Por Redacción
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Un tribunal federal de comercio bloqueó este miércoles al expresidente Donald Trump de imponer aranceles generalizados amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), asestando un golpe clave a una de las estrategias económicas más controversiales de su administración.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Nueva York, responde a múltiples demandas que cuestionaban la legalidad de los denominados aranceles del “Día de la Liberación” propuestos por Trump. Las querellas sostenían que el expresidente excedió sus atribuciones, dejando la política comercial estadounidense a merced de decisiones unilaterales.
“La autoridad otorgada por la IEEPA no permite imponer aranceles generalizados como medio para regular importaciones”, concluyó el fallo, emitido por los jueces Timothy Reif (nombrado por Trump), Jane Restani (designada por Ronald Reagan) y Gary Katzman (nombrado por Barack Obama).
Durante su presidencia, Trump defendió que los aranceles obligarían a repatriar empleos manufactureros y generarían ingresos suficientes para reducir el déficit federal. Además, los usó como herramienta de presión en negociaciones con otros países, argumentando que él mismo establecería las tasas si los acuerdos no favorecían a Estados Unidos.
Tras el fallo, la Casa Blanca —a través de su portavoz Kush Desai— reiteró que los déficits comerciales son una “emergencia nacional que ha diezmado a comunidades, trabajadores y la base industrial de defensa”. El gobierno, aseguró, sigue comprometido a “usar todas las herramientas del poder ejecutivo para restaurar la grandeza estadounidense”.
Sin embargo, la decisión judicial complica que Trump utilice nuevamente los aranceles como amenaza directa sin la aprobación del Congreso. Aun así, la sentencia confirma que el presidente aún puede imponer tarifas del 15% durante 150 días bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, siempre que exista un déficit comercial sustancial con otra nación.
El gobierno apeló rápidamente el fallo y se espera que el caso llegue a la Corte Suprema, que tendría la última palabra. La controversia gira en torno a si los déficits comerciales califican como una “amenaza inusual y extraordinaria”, el criterio clave para invocar la IEEPA. Estados Unidos ha mantenido déficits con el resto del mundo durante los últimos 49 años consecutivos.
En paralelo, la corte dejó intactos los aranceles impuestos por Trump bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite aplicar gravámenes si se detecta una amenaza a la seguridad nacional. Es el caso del impuesto del 25% a las importaciones de acero, aluminio y autopartes.
Más de siete demandas en distintas cortes cuestionan los fundamentos legales de los aranceles de emergencia. Una de ellas fue presentada por un grupo de pequeñas empresas, entre ellas V.O.S. Selections, importadora de vinos, cuyo propietario advirtió que los aranceles amenazan la supervivencia de su negocio.
Diez estados, liderados por Oregon, también demandaron. El fiscal general Dan Rayfield celebró el fallo como una victoria para el estado de derecho: “Este dictamen reafirma que nuestras leyes importan y que las decisiones comerciales no pueden depender de los caprichos del presidente”.
Por su parte, el senador Ron Wyden, demócrata de Oregon y miembro de alto rango en el Comité de Finanzas del Senado, señaló que los aranceles “han elevado los precios de alimentos y automóviles, generado escasez de bienes esenciales y afectado cadenas de suministro clave”.
Mientras el caso avanza en el sistema judicial, el debate sobre el uso de los aranceles como instrumento de política económica continúa dividiendo a economistas, legisladores y sectores industriales.
