Por Carlos Hernández
Editor@latinocc.com
En Somis, una comunidad agrícola del condado de Ventura al este de Camarillo, el día escolar ya no empieza únicamente con el timbre y la lista de asistencia., empieza, cada vez más, con el temor de una redada migratoria y el teléfono.
El Doctor Jesús Vaca, Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Somis, con 267 estudiantes, asegura que su equipo ha tenido que cambiar el ritmo de trabajo para responder a una inquietud que se repite con insistencia entre las familias: si enviar a l@s hij@s a la escuela puede convertirse en un riesgo, ante la política migratoria más agresiva e intimidatoria de la administración de Donald Trump.
“Los padres temen enviar a sus hij@s a la escuela porque deben exponerse a lugares públicos mientras esperan el autobús escolar”, explic´ø Vaca en entrevista.
En su relato, el temor no se concentra necesariamente en el salón de clases, sino en lo que ocurre antes: la banqueta, la parada del autobús, el trayecto.
“En estas redadas no se hacen preguntas, se llevan a cualquiera… y también se llevan a los niñ@s”, añadió, al describir la percepción que circula entre familias que consumen noticias y videos en redes sociales sobre operativos en el condado de Ventura y en Los Ángeles.
Esa inquietud local encaja con una radiografía más amplia que surge de una demanda federal: decenas de maestr@s y trabajadores de la salud, en múltiples estados, han presentado testimonios que describen cómo el miedo a la aplicación migratoria se ha metido a las escuelas y ha alterado la asistencia, la confianza y el bienestar emocional de los estudiantes.
Los relatos, incluidos en un escrito judicial presentado la semana pasada, acompañan un litigio que impugna una decisión de la administración Trump de abrir escuelas, casas de culto y centros médicos a acciones de control migratorio.
El caso, iniciado el año pasado por un sindicato de trabajadores agrícolas de Oregon y un grupo de iglesias, y al que se sumaron organizaciones educativas nacionales. busca frenar una política que por más de tres décadas limitó arrestos en espacios considerados sensibles.
Los demandantes califican el cambio como “arbitrario y caprichoso” y piden al juez suspenderlo mientras el proceso avanza, bajo el argumento de que ya está provocando daños tangibles: ausentismo, deserción y miedo extendido.
El Departamento de Seguridad Nacional no se pronunció de inmediato ante las acusaciones.
En el padaso, sin embargo, la administración Trump, ha defendido el cambio de política con una idea central: declarar escuelas e iglesias “fuera de límites podría convertirlas en refugios para criminales”.
Funcionari@s también han insistido en que el ICE no tiene como objetivo a las escuelas, aunque los testimonios y varios episodios citados por educadores describen persecuciones y detenciones en o cerca de planteles y en horarios críticos como entrada y salida.
En Somis, Vaca sostiene que el impacto se mide en preguntas, no solo en números.
“Ahora tenemos que comunicarnos con los padres dos o tres veces por semana, en lugar de solo una vez como es habitual. Es mucho trabajo pero es algo que mi asistente realiza a diario y que lo hacemos con gusto para que estas familias sientan que sus hij@s están segur@s”, recalcó. Además el el Dr. Vaca explió que las familias llaman para preguntar, sin rodeos, “cómo se garantiza que inmigración o ICE no se lleven a sus hij@s”.
El Distrito de Somis, afirmó, responde con un mensaje práctico, una vez dentro del autobús escolar y dentro del plantel, los menores están bajo custodia del sistema escolar.
“En el autobús escolar y dentro del recinto escolar, l@s niñ@s están en un espacio privado”, explicó Vaca, al describir la línea que su distrito intenta trazar entre el espacio público del trayecto y el espacio escolar.
Pero esa línea no siempre alcanza a contener el miedo.
COSTO TANGIBLE
Y es que los testimonios presentados en la demanda federal describen cómo, incluso sin que los agentes “entren” a un salón, el daño puede producirse por la simple presencia alrededor de la escuela.
En las declaraciones, docentes relatan familias que dejan de asistir por rumores de redadas, estudiantes que se cambian a aprendizaje virtual y padres que evitan firmar documentos para educación especial por temor a atraer atención de las autoridades migratorias.
El expediente reúne testimonios anónimos de 60 maestros y trabajadores de salud en 18 estados.
La anonimidad, según el planteamiento legal, no es un detalle menor: revela un clima de temor y tensión.
En sus declaraciones, l@s educadores describen asientos vacíos, silencios prolongados y una pregunta que empieza a repetirse en los pasillos: si la escuela sigue siendo un lugar seguro.
Entre los incidentes citados en el material del caso, se menciona el intento de agentes del ICE de arrestar a un hombre en el estacionamiento de un preescolar en Oregón después de que dejó a su bebé.
