Por Redacción de Inmigración
El Latino California
En una nueva ofensiva legal, la administración del presidente Donald Trump presentó una demanda contra el estado de California por extender beneficios educativos, como matrícula estatal, becas y ayuda financiera, a estudiantes que viven en el país sin autorización legal.
La demanda fue interpuesta el jueves ante el Tribunal Federal del Distrito Este de California, y nombra como demandados tanto al estado, como a sus dos sistemas universitarios públicos: la Universidad de California (UC), y el sistema de la Universidad Estatal de California (CSU), además de varios funcionarios estatales.
Según el documento legal, estas políticas violan las leyes federales de inmigración y discriminan a ciudadanos estadounidenses, al supuestamente favorecer a personas que no cuentan con estatus migratorio regular.
“California está discriminando ilegalmente a estudiantes y familias estadounidenses al ofrecer beneficios exclusivos de matrícula a no ciudadanos. Esta es nuestra tercera demanda contra California en una sola semana. Seguiremos litigando hasta que el estado deje de ignorar la ley federal de forma descarada”, declaró la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado.
UN PATRÓN DE DEMANDAS CONTRA ESTADOS “SANTUARIO”
La acción legal se enmarca en una serie de demandas similares que el gobierno federal ha presentado contra otros estados con políticas de inclusión hacia los inmigrantes, incluyendo Illinois, Oklahoma, Minnesota, Kentucky y Texas.
En algunos de estos estados, las acciones legales han surtido efecto.
En junio, tras una demanda federal, Texas eliminó una ley vigente por décadas que permitía matrícula estatal a estudiantes indocumentados. Florida hizo lo mismo en 2023.
En contraste, cerca de la mitad de los estados del país mantienen aún políticas similares a la de California, muchas de las cuales se inspiran en el llamado California Dream Act, que permite que los jóvenes que cumplan ciertos requisitos, como haber asistido a una escuela secundaria en el estado, accedan a la matrícula estatal y a apoyo financiero.
A la par de esta demanda, el Departamento de Justicia también presentó otras dos acciones legales contra California esta semana: una relacionada con los nuevos mapas distritales aprobados por votación popular, y otra en contra de una ley que prohíbe a agentes federales usar máscaras o identificarse sin credenciales en operativos dentro del estado.
UN DERECHO PARA QUIENES CRECIERON AQUÍ
Los defensores de estas leyes afirman que no violan las disposiciones federales, ya que los mismos beneficios se ofrecen a ciudadanos estadounidenses en igualdad de condiciones: ser residentes del estado y haber egresado de una preparatoria local.
“Muchos de estos estudiantes fueron traídos a este país cuando eran niños y no conocen otra tierra que esta. Son parte integral de nuestras comunidades”, argumentan organizaciones defensoras.
Por su parte, la Universidad de California defendió sus políticas, señalando en un comunicado: “Creemos que nuestras políticas son coherentes con los estándares legales actuales. Por supuesto, cumpliremos con lo que determine la Corte”.
La demanda representa un nuevo paso dentro de la cruzada de la administración Trump para restringir beneficios públicos a personas sin documentos.
Desde febrero, el presidente ha firmado órdenes ejecutivas que exigen a agencias federales limitar el acceso a dichos beneficios y retomar el control sobre políticas estatales que “favorecen” a inmigrantes indocumentados.
Desde la oficina del Gobernador Gavin Newsom, la respuesta fue contundente.
“El Departamento de Justicia ha presentado tres demandas sin mérito y motivadas políticamente contra California en una semana. Buena suerte, Trump. Nos vemos en la corte”.
