
Los hallazgos fueron disputados por CoreCivic e ICE. Una inspección de seguimiento realizada por el inspector general mostró el cumplimiento de 10 de sus 14 recomendaciones
El año pasado, los senadores estadounidenses Martin Heinrich y Ben Ray Luján instaron al gobierno federal a rescindir su contrato con CoreCivic en el centro de detención del condado de Torrance.
No estaba claro si la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, apoya la legislación recién presentada. Innovation Law Lab y New Mexico Dream Team se encuentran entre los otros partidarios de la legislación propuesta.
El proyecto de ley se asemeja a la legislación promulgada recientemente en Nueva Jersey, Virginia e Illinois destinada a poner fin a la detención en casos de inmigración civil en instalaciones locales.
La prohibición de California de 2019 de los centros de detención de inmigrantes de propiedad privada fue rechazada el año pasado por un tribunal federal de apelaciones que citó la interferencia con la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración.
