Por Carlos Hernández
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Muchos inmigrantes que tienen un permiso temporal de protección migratoria, para vivir y trabajar en los Estados Unidos bajo un programa conocido como (TPS, por sus siglas en inglés), enfrentan un futuro incierto mientras la Casa Blanca busca terminar su permiso para permanecer en el país.
Hace un mes una corte de San Francisco bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de cancelar por completo el programa para los nacionales de El Salvador, Haití, Nicaragua y Honduras.
Esta se dio luego organizaciones defensoras de los inmigrantes presentaran en noviembre de 2018 una demanda para impugnar la decisión de finalizar el TPS para aquellos de Nepal y Honduras.
Los permisos para los oriundos de Haití, Nicaragua y Honduras vencían en julio de este año, y los de El Salvador en septiembre, sin embargo, la Corte lo extendió hasta enero del 2020.
Alvaro Linares, llegó a Estados Unidos en 1999 de El Salvador, y menos de dos años después logró beneficiarse del TPS, para quien la decisión de la Corte a favor del TPS fue justa.
“Pues creo que era lo mínimo que podría hacer este gobierno, no nos podían dejar en el limbo. Nosotros estamos aquí cumpliendo la ley. Respetando todas las leyes como cualquier otro buen ciudadano. Además hemos demostrado por años que ayudamos al desarrollo de nuestro país”, indica Linares.
Aproximadamente 318,000 personas tienen el estado de protección igual que Álvaro después de huir de sus países debido a guerras, huracanes, terremotos u otras condiciones extraordinarias que podrían hacer que sea peligroso para ellos vivir en ese país.
Los funcionarios federales han dicho que el TPS está destinado a proporcionar un alivio temporal en lugar de a largo plazo.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó el año pasado que no extendería el Estado de Protección Temporal para los inmigrantes de seis de las 10 naciones que ahora son elegibles.
Se había programado que el TPS expirara este año para otros cuatro (Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador), pero el gobierno lo extendió hasta el 2 de enero de 2020, después de haber sido bloqueado en la corte.
Solo aquellos de Sudán del Sur, Siria, Yemen y Somalia recibieron el año pasado extensiones de TPS con la posibilidad de una extensión futura.
CIENTOS DE MILES DE AFECTADOS
En total, los inmigrantes con estatus de protección temporal fueron aproximadamente el 3% de los 10.7 millones de inmigrantes no autorizados que viven en los Estados Unidos en 2016, según un análisis de datos gubernamentales del Pew Research Center.
Sin embargo, este porcentaje fue mayor en algunos países: los inmigrantes con TPS representaron aproximadamente una cuarta parte de los inmigrantes no autorizados de El Salvador (27%) y alrededor del 13% de los de Honduras en 2016, por ejemplo.
Una vez que el Departamento de Seguridad Nacional designa a los inmigrantes de una nación como elegibles para el Estatus de Protección Temporal, los inmigrantes pueden presentar una solicitud si ingresaron a los Estados Unidos sin autorización o si ingresaron con una visa temporal que ha caducado.
Los solicitantes también pueden tener una visa temporal válida u otro estatus de no inmigrante, como un estudiante extranjero.
Para obtener el TPS, los solicitantes deben cumplir con los plazos de presentación, pagar una tarifa y demostrar que han vivido en los EE. UU. continuamente desde los eventos que provocaron el alivio de la deportación.
También deben cumplir con los requisitos de no tener antecedentes penales, por ejemplo, que no han sido condenados por ningún delito grave o dos o más delitos menores mientras se encuentran en el país, o por terrorismo (esto incluye cargos de pandillas).
El estado de protección temporal no hace que las personas sean elegibles automáticamente para la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense, pero algunas pueden solicitar un estado legal permanente.
Se requiere que los funcionarios federales anuncien 60 días antes de que caduque cualquier designación de TPS si se extenderá.
Sin una decisión, se extiende automáticamente seis meses.
