Por Adán López
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Washington aprobó recientemente uano de los presupuestos nacionales enfocados en la aplicación de la ley más amplios en años, pero gran parte de la atención se ha centrado en la frontera, no en el área del orden público.
El «One Big Beautiful Bill», firmado por Trump el 4 de julio, destina recursos a la aplicación de la ley migratoria y la seguridad fronteriza.
Autoriza 10,000 nuevos agentes del ICE, reanuda la construcción del muro fronterizo, amplía los centros de detención y refuerza la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza con mejores sistemas de inspección y vehículos.
Incluso otorga al Departamento de Justicia mayor autoridad para investigar el voto y el fraude de extranjer@s.
Estas son inversiones importantes en la seguridad nacional y la integridad electoral.
Como era de esperar, el proyecto de ley ha recibido elogios de algunos miembros de las fuerzas del orden, pero si bien amplía la aplicación de la ley federal, coincide con los recortes propuestos a los mismos programas que ayudan a las agencias estatales y locales a mantener nuestros vecindarios seguros.
La Agencia de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (COPS) y la de Programas de Justicia, que ayudan a las agencias locales a contratar agentes, financiar cámaras corporales, prevenir la violencia escolar y mejorar la justicia juvenil, enfrentan recortes significativos.
Para muchos departamentos pequeños o rurales, estas subvenciones no son lujos, sino un recurso vital, ya que financian equipo, personal y programas que previenen y resuelven delitos.
Estos recortes llegan en un momento terrible.
Las agencias policiales de todo el país tienen escasez de personal, que a menudo opera por debajo de su dotación autorizada.
Las tasas de resolución de delitos violentos siguen siendo peligrosamente bajas.
No se trata solo de registros: se trata de víctimas cuyos casos quedan sin resolver porque los Departamentos carecen de los recursos para investigar eficazmente.
Esto no pretende restar importancia a la necesidad de fronteras seguras ni de garantizar la elegibilidad legal para votar, pero la responsabilidad fiscal implica gastar con prudencia y apoyar las prioridades federales, sin socavar a las fuerzas del orden locales.
La mayor parte de la delincuencia en Estados Unidos no la gestiona el ICE, ni la Patrulla Fronteriza, la gestionan la Policía local y el Alguacil del Condado que responden a las llamadas al 911, investigan asesinatos y mantienen la paz en nuestras calles.
Si bien los crímenes atroces cometidos por inmigrantes indocumentad@s justifican respuestas contundentes, no olvidemos que la gran mayoría de la violencia en Estados Unidos es cometida por ciudadan@s estadounidenses.
Ignorar las amenazas internas en favor de las externas deja a las comunidades vulnerables, por lo que el Congreso puede lograr un mejor equilibrio.
Aprovechando el impulso del Proyecto de Ley BBB, l@s legisladores deberían invertir directamente en personal de la policía local, herramientas forenses y tasas de acreditación, no solo en muros fronterizos y agentes federales.
La seguridad pública comienza en casa, y l@s agentes encargad@s de garantizarla necesitan más que reconocimiento: necesitan recursos.
Si realmente queremos apoyar a los agentes del orden, debemos apoyar todas las insignias: federales, estatales y locales por igual.
