Por Agencias
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Las autoridades judiciales de Nicaragua abrieron juicio contra el Obispo católico de Matagalpa (norte), Monseñor Rolando Álvarez, un férreo crítico del gobierno de Daniel Ortega, por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.
En una nota publicada en el portal oficial El 19 Digital, el gobierno informó que se realizó la audiencia inicial del caso, publicando una fotografía del obispo vestido de civil, sentado en una sala de los juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, en compañía de otras personas.
Sin mencionar su condición de Obispo, el informe del gobierno insidcó que “Rolando José Álvarez Lagos (compareció) en su calidad de acusado” por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas” en perjuicio “del Estado y la sociedad nicaragüenses”.
Señalando que la autoridad judicial mantuvo el arresto domiciliario dictado el pasado 13 de diciembre, y admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio.
Monseñor Rolando Álvarez, de 56 años, es el primer Obispo católico de Nicaragua en ser acusado por delitos graves y sometido a un juicio penal.
Es el más crítico de los obispos nicaragüenses que aún permanecen en Nicaragua, y permanece detenido hace 145 días en un domicilio de su familia en Managua y bajo estricta vigilancia policial.
Las autoridades también confirmaron su solicitud a la INTERPOL para la captura del sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la norteña localidad de Sébaco, adscrita a la Diócesis de Matagalpa que dirige el obispo Álvarez y cuyo caso figura en la misma causa penal, y se encuentra exiliado en Costa Rica desde hace varios meses.
Tras las protestas sociales de 2018, que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares sandinistas, Álvarez alzó su voz para criticar al gobierno y demandar la libertad de los opositores presos, que actualmente suman más de 230 según la oposición.
Ortega acusó entonces a los obispos de la Iglesia católica de apoyar “un fallido golpe de Estado” en su contra, auspiciado según él por “el imperio estadounidense”.
COLOMBIA
La vicepresidenta colombiana Francia Márquez denunció el martes un intento de atentado en su contra con explosivos que fueron hallados por su equipo de seguridad y detonados de forma controlada.
Según un informe divulgado por Márquez en su cuenta de Twitter, fueron encontrados aproximadamente de siete a nueve kilogramos de explosivos instalados a un metro de la carretera que conduce a su residencia familiar en Yolombó, en el convulso departamento del Cauca, al suroeste del país.
El equipo de seguridad reportó una bolsa de plástico envuelta en cinta color café que contenía nitrato de amonio, aluminio en polvo y metralla durante una inspección de seguridad previa a la visita que tenía Márquez planificada a la zona entre el 7 y el 9 de enero.
Al lugar acudió personal antiexplosivos de la policía que detectó el artefacto con ayuda de un perro experto en este tipo de sustancias y luego detonó la carga forma controlada.
El representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, rechazó el intento de atentado contra Márquez. “Toda mi solidaridad con ella, su comunidad, el gobierno y con Colombia”, indicó en Twitter.
Márquez es la primera líder social y afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia en un país en el que defender los derechos de una comunidad puede costar la vida. Ha sobrevivido a múltiples amenazas por denunciar la minería ilegal en su territorio y a un atentado con una granada en 2019.
Tras denunciar el nuevo intento de atentado, Márquez aseguró que continuará trabajando hasta alcanzar la “paz total que sueña y necesita” Colombia, donde operan varios grupos armados pese a que el Estado firmó en 2016 un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
BRASIL
¡Amnistía no! ¡Amnistía no! ¡Amnistía no!”.
El cántico resonaba el lunes por la tarde en los muros del abarrotado vestíbulo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Horas más tarde, era el lema de los miles de brasileños que salieron a las calles de Río de Janeiro y Sao Paulo, escrito en carteles y banderas.
Las palabras son una exigencia de que se castigue a los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro que asaltaron el domingo la capital de Brasil y a los que permitieron el ataque.
“Estas personas deben ser castigadas, las personas que lo ordenaron deben ser castigadas, los que dieron dinero para ello deben ser castigadas”, dijo Bety Amin, terapeuta de 61 años, en el principal bulevar de Sao Paulo. En la parte de atrás de su camiseta llevaba escrita la palabra “DEMOCRACIA”. “No representan a Brasil. Nosotros representamos a Brasil”.
Las peticiones de que se diriman responsabilidades recordaban a una ley de amnistía que ha protegido durante décadas a militares acusados de abusos y asesinatos durante la dictadura del país entre 1964 y 1985. Un reporte de la comisión de la verdad en 2014 abrió el debate sobre cómo ha gestionado Brasil el legado del régimen.