EL SALVADOR
En 2016, había 725,000 inmigrantes no autorizados de El Salvador que vivían en Estados Unidos, y aproximadamente una cuarta parte de ellos (27%), tenían un estatus de protección temporal, según las estimaciones del Centro de Investigación Pew.
En 2018, los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos estiman que 195,000 personas de El Salvador tienen TPS.
Inicialmente la administración de Trump había dicho que no extendería el TPS para los salvadoreños más allá de septiembre de este año.
El TPS actual para salvadoreños se aplica a los inmigrantes que han vivido en los EE. UU. desde el 13 de febrero de 2001, luego de una serie de terremotos que mataron a más de mil personas e infligieron daños millonarios en la infraestructura de la nación centroamericana.
HAITÍ
Según las estimaciones del Centro, había aproximadamente 100,000 inmigrantes no autorizados de Haití en los Estados Unidos en 2016 en total. Los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos estiman que alrededor de 46,000 inmigrantes haitianos tienen estatus de protección temporal a partir de 2018.
HONDURAS Y NICARAGUA
Hay 57,000 hondureños y aproximadamente 2,550 nicaragüenses con estatus de protección temporal, a partir de las estimaciones de 2018.
En 2016, se estima que había 425,000 inmigrantes no autorizados de Honduras y alrededor de 70,000 de Nicaragua en total.
Los beneficios caducarían para los nicaragüenses (así como para los sudaneses) que vencerían el 2 de abril.
Mientras que para los hondureños expiran el 5 de enero de 2020, sin planes de extensión.
Los inmigrantes de Honduras y Nicaragua que califican para TPS deben haber estado viviendo en los EE. UU. apartir del 30 de diciembre de 1998.
Los inmigrantes de ambos países fueron designados elegibles para TPS basándose en los daños causados por el huracán Mitch en 1998.
La tormenta mató a más de 5,600 personas en Honduras y más de 3,000 en Nicaragua. El gobierno de Honduras también había solicitado una extensión del TPS.
El daño en Honduras fue de al menos $5 mil millones, y la recuperación se ha visto obstaculizada por las tormentas tropicales, la sequía y la pobreza, dijeron los funcionarios federales la última vez que extendieron la designación de TPS.
En Nicaragua, el daño fue de al menos $1.3 mil millones, con una serie de desastres ambientales, incluyendo tormentas, terremotos y una erupción volcánica, que obstaculizan los esfuerzos de recuperación, dijeron los funcionarios federales al extender la designación de TPS de ese país.
Elaine Duke, entonces secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en un anuncio de 2017 que las condiciones en Nicaragua habían mejorado lo suficiente como para que la designación de TPS fuera terminada en enero de 2019.
PEOR SITUACIÓN
Para el Álvaro regresar a El Salvador es algo que no contempla.
“No quiero regresar haya la verdad. Hay mucha a criminalidad, las maras se han apoderado del las calles de mi país llevar a mis hijos, que se han criado acá y los que han han nacido en Estados Unidos es prácticamente ponerlos en una zona de guerra que no merecen”.
De acuerdo a las Naciones Unidas los índices de criminalidad en Centroamérica son de los más altos en todo el planeta, por ejemplo en el 2016 los 1017 honduras ocupaba entre el cuarto puesto del país más peligroso del mundo, con un promedio de 41 muertes por día.
Por su parte, El Salvador y Guatemala también han hecho presente en este cuadro de honor siniestro, ya que el año pasado ocupo el 1º lugar, con un promedio de 57 muertes diarias, por delante de países en guerra como Nigeria, y Yemén.
Y es que en Centroamérica desde principio del año 2000 cuando el gobierno estadounidense inició la deportación masiva de pandilleros nacidos y criados en las calles de Los Ángeles, estos llegaron a fundar la células llamadas “clicas”, las cuales sirvieron para sembrar la creación de maras o pandillas.
Se estima que hay aproximadamente 100,000 mareros activos tan sélo en el Salvador y casi medio 150 mil más en Honduras.
