Por Redacción
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La administración del expresidente Donald Trump ha dado marcha atrás en su intento de excluir a la Universidad de Harvard del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés), otorgándole 30 días para presentar pruebas que respalden su capacidad para acoger a estudiantes internacionales.
El anuncio, divulgado la madrugada del jueves por abogados del Departamento de Justicia, representa un giro en la postura inicial del Gobierno, que había buscado revocar de forma inmediata la autorización de Harvard para matricular alumnos extranjeros, sin un proceso formal. La decisión parece responder a la presión legal ejercida por la propia universidad, que interpuso una demanda la semana pasada cuestionando la legalidad de la medida.
Según la notificación enviada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la universidad tendrá un mes para presentar declaraciones juradas y documentación que refuten los argumentos esgrimidos por el Gobierno. La carta, de cinco páginas, enumera varias supuestas violaciones, como el incumplimiento de los requisitos de reporte de estudiantes y la supuesta falta de un entorno libre de violencia y antisemitismo.
El documento fue presentado horas antes de una audiencia judicial clave en la que los representantes legales de Harvard y el Gobierno tenían previsto exponer sus argumentos ante la jueza federal de distrito Allison Burroughs. La vista está programada para comenzar a las 10:30 a.m., hora del este, en un tribunal federal.
Harvard había denunciado que la medida tomada por el Gobierno a inicios de mes no cumplía con los procedimientos establecidos por la ley federal para retirar una institución del sistema SEVP. Alegó que el intento de anular su certificación fue arbitrario, careció de notificación previa y violó derechos fundamentales de la comunidad universitaria y de miles de estudiantes internacionales.
La controversia se enmarca en una serie de decisiones de la administración Trump dirigidas a limitar la inmigración legal, incluso en entornos académicos. En años anteriores, políticas similares suscitaron protestas de universidades, legisladores y organizaciones de derechos civiles. El propio SEVP ha estado bajo escrutinio por cambios en la política de visados estudiantiles durante la pandemia de COVID-19, cuando el Gobierno intentó restringir el ingreso de alumnos que cursaban clases en línea.
El aviso más reciente parece estar dirigido a evitar una confrontación judicial inmediata, dando margen a ambas partes para negociar fuera del tribunal. Sin embargo, los términos de la notificación aún preocupan a defensores de derechos educativos y expertos en inmigración.
“Es una táctica para ganar tiempo, pero también un reconocimiento de que la vía que eligieron inicialmente no era legalmente sostenible”, comentó Margaret L. Taylor, analista de políticas migratorias en el Brookings Institution. “Obligar a una universidad como Harvard a defender su certificación sin seguir el debido proceso es un precedente peligroso”.
Por su parte, voceros de la universidad no emitieron declaraciones inmediatas, pero reiteraron su compromiso de proteger a sus estudiantes internacionales y de mantener un entorno inclusivo y seguro para todos los miembros de la comunidad académica.
A medida que la audiencia judicial avanza, expertos legales anticipan que el caso podría sentar un precedente para futuras acciones del Gobierno federal contra otras instituciones educativas en relación con sus programas de visado.
Con más de 6,000 estudiantes internacionales matriculados, Harvard representa uno de los pilares del intercambio académico global en Estados Unidos. Su exclusión del programa SEVP afectaría a miles de jóvenes que dependen de visados F-1 para estudiar en el país, así como a los planes estratégicos de colaboración internacional de la universidad.