Evitar las sanciones “puede evitar tensiones en el momento, pero perpetúa la inestabilidad”, dijo Luis Felipe Miguel, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia, en una columna titulada “Amnistía no” y publicada el lunes por la tarde. “Esa es la lección que deberíamos haber aprendido del final de la dictadura militar, cuando Brasil optó por no castigar a los asesinos y torturadores del régimen”.
La policía brasileña ya había detenido el lunes a unos 1.500 alborotadores, algunos de ellos en pleno acto de destrozar el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial de Brasil, aunque la mayoría fueron detenidos a la mañana siguiente en un campamento en Brasilia. Muchos pasaron el día retenidos en un gimnasio, y videos compartidos en canales de medios sociales afines a Bolsonaro mostraban a algunos quejándose del pobre trato que recibían en un espacio abarrotado.
Cientos de detenidos ancianos o enfermos fueron puestos en libertad el martes tras ser interrogados y tener inspeccionados sus teléfonos celulares, reportó O Globo. La oficina de prensa de la Policía Federal indicó a The Associated Press que esa instancia planea acusar a por lo menos 1.000 personas y ha empezado a trasladar a algunas a la cercana prisión de Papuda. Para inicios de la tarde, 447 personas habían sido trasladadas o a un centro de detención o a prisión, según un boletín de la administración penitenciaria del distrito federal.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dice que eso es sólo el principio.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, prometió procesar por delitos como crimen organizado, intento de golpe de estado y abolición violenta del estado de Derecho democrático a las personas que actuaron entre bambalinas para convocar a partidarios en medios sociales y financiar su traslado. También dijo que las autoridades investigarán las acusaciones de que personal local de seguridad permitió que la destrucción continuara sin traba
“No podemos y no haremos concesiones en completar nuestros deberes legales. Es esencial para que estos actos no se repitan”, indicó Dino.
Lula firmó un decreto el domingo que ordena que el gobierno federal asuma el control de la seguridad en la capital.
Fue aprobado el lunes por la Cámara Baja del Congreso y ahora pasará al Senado, los disturbios en Brasilia eran un recordatorio de la amenaza para la democracia que suponen elementos de ultraderecha que se niegan a aceptar la derrota electoral de Bolsonaro.
Desde su derrota del 30 de octubre han acampado ante barracones militares para pedir una intervención del Ejército que permita a Bolsonaro permanecer en el poder y derrocar a Lula. Cuando el golpe no se produjo, se rebelaron ellos mismos.
RUSIA
La tropas rusas aumentaron su ofensiva contra posiciones ucranianas en torno a la maltrecha ciudad oriental de Bakhmut, según las autoridades ucranianas, lo que llevó nuevos niveles de muerte y destrucción a una batalla iniciada hace meses por el control del este de Ucrania dentro de la guerra más amplia de Rusia.
“Todo está completamente destruido, casi no queda vida”, indicó el lunes por la noche el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, sobre la escena en torno a Bakhmut y la localidad cercana de Soledar.
“Toda la tierra cerca de Soledar está cubierta con los cadáveres de los ocupantes y cicatrices de los ataques”, dijo el mandatario. “Es la imagen de la locura”.
El Kremlin, que ha sufrido numerosos reveses en la invasión del país vecino que emprendió hace 10 meses y medio, necesita cualquier victoria. Rusia se anexionó de forma ilegal Donestk y otras tres provincias ucranianas en septiembre, pero sus tropas han tenido problemas para avanzar.
Después de que tropas ucranianas retomaran la ciudad sureña de Jersón el pasado noviembre, la lucha en torno a Bakhmut se recrudeció.
La viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Malyar, dijo que Rusia había enviado “un gran número de grupos de asalto” a la batalla.
“El enemigo avanza literalmente sobre los cuerpos de sus propios soldados y emplea de forma masiva artillería, lanzacohetes y morteros, que alcanzan a sus propias tropas”, dijo.
Pavlo Kyrylenko, el gobernador de la región de Donetsk nombrado por Kiev, describió el martes los ataques rusos contra Soledar y Bakhmut como constantes.
“El ejército ruso está reduciendo ciudades ucranianas a escombros empleando toda clase de armas en sus tácticas de tierra quemada”, dijo Kyrylenko en declaraciones televisadas. “Rusia libra una guerra sin normas, que produce sufrimiento y muertes civiles”.
Por su parte, el líder apoyado por Moscú en las zonas ocupadas de Donetsk dijo el martes que las fuerzas rusas estaban “muy cerca” de tomar Soledar. Pero los avances llegaban “a un precio muy alto”, indicó Denis Pushilin a la televisora estatal rusa.
Controlar la ciudad crearía “buenas perspectivas” para tomar Bakhmut, dijo Pushilin, así como para un ataque posterior a Siversk, una localidad más al norte donde las fortificaciones ucranianas “también son bastante importantes”.
