Por Redacción
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El presidente Donald Trump redobló esta semana su retórica y sus políticas de mano dura en materia migratoria tras el tiroteo fatal de un ciudadano estadounidense a manos de un agente federal en Minneapolis, un episodio que no solo provocó protestas y tensión institucional, sino que también dejó al descubierto divisiones internas dentro de su propia coalición política.
Lejos de moderar el tono tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años baleado durante un operativo migratorio, la administración Trump optó por reforzar públicamente la actuación de los agentes federales y trasladar la responsabilidad política a las autoridades estatales y locales de Minnesota, gobernadas por demócratas. La estrategia, sin embargo, ha generado incomodidad entre algunos aliados republicanos, inquietud dentro del Departamento de Seguridad Nacional y una creciente presión legislativa que amenaza incluso con un cierre parcial del gobierno federal.
En los días posteriores al incidente, altos funcionarios del Ejecutivo se desplegaron en programas dominicales de televisión y redes sociales para defender la operación migratoria y acusar al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de no cooperar con las fuerzas federales. Trump fue aún más lejos, señalando directamente a ambos líderes como responsables de un clima que, según él, obstaculiza la aplicación de la ley.
“Las ciudades y estados santuario dirigidos por demócratas se niegan a cooperar con ICE y, en la práctica, están alentando a agitadores para que interfieran ilegalmente en operaciones destinadas a arrestar a lo peor de lo peor”, escribió el mandatario en una serie de publicaciones en redes sociales.
Aun así, puertas adentro, asesores de la Casa Blanca han expresado preocupación por el hecho de que el mensaje central del presidente —el aumento de deportaciones y arrestos— esté quedando eclipsado por las imágenes de caos, enfrentamientos y uso de la fuerza en Minnesota.
Trump evitó pronunciarse de manera directa sobre si el agente que disparó contra Pretti actuó correctamente. “Estamos revisando todo y daremos a conocer una determinación”, dijo en una entrevista reciente, sin comprometerse a respaldar explícitamente al agente involucrado. También dejó abierta la posibilidad de retirar eventualmente a los agentes federales del estado, aunque sin fijar plazos ni condiciones.
Dudas republicanas y malestar interno
Las tensiones no se limitan al enfrentamiento con los demócratas. Varios líderes republicanos comenzaron a cuestionar públicamente la estrategia del presidente en Minnesota, planteando dudas sobre el costo político y operativo de mantener una presencia federal intensiva en un estado hostil a las políticas migratorias de la Casa Blanca.
El congresista James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, sugirió que insistir en ese despliegue podría poner en riesgo vidas innecesariamente. “Si los líderes locales van a poner a nuestros agentes en peligro, quizá sea mejor ir a otro lugar y dejar que los ciudadanos de Minneapolis decidan”, dijo en una entrevista televisiva.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, fue aún más directo al cuestionar el objetivo final de la política migratoria de Trump. “Los estadounidenses se preguntan cuál es la solución. ¿Es deportar a todos los que no son ciudadanos? No creo que eso sea lo que la mayoría quiere”, afirmó, apelando a los principios del federalismo y al rechazo histórico a la intervención federal excesiva en los estados.
Dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el clima tampoco es de consenso. Funcionarios del organismo han expresado frustración por el manejo público del caso por parte de la secretaria Kristi Noem, quien culpó abiertamente a Pretti por su propia muerte incluso mientras su departamento lidera la investigación.
Videos revisados posteriormente muestran que Pretti se interpuso entre agentes federales y una mujer que estaba siendo empujada al suelo, y que se produjo un forcejeo antes de que los disparos fueran realizados. Las autoridades confirmaron que Pretti era propietario legal de armas, un dato que ha añadido complejidad al debate sobre uso de la fuerza y derechos constitucionales.
Algunos funcionarios del DHS temen que las declaraciones precipitadas estén dañando la credibilidad de las fuerzas federales. “El departamento necesita liderazgo policial, no mensajes que aumenten el riesgo reputacional”, dijo un funcionario bajo condición de anonimato.
Incluso entre agentes de la Patrulla Fronteriza desplegados en Minneapolis han surgido dudas sobre si la misión justifica el riesgo, según exfuncionarios familiarizados con el operativo.
Una estrategia sin marcha atrás
Pese a las críticas internas y externas, la Casa Blanca insiste en que no habrá cambios de rumbo. Funcionarios aseguran que los agentes federales permanecerán en Minnesota y que el Ejecutivo no cederá ante la presión de gobiernos locales que se niegan a cooperar.
“Creemos que son los demócratas quienes están elevando la retórica”, dijo un alto funcionario de la administración, al tiempo que anunció el envío de recursos federales adicionales para respaldar a las fuerzas de seguridad en la zona.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, confirmó que agencias como el FBI, la DEA y la ATF están colaborando para reforzar las operaciones, argumentando que el gobierno federal debe actuar cuando las autoridades locales “no cumplen con su responsabilidad”.
La Casa Blanca ha defendido su enfoque comparando la situación de Minnesota con otros estados como Texas, donde, según el Departamento de Justicia, las deportaciones se realizan con mayor fluidez gracias a la cooperación local. “Cuando hay apoyo, no hay caos”, sostuvo el subsecretario Todd Blanche.
Sin embargo, la estrategia ha abierto frentes inesperados. La National Rifle Association (NRA), tradicional aliada de Trump, criticó duramente a un fiscal federal designado por el presidente que sugirió en redes sociales que cualquier persona armada que se acerque a la policía corre el riesgo de ser legalmente abatida. La organización calificó el mensaje como “peligroso y equivocado” y pidió esperar a que se complete la investigación.
La controversia también ha tenido impacto en el Congreso. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que su bancada bloqueará un proyecto clave de financiamiento gubernamental si incluye fondos para el DHS sin reformas a las prácticas de ICE. La advertencia aumenta la probabilidad de un cierre parcial del gobierno si no se alcanza un acuerdo antes de la fecha límite presupuestaria.
Mientras tanto, la administración Trump ha explorado una vía alternativa para presionar a Minnesota. Bondi envió una carta al gobernador Walz instándolo a derogar políticas santuario y compartir datos estatales de programas sociales y electorales con el gobierno federal, una medida que líderes demócratas calificaron de intento de extorsión política.
En paralelo a la crisis, Trump ha mostrado señales de desconexión del momento político. El fin de semana organizó una proyección privada de un documental de la primera dama en la Casa Blanca y mantuvo un perfil bajo ante la prensa, aunque continuó publicando mensajes extensos en redes sociales sobre temas no relacionados con la crisis migratoria.
Para analistas políticos, el episodio de Minnesota representa un punto de inflexión. La política migratoria, uno de los pilares del liderazgo de Trump, enfrenta ahora no solo resistencia externa, sino cuestionamientos desde dentro de su propio partido. Si bien el presidente apuesta por mantener una línea dura, el costo político y humano de esa decisión podría redefinir el debate nacional sobre inmigración en los próximos meses.
