Por Redacción-Agencias
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Para ayudar en la deportación de inmigrantes, el presidente Donald Trump quiere de nuevo maximizar la colaboración de los Alguaciles y Policías locales con las autoridades federales, implementando de nueva cuenta un par de programas -287g y Comunidades Seguras.
Los controversiales programas, cayeron fueron anulados durante el gobierno de Barack Obama por sus efectos discriminatorios y nocivos a la actividad regular de la policía.
Pero el asunto ya no será tan fácil como lo fue hace diez años.
No es coincidencia que la agencia que más inmigrantes ayudó a deportar desde 2006 ya no está dirigida por el tristemente famoso Alguacil Joe Arpaio, derrotado en noviembre pasado por los votantes de Maricopa, Arizona.
Tanto ese departamento como otros que antes ayudaron a la Casa Blanca a deportar a miles de inmigrantes están declinando participar en este tipo de actividades.
El programa 287g llegó a tener 70 agencias bajo contrato y actualmente sólo hay 34. Muchos de ellos fueron cancelados por el gobierno federal porque las agencias realizaban actividades de “perfilamiento racial”, que son inconstitucionales y otros departamentos los cancelaron bajo presión por el efecto congelante que tenía en las relaciones de la comunidad con la policía local.
Pero ahora, el presidente Trump ha dicho que regresará a los programas.
En los memos de DHS publicados el pasado esta semana se explica que el gobierno federal entrará en contratos con “cualquier agencia que así lo desee”.
Y aunque el presidente no puede obligarlas, si ha amenazado con castigar, retirando fondos, a los estados, ciudades y agencias que se conviertan, según él, en “santuario” para inmigrantes.
De esa manera, el gobierno en Washington busca así obligar a gobiernos supuestamente independientes de todo el país a que implementen su política.
Algunos gobernadores simpatizantes con Trump, como Greg Abbot de Texas, han hecho algo similar dentro de sus estados.
NO TODO ESTAN DISPUESTOS
Hay tres ejemplos sobresalientes de departamentos del país que solían colaborar ampliamente en deportaciones de inmigrantes (Harris County, en Houston; Travis County en Austin y Maricopa County en Arizona, todos los cuales manejan cárceles), pero que comenzaron el año con nuevo liderazgo y decidieron cambiar sus actividades para no participar ampliamente en deportaciones, con excepción de inmigrantes convictos de delitos violentos.
En Maricopa, el nuevo Alguacil, Paul Penzone, electo en noviembre para sustituir a Arpaio, anunció la pasada semana que se acabaron los “holds” de cortesía, por medio de los cuales se mantenía detenidos a inmigrantes en las cárceles de Maricopa para que ICE viniera a recogerlos y que de ahora en adelante solo se avisaría al ICE de la próxima liberación de los detenidos. Maricopa seguirá reteniendo a inmigrantes convictos de delitos graves o violentos para que ICE los arreste y deporte, pero no a los que tienen delitos menores o no violentos o solo arrestos.
En este caso, el Alguacil Penzone argumentó que su departamento no tiene la autoridad legal de detener a nadie más allá de lo que manda un juez de la instancia penal y que de llegar a hacerlo, se haría vulnerable a demandas penales. Penzone informó del cambio a las autoridades de ICE el pasado viernes, y hasta ahora no ha habido una reacción pública del gobierno federal.
Otros jefes de policía y sheriffs han tomado una postura similar, pero lo explican desde el punto de vista económico y de la necesidad de enfocar los recursos del departamento en combatir la delincuencia y otras inversiones, en vez de hacer las veces de “migra”.
Hace un par de semanas, un grupos de sheriffs del país, cuyos departamentos manejan el 85% de las cárceles en Estados Unidos, se reunieron con Trump y le dijeron que no estaban seguros de tener “la autoridad legal” de hacer lo que el quiere, sobre todo porque desde que se instituyeron estos programas, ha habido numerosas demandas y fallos judiciales en contra de la práctica.
El Alguacil Leon Wilmot de Yuma, Arizona, quien representa a la Asociación Nacional de Sheriffs, le dijo al Secretario de Seguridad Nacional John Kelly que el tema estaría en el aire hasta que la Corte Suprema tomara el asunto.
“Los Alguaciles queremos participar pero queremos saber cuál es nuestra situación legal”, explicó entonces Wilmot.
Un número creciente de líderes de la ley afirman que la colaboración de sus agencias en entregar a inmigrantes que no han cometido o sido convictos de delitos graves o violentos, va en contra de su misión de proteger la seguridad pública en sus comunidades y les dificulta hacer su trabajo.
En esa categoría está el –también nuevo- Alguacil de Harris County (Houston, Texas), Ed González, quien anunció hace unos días que pondría final al contrato 287g que ese departamento tenía desde hace años con el gobierno federal.
Gonzalez también tomó posesión de su cargo en enero y dijo esta semana que usará más de $650,000 en pagar los salarios de diez agentes para actuar como agentes migratorios, en otras necesidades más urgentes de su departamento.
“No usaremos a nuestros oficiales como agentes de inmigración”, dijo González al anunciar el cambio en su política.
“No se trata de una postura política, este es un tema que revisé con calma y me di cuenta que tengo otras prioridades. Por ejemplo, tenemos un costo de tiempo extra en salarios cada dos semanas, las investigaciones de delitos están cortas de personal y necesitamos más carros patrulla”.
González apuntó que su departamento seguirá deteniendo a criminales violentos para entregarlos a ICE, pero no al resto de los detenidos.
