Por Redacción
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La Universidad de Harvard presentó una demanda federal contra la administración del expresidente Donald Trump, tras una orden del Departamento de Seguridad Nacional que revoca su autorización para inscribir a estudiantes internacionales. La medida, anunciada esta semana, pone en riesgo el estatus legal de más de una cuarta parte del alumnado, generando alarma entre estudiantes y personal académico.
En la demanda, Harvard argumenta que la decisión de excluirla del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) viola la ley federal y responde a una represalia por ejercer su libertad académica, protegida por la Primera Enmienda. Según el documento judicial, la administración ha intentado influir en el gobierno universitario, el contenido curricular y la ideología del campus.
“Es el último acto del Gobierno en clara represalia por el ejercicio del derecho a la autonomía académica de la universidad”, señaló Harvard en un comunicado.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la medida al afirmar que Harvard se negó a entregar registros disciplinarios de estudiantes internacionales requeridos por el Departamento el mes pasado. Además, exigió a la universidad presentar cinco años de información en un plazo de 72 horas para restablecer su estatus en el SEVP.
La Casa Blanca defendió la decisión afirmando que la admisión de estudiantes extranjeros es “un privilegio, no un derecho”, y acusó a Harvard de tolerar actividades “antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas”. La portavoz Abigail Jackson declaró que la universidad “ha fracasado en abordar los problemas internos que afectan a los estudiantes estadounidenses”.
La medida podría afectar a más de 6.700 estudiantes internacionales de Harvard, que representan el 27,2% de la matrícula total del año académico 2024-25. La comunidad universitaria reaccionó con preocupación. Profesores advierten que esta decisión amenaza con debilitar la excelencia académica de la institución, mientras que estudiantes expresan incertidumbre sobre su futuro.
Harvard ha sido una de las instituciones más críticas con la gestión del antisemitismo en los campus tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamas. Noem acusa a la universidad de no tomar suficientes medidas para proteger a estudiantes judíos y de mantener políticas de diversidad “racistas”.
Como respuesta parcial, Harvard modificó recientemente el nombre de su Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión, y aceptó algunas recomendaciones de grupos de trabajo internos que documentaron preocupaciones de seguridad tanto de estudiantes judíos como musulmanes. Sin embargo, la universidad afirma que varias exigencias del Gobierno, como una auditoría ideológica de estudiantes y personal, violan derechos constitucionales.
La medida también incluye sanciones financieras. El Gobierno ha congelado $2.200 millones en fondos federales destinados a Harvard, y el Servicio de Impuestos Internos evalúa eliminar su estatus de exención fiscal. Para algunos analistas, estas acciones representan una ofensiva sin precedentes contra la autonomía universitaria.
Estudiantes como Jared, un joven neozelandés de 18 años admitido para estudiar sociología este otoño, ahora enfrentan un panorama incierto. “Fue un momento especial ser aceptado en Harvard. Esta noticia lo cambia todo”, comentó. Otros, como Karl Molden, estudiante austríaco en su tercer año, temen no poder regresar al campus o perder la ayuda financiera que Harvard ofrece.
La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) calificó la decisión como “un asalto inconstitucional” y una amenaza para la comunidad académica internacional. “Los estudiantes internacionales son esenciales para Harvard y para el país”, advirtió el grupo en un comunicado.
Harvard ha prometido luchar hasta el final. “Esta acción de represalia amenaza con perjudicar gravemente nuestra comunidad y misión académica”, concluyó Jason Newton, portavoz de la universidad.
