Por Redacción
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Por primera vez en su historia, México elegirá el 1 de junio a sus jueces mediante voto popular, en un proceso que ha estado marcado por la injerencia política, la desinformación y la baja visibilidad de los más de 800 candidatos en contienda.
Aunque la reforma que permitió estas elecciones fue presentada como una forma de combatir la corrupción y democratizar el Poder Judicial, expertos y analistas coinciden en que ha provocado una creciente politización de la justicia.
El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar los comicios, impuso una serie de restricciones para garantizar la equidad en la contienda: los aspirantes no pueden recibir apoyo de partidos ni contratar propaganda en medios, y deben financiar sus campañas con recursos propios. Sin embargo, durante las últimas semanas han surgido múltiples indicios de una campaña con tintes políticos.
Control desde el oficialismo
La reforma fue impulsada durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso. Ahora, su sucesora, Claudia Sheinbaum, enfrenta el desafío de consolidarla, en medio de cuestionamientos por la posible pérdida de imparcialidad judicial.
Aunque la presidenta ha evitado hacer apoyos explícitos, ha llamado repetidamente a los ciudadanos a participar en las elecciones. “Va a ser una jornada histórica”, dijo esta semana, en referencia al proceso de votación que cierra su campaña con una ciudadanía ampliamente desinformada.
“El oficialismo tiene mucho en juego. Esta elección será un termómetro del control que Sheinbaum ejerce sobre su partido y su capacidad de movilización”, explicó el politólogo Javier Rosiles Salas.
Candidatos con vínculos políticos
Uno de los principales cuestionamientos al proceso ha sido la forma en que se seleccionaron los candidatos. De los tres comités responsables —Judicial, Ejecutivo y Legislativo— los dos últimos estuvieron dominados por perfiles afines al partido gobernante Morena.
Entre los aspirantes se encuentran figuras cercanas al oficialismo como María Estela Ríos, exconsejera jurídica de López Obrador; Paulina García Villegas, hija de la senadora oficialista Olga Sánchez Cordero; y Eduardo Santillán Pérez, exlegislador de Morena. Los tres compiten por un puesto en la Suprema Corte.
“La presencia de estos perfiles evidencia que la reforma ha sido utilizada para consolidar el control político sobre el Poder Judicial”, advirtió Julio Ríos Figueroa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Publicidad encubierta y sin sanciones
Durante la campaña, la promoción indirecta de candidatos ha sido evidente. Grupos afines al gobierno han distribuido folletos camuflados como guías informativas para el voto, pero que incluyen nombres de aspirantes ligados al oficialismo. También se han visto afiches en espacios públicos con llamados a votar “por el pueblo”, incluyendo imágenes de candidatos como Lenia Batres o María Estela Ríos.
A pesar de que estas acciones violan las normas del INE, no se han impuesto sanciones. La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, se limitó a exhortar a los votantes a ejercer su derecho de manera libre y consciente.
Desde la oposición, se denunció también la circulación de listas similares que promueven aspirantes vinculados a partidos como Acción Nacional o Movimiento Ciudadano.
“Estas prácticas muestran que los partidos han operado de manera encubierta para inclinar la balanza, pese a las restricciones formales”, sostuvo Rosiles Salas.
Riesgos para la independencia judicial
Más allá del proceso electoral, especialistas advierten que esta reforma puede erosionar los contrapesos democráticos y debilitar la independencia del Poder Judicial.
“La concentración de poder en el Ejecutivo y la pérdida de frenos institucionales son características de democracias en retroceso, como ha ocurrido en Hungría o Turquía”, afirmó Ríos Figueroa.
Según el académico, la politización del sistema judicial podría provocar fallos favorables al gobierno en temas clave como la prisión preventiva oficiosa, los derechos de las víctimas o las funciones de inteligencia de la Secretaría de Seguridad.
Aunque Sheinbaum ha reiterado que busca una justicia al servicio del pueblo, críticos temen que la elección de jueces por voto popular —en un contexto de baja información y alta polarización— termine minando la imparcialidad judicial y favoreciendo al partido en el poder.
Con más de 6 millones de militantes, Morena ha desplegado una amplia movilización para asegurar una participación alta el domingo, conscientes de que el nivel de votación será interpretado como una validación o rechazo a la reforma judicial heredada por López Obrador.
