Por Redacción
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Una corte federal de apelaciones rechazó el intento del gobierno del presidente Donald Trump de detener una orden judicial que le obliga a liberar millones de dólares en subvenciones destinadas a combatir la escasez de profesionales de salud mental en las escuelas públicas del país.
El programa, financiado por el Congreso tras el tiroteo de 2022 en Uvalde, Texas, busca ampliar la contratación de consejeros, psicólogos y trabajadores sociales, especialmente en comunidades rurales y de bajos recursos. La administración Trump ha cuestionado varios requisitos relacionados con diversidad y raza incluidos en la distribución de fondos, y notificó a los beneficiarios que dejarían de recibir recursos a partir de diciembre de 2025.
Una decisión judicial que frena los recortes
En octubre, la jueza federal Kymberly K. Evanson determinó que la cancelación del programa por parte del gobierno era arbitraria y caprichosa, ordenando restablecer el acceso a ciertos fondos. Tras ese fallo, el Departamento de Educación y la secretaria de Educación, Linda McMahon, solicitaron una suspensión de emergencia.
El jueves, un panel del 9º Circuito rechazó la petición y señaló que el gobierno no logró demostrar que tenía posibilidades de ganar en su argumento de que la corte de distrito carece de jurisdicción ni que enfrentaría un daño irreparable si la medida no se suspendía.
El impacto en los estados y las escuelas
Las subvenciones comenzaron durante la administración del presidente Joe Biden, con prioridad para proyectos que ampliaran la presencia de profesionales de orígenes diversos o que sirvieran a comunidades históricamente marginadas. La administración Trump ha acusado al programa de promover “ideologías divisivas basadas en la raza y el sexo”.
Por ahora, el fallo preliminar de Evanson solo beneficia a los receptores de fondos en los 16 estados que impugnaron la decisión federal. En California, por ejemplo, el condado de Madera recuperará aproximadamente 3.8 millones de dólares para contratar personal escolar, mientras que el condado de Marin vuelve a tener acceso a ocho millones de dólares.
