Fiscalía del Condado de Ventura acusa a propietarios y empresas de alterar cauces naturales, construir presas sin autorización y afectar hábitats protegidos
Por Carlos Hernández
La Fiscalía del Condado de Ventura presentó una demanda civil por presuntas violaciones a las leyes ambientales de California contra varios propietarios y empresas agrícolas, a quienes acusa de realizar durante años obras no autorizadas que habrían alterado cauces naturales, desviado corrientes de agua y provocado daños permanentes al ecosistema en la zona de Wheeler Canyon, al este de Santa Paula.
La acción legal, presentada ante la Corte Superior del Condado de Ventura el 14 de mayo de 2026, señala como demandados a Guadalupe A. Guzman, el Lupe and Carmen Guzman Revocable Family Trust, Santa Paula Hay and Grain and Ranches, LLC, así como a otros involucrados relacionados con las propiedades conocidas como Hampton Ranch y Valestrino.
De acuerdo con la demanda, las actividades presuntamente ilegales ocurrieron en seis propiedades y consistieron en la construcción de estanques y presas, nivelación y modificación de cauces, remoción de vegetación, colocación de materiales de relleno y desvío u obstrucción del flujo natural de arroyos, todo ello sin las autorizaciones requeridas por la legislación estatal.
El fiscal de distrito del Condado de Ventura, Erik Nasarenko, aseguró que las acciones descritas en la demanda habrían provocado un impacto significativo sobre el paisaje natural del condado.
“Las acusaciones describen daños significativos y permanentes al paisaje natural del Condado de Ventura. Nuestra oficina está comprometida con hacer cumplir las leyes de protección ambiental de California, responsabilizar a quienes infringen la ley y exigir que asuman el costo de la destrucción de los recursos naturales”, señaló Nasarenko.
La demanda sostiene que las presuntas violaciones incluyen el incumplimiento de la Sección 1602 del Código de Pesca y Vida Silvestre de California, que regula cualquier actividad capaz de alterar cauces, riberas o el flujo natural de ríos y arroyos.
También alega violaciones a la Sección 5650, relacionada con la contaminación de cuerpos de agua mediante sustancias perjudiciales para peces, aves, mamíferos y vegetación, además de presuntas infracciones a la Ley de Competencia Desleal del estado.
Según la investigación, las obras se realizaron en terrenos destinados a actividades agrícolas y ganaderas en Wheeler Canyon y habrían afectado incluso arroyos estacionales, conocidos como ephemeral streams, fundamentales para controlar escurrimientos durante las lluvias, reducir la erosión, recargar acuíferos y proporcionar hábitat para diversas especies silvestres.
El fiscal adjunto Edward Andrews, integrante de la Unidad de Protección Ambiental de la Fiscalía, afirmó que el caso refleja años de presuntas alteraciones ilegales en la zona.
“Las leyes ambientales de California buscan preservar los cauces de agua, el hábitat de la vida silvestre y la salud de nuestras comunidades, garantizando que propietarios y empresas desarrollen sus actividades con responsabilidad y bajo la supervisión ambiental correspondiente”, indicó Andrews.
Como parte de la demanda, la Fiscalía solicita una orden judicial para detener cualquier actividad adicional que pueda seguir afectando el área, la imposición de sanciones civiles, la restauración ambiental de los terrenos impactados y el reembolso de los costos de investigación y remediación.
El caso fue investigado por la División de Procesamientos Especiales de la Fiscalía del Condado de Ventura, en coordinación con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de Los Ángeles, la Junta Estatal de Recursos Hídricos y el Condado de Ventura.