La criminalidad aumentó por varios factores, unos de ellos fueron gracias a los movimientos políticos de algunos partidos, que les dieron rienda suelta a estos grupos delictivos con tal de ganar el apoyo de su miembros en elecciones presidenciales.
Así, tanto en El Salvador como en Honduras presidentes y Congresos han pasado leyes de “guante blanco” donde se anularon las leyes que castigaban duramente, en el pasado, los delitos relacionados con las pandillas.
Otro factor que resultó en la proliferación de la criminalidad fue la presencia de los narcotraficantes colombianos en la zona.
Estos aparecieron como empresarios, propietarios de equipos de fútbol, entre otros.
Ocurrió después que la DEA y las autoridades mexicanas iniciaran una lucha sin tregua en las aguas del Océano Pacífico y del Golfo de México contra los narcos, a estos no les quedó otra opción que usar las carreteras de Centroamérica para hacer llegar la droga desde Colombia hasta Estados Unidos.
Así, los capos de la droga contrataban a los pandilleros, ya sea para darles protección a realizar en sus fechorías, o estar a cargo del contrabando de droga cuando esta pasaba por las rutas centroamericanas.
LAS OPCIONES
A pesar de la incertidumbre con que viven los cientos de miles de personas afectadas y la inseguridad de quedar en un limbo migratorio muy pronto, hay vías para arreglar la situación migratoria.
El abogado en ley migratoria, Héctor Marrache explica que los titulares del TPS pueden obtener una “entrada “legal” (Conditioned parole), en los Estados Unidos.
Esta no es más que salir y entrar nuevamente a Estados Unidos con un permiso preaprobado por las autoridades migratorias.
Esto es gracias a un cambio en vigor en el procedimiento migratorio, que entró el 1 de agosto de 2017, sólo para los portadores del TPS en estados del 6º y 9º Distrito, entre los cuales se encuentran California, Nevada, Utah, Arizona, Idaho, Montana, Oregón y Washington.
Bajo el TPS, una persona es elegible para el documento de viaje: “libertad condicional anticipada”.
El USCIS actualmente pide a las personas que presente pruebas de una razón de emergencia para viajar (parientes cercanos enfermos o moribundos, o negocios urgentes fuera de los EE. UU.), pero ha concedido la libertad condicional anticipada a beneficiados del TPS durante años, por cualquier motivo.
Sin embargo en los últimos meses el USCIS parece haber cambiado su política porque una entrada legal permite que los titulares del TPS “ajusten su estatus” a la residencia legal, bajo ciertas circunstancias.
Así, una de las opciones para las personas con TPS es solicitar un documento para viajar lo más pronto posible fuera de los Estados Unidos.
“Eso sí, siempre y cuando tenga un TPS válido y no tenga cargos penales pendientes, y cumpla con los requisitos de las autoridades migratorias”, asegura el experto.
Y es que las personas con TPS, ya con una “entrada legal” pueden “ajustar su estatus” a través de un “pariente inmediato”, un cónyuge o hijo de los EE. UU. (que tenga 21 años o más).
Ya que por haber llegado antes del 2001, muchos titulares del TPS, sobre todo centroamericanos, tienen hijos estadounidenses de 21 años o cercanos a cumplir esa edad.
Los titulares del TPS que están casados con ciudadan@s estadounidenses también pueden ajustar su estatus, si tienen esa entrada legal.
Los beneficiados además pueden procesar la residencia permanente a través de sus empleadores, mediante un proceso llamado certificación laboral.
Sin embargo, este proceso toma al menos un año en completar, por lo que es indispensable analizar las opciones, pero también es otra vía a la legalización.
“Hable con un abogado de inmigración que hace “certificaciones laborales” regularmente, no con alguien que comenzó a hacerlo recientemente porque pensaban puede poner en riesgo su futuro y el de su familia”, aconseja el abogado oriundo de Perú.