En Chicago, de acuerdo con el relato incluido, una operación derivó en gas lacrimógeno que alcanzó un patio escolar; posteriormente, agentes arrestaron a una maestra dentro de su preescolar durante la entrega matutina.
El Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, explicó que intentaron detener el vehículo en el que viajaba antes de que llegara a la escuela y que ella se atrincheró dentro del edificio, obligando a los agentes a entrar; la mujer, que contaba con autorización de trabajo, fue liberada.
En otro incidente en Minneapolis, donde Renee N. Good y Alex Pretti fueron asesinados por agentes del ICE, el expediente alude a una persecución que llegó hasta el campus de una preparatoria al término de la jornada escolar, seguida de forcejeos con personas presentes.
Para l@s demandantes, esos episodios subrayan un punto: la frontera de la aplicación migratoria ya no se percibe como algo distante, sino como algo que puede aparecer junto a la reja de la escuela.
El Superintendente Vaca describe como las redes y la aplicación de estas políticas migratorias, están en todo momento en la vida de l@s estudiantes, donde much@s consumen y comparten videos de operativos en regiones cercanas, y que eso se traduce en ansiedad dentro del aula.
“Esto afecta especialmente al bienestar psicológico de los alumnos. Las redes sociales difunden información en cuestión de minutos, lo que influye en el estado de ánimo de los padres y esto posteriormente en la dinámica familiar”.
Y es que ese efecto, es precisamente también mencionado por l@s educadores que declararon en la demanda, se convierte en una cadena: los padres sienten miedo, los niñ@s lo absorben, la asistencia cae, y los maestr@s dejan de poder ofrecer una certeza básica.
Precisamente, uno de los testimonios sostiene que, tras la detención de un estudiante en una parada de autobús, el menor dejó de regresar a clases.
Otro afirma que, cuando los alumnos preguntan si podrían ser arrestad@s en la escuela, el docente “ya no puede” asegurar que el campus está a salvo del ICE.
Vaca indica que en su escuela y Distrito, su equipo intenta evitar que esa certeza se rompa, pero reconoce que la respuesta exige recursos emocionales y tiempo institucional que antes se destinaban a otras tareas.
Con 35 años en la educación pública, afirmó que jamás había enfrentado una situación similar.
“Nunca en mi carrera he pasado por algo tan distinto como lo que estamos pasando hoy con una deshumanización total, donde la educación pasa a un segundo plano”, recalcó, y añadió que no imaginó dedicar parte de su agenda a “cuidar a los niños en la escuela” en lugar de centrarse en planificación académica, evaluación y trabajo pedagógico.
TRUMP TRAS ALUMN@S
Durante más de 30 años, el gobierno federal sostuvo una política que restringía arrestos en escuelas y lugares de culto, ampliada después a hospitales y albergues para evitar que la aplicación migratoria bloqueara el acceso a servicios.
Tras el cambio, la administración Trump emitió un memorando breve que pedía a los agentes usar “una dosis saludable de sentido común” al decidir acciones cerca de esos lugares.
L@s demandantes argumentan que esa fórmula es demasiado flexible para una realidad tan sensible.
Dicen que “sentido común” no funciona como protocolo: no fija límites verificables ni mecanismos claros de supervisión, y deja a comunidades enteras viviendo entre el rumor y la incertidumbre.
Por eso piden al juez suspender la política mientras se resuelve la demanda, al afirmar que el daño a la educación y a la salud ya está ocurriendo.
Más allá de la asistencia y las calificaciones, el Dr. Vaca expresó que el daño más profundo es menos visible: una infancia dañada y recortada para miles de estudiantes.
Sostuvo que la política migratoria “les arrebata parte de su infancia a l@s niñ@s inmigrantes”.
Por lo que rechaza totalmente el argumento del DHS que compara los centros escolares con refugios para criminales.
“¿Cómo van a ser criminales los estudiantes?… Niñ@s y menores de 18 años no tienen la iniciativa ni los recursos para establecer su vida… dependen de los adultos. ¿Por qué se castiga o etiqueta a menores por cosas que no pueden controlar?”, cuestiona.
El Superintendente también insiste a un principio que debería estar fuera de debate.
“La educación es un derecho básico para tod@s l@s menores en este país. Por eso es que cualquier niño o niña que se ingrese al país se puede registrar sin acta de nacimiento o documentos migratorios”.
Es así como, el conflicto actual entre política migratoria y una educación libre, advierte Vaca, es que ese derecho se vuelve más difícil de ejercer cuando el camino hacia la escuela deja de ser una rutina y se convierte, para muchas familias, en una zona de incertidumbre y peligro.
