Por Redacción
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La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este lunes revisar una ley del estado de Colorado que exige a las guarderías que reciben financiamiento público admitir a niños sin discriminar por orientación sexual o identidad de género de sus familias, en un caso que podría redefinir el equilibrio entre libertad religiosa y derechos LGBTQ+ en el país.
El caso plantea un conflicto directo entre la cláusula de libre ejercicio religioso de la Primera Enmienda de Estados Unidos y las leyes antidiscriminación que buscan garantizar igualdad de acceso a servicios educativos financiados por el Estado.
Un choque entre derechos religiosos y leyes antidiscriminación
La disputa surge tras una normativa aprobada en 2020 en Colorado que creó un programa universal de educación preescolar financiado con fondos públicos. La ley permite la participación de instituciones tanto públicas como privadas, incluidas aquellas con afiliación religiosa, pero establece que no pueden discriminar al momento de admitir estudiantes.
Dos parroquias católicas, junto con una familia, impugnaron la norma alegando que la obligación de aceptar a hijos de parejas del mismo sexo vulnera sus creencias religiosas. Los demandantes sostienen que el gobierno no puede condicionar el acceso a fondos públicos a la renuncia de principios doctrinales.
El caso llega a un tribunal con mayoría conservadora de 6 a 3, que en años recientes ha fallado en varias ocasiones a favor de organizaciones religiosas en disputas similares relacionadas con financiamiento público.
Antecedentes clave y posible impacto nacional
El litigio también pone en cuestión un precedente de 1990 que permite mantener leyes que afectan la religión siempre que sean de aplicación general y no estén dirigidas específicamente a prácticas religiosas.
Sin embargo, en decisiones más recientes, la Corte ha limitado esa interpretación, especialmente cuando existen excepciones dentro de las leyes que podrían beneficiar a entidades seculares. En este caso, los demandantes argumentan que el programa de Colorado incluye excepciones —como preferencias para niños de bajos ingresos o con discapacidades— lo que, según ellos, debilita su carácter de “aplicación general”.
Tribunales inferiores rechazaron este argumento, pero la Corte Suprema decidió intervenir, lo que sugiere que podría reconsiderar o redefinir ese precedente.
Expertos legales advierten que el fallo podría tener implicaciones más allá del ámbito educativo, abriendo la puerta a desafíos contra otras leyes antidiscriminación en distintas áreas, desde servicios sociales hasta empleo.
Otro caso rechazado sobre derechos parentales
En una decisión separada, el tribunal rechazó revisar un caso presentado por una familia de Massachusetts que acusaba a una escuela de tratar a su hijo como no binario sin su consentimiento.
Aunque el tribunal no aceptó el caso, la cuestión de los derechos parentales en contextos de identidad de género sigue siendo objeto de debate en el sistema judicial. Recientemente, la Corte ha mostrado disposición a respaldar a padres que buscan excepciones religiosas en políticas escolares relacionadas con temas LGBTQ+.
Se espera que el caso de Colorado sea argumentado durante el próximo periodo judicial en otoño, con un fallo previsto para 2027.
La decisión podría establecer un precedente clave sobre hasta qué punto las instituciones religiosas pueden participar en programas financiados por el gobierno sin cumplir plenamente con normas antidiscriminatorias.
El resultado tendrá implicaciones directas para miles de guarderías, escuelas y organizaciones religiosas en todo el país, así como para familias LGBTQ+ que dependen de estos servicios.
