Por Redacción
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El presidente electo aún no ha detallado cómo forzará a otros países a recibir a sus ciudadanos deportados, pero cuenta con una herramienta legal que le permitiría denegar visados a quienes se resistan.
En cuestión de semanas, la propuesta de Donald Trump de realizar la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos ha pasado de ser un lema de campaña a una posibilidad tangible. Trump ha demostrado su disposición a cumplir su promesa a toda costa, empleando ya amenazas arancelarias contra México y Canadá para frenar la inmigración irregular. Sin embargo, su estrategia no se detendrá ahí. Para deportar a 11 millones de personas, el presidente electo deberá presionar a una lista considerable de países para que acepten a sus ciudadanos deportados o incluso a individuos de otras nacionalidades que no puedan ser devueltos a sus países de origen. Una de las tácticas que podría emplear es restringir la emisión de visados a aquellos países que no cooperen.
Desde el 5 de noviembre, Trump y su equipo han comenzado a revelar algunas de las medidas que planean implementar para llevar a cabo estas deportaciones masivas. Entre las propuestas, destacan declarar una emergencia nacional, utilizar a los militares, establecer centros de detención en la frontera y realizar redadas masivas en lugares de trabajo. No obstante, queda una incógnita crucial: ¿cómo forzará a los países a aceptar a las personas deportadas?
“Simplemente no podemos subirlos a un avión y enviarlos”, explicó recientemente Tom Homan, quien estará al frente de las deportaciones en la nueva administración. “Hay un proceso a seguir: contactarse con el país, que ellos acepten a sus ciudadanos y luego envíen los documentos necesarios de viaje.” Según Homan, este será un proceso largo. Actualmente, algunos países, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, no aceptan deportaciones desde Estados Unidos. Otros, como China, Rusia e India, son considerados “recalcitrantes” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya que se niegan o cooperan mínimamente. Además, hay 17 naciones que solo colaboran ocasionalmente.
Más allá de las tarifas arancelarias —un recurso que Trump ya utilizó en su primera administración—, el presidente electo tiene otro instrumento clave a su disposición: los visados. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), el gobierno estadounidense puede condicionar la emisión de visas a que los países acepten a sus ciudadanos deportados. Este mecanismo también forma parte del Proyecto 2025, una agenda conservadora que detalla políticas radicales para transformar el sistema de inmigración del país.
La Sección 243(d) de la INA establece que si un gobierno extranjero “deniega o retrasa injustificadamente” la aceptación de sus ciudadanos deportados, el Secretario de Estado puede ordenar la suspensión de visados tanto de inmigrantes como de no inmigrantes para los ciudadanos de ese país. Esta sanción permanecería activa hasta que el país acepte el regreso de sus ciudadanos y se comprometa a hacerlo de manera regular en el futuro.
De implementarse esta medida, las repercusiones serían profundas. Podría alterar el sistema de visados de Estados Unidos, que actualmente incluye más de 60 tipos, como las visas IR1 para cónyuges de ciudadanos estadounidenses y las H-2A y H-2B para trabajadores temporales. También afectaría visas de estudiantes internacionales (F y M) y de turismo (B1).
En el año fiscal 2024, Estados Unidos emitió un récord de 11.5 millones de visados, reflejando un incremento del 50% respecto al año anterior. Los principales beneficiarios de visas no inmigrantes fueron ciudadanos de México, India, Brasil, Colombia y China. Sin embargo, tanto China como India figuran entre los países que no aceptan deportaciones desde Estados Unidos, lo que complica aún más la aplicación de esta política.
El enfoque de Trump apunta a ejercer una presión sin precedentes para asegurar que otros países respeten las leyes de inmigración estadounidenses y colaboren en la aceptación de sus ciudadanos deportados. Con esta estrategia, el presidente electo busca enviar un mensaje claro a la comunidad internacional: quienes no cooperen perderán el acceso al sistema de visados y, con ello, a Estados Unidos.
