El ICE se convertiría en la agencia federal más poderosa del país.
Por Carlos Hernández
Editor@latinocc.com
L@s republican@s de la Cámara de Representantes votó la semana pasada 215 – 214 a favor de avanzar con el presupuesto nacional de Donald Trump que, de ser promulgado, representaría el mayor incremento en la historia del país en fondos destinados a la aplicación de leyes migratorias.
La legislación que supera las 1,000 páginas, y apodada por Donald Trump como la “Ley de Un Gran y Hermoso Proyecto”, es una muestra clara de cómo la reconciliación presupuestaria, un mecanismo que permite a l@s legisladores evitar el filibusterismo en el Senado y aprobar leyes con mayoría simple, puede ser usada para transformar radicalmente las políticas públicas sin un amplio consenso.
La legislación introducida como “Paquete de Reconciliación Presupuestaria” asignaría cerca de $60,000 millones para operaciones internas de inmigración, incluyendo $40,000 millones para centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A estos fondos se suman otros $67,000 millones propuestos para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que incluyen $46,500 millones destinados a la construcción de barreras fronterizas, $4,000 millones para contratar a 3,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y 5,000 oficiales de aduanas, además de $2,100 millones para bonos de contratación y retención.
Las críticas no se hicieron esperar, fue así como el Senador Alex Padilla (D-Calif.), asegurando que se pensaría que, aunque solo fuera por un momento, l@s republican@s aprovecharían este proceso de reconciliación como una oportunidad para hacer lo que dijeron antes que querían hacer “y modernizar el sistema migratorio de nuestro país, pero no es así”.
“Los enormes aumentos en la financiación y la dotación de personal del ICE y la CBP no son solo un aumento de financiación, sino un cambio de política significativo. Y nos preguntamos: ¿por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Porque ha sido muy caótico y desorganizado. ¿Cuál es su respuesta? Dicen: ‘Confíen en nosotros’. ¿Confíen en ustedes? ¿En serio?”, recalcó Padilla.
EL ICE SERÍA LA AGENCIA MAS PODEROSA
Aaron Reichlin-Melnick, abogado del American Immigration Council, advierte que de aprobarse el paquete, el ICE se convertiría en la agencia policial federal mejor financiada del país, superando incluso a la Agencia Federal de Prisiones, que actualmente cuenta con un presupuesto de $8,300 millones.
«El ICE se volvería más poderoso que cualquier otra agencia federal de aplicación de la ley, lo que permitiría un nivel de control migratorio sin precedentes históricos, así como abusos de autoridad nunca antes vistos», enfatizó el abogado.
Y es que bajo el proyecto, el ICE podría disponer de hasta $12,400 millones anuales únicamente para detención, un aumento del 365% respecto a su presupuesto actual.
La propuesta también incluye $14,400 millones para transporte y deportaciones, lo que representa un incremento de más del 500%, en comparación de los ya más que suficientes $721 millones del presupuesto actual.
A la par, se destinarían $6,000 millones para contratar a 10,000 nuevos agentes del ICE en los próximos cinco años, y cientos de millones más para personal de recursos humanos y bonos de retención.
Mientras tanto, el sistema de Tribunales de Inmigración solo recibiría un modesto aumento del 30%, lo que podría provocar retrasos aún mayores en los procesos judiciales, dejando a miles de personas detenidas por largos periodos sin audiencias.
TARIFAS PARALIZANTES PARA ASILAD@S
Además de expandir el aparato de control migratorio, el proyecto legislativo transformaría drásticamente el sistema de beneficios migratorios.
Por primera vez, se establecería una tarifa obligatoria e inapelable de $1,000 para solicitar asilo en Estados Unidos, algo que sólo países como Australia e Irán tienen.
Esta medida, señalan l@s expert@s, eliminaría de facto el acceso al asilo para niñ@s no acompañad@s y personas detenidas sin medios económicos.
La legislación también impone tarifas recurrentes de $550 cada 6 meses para renovar permisos de trabajo mientras las solicitudes de asilo están pendientes, así como un cargo anual adicional de $100.
Es así como sí una persona espera 5 años por una decisión, el costo acumulado podría alcanzar los $7,000, y en caso que el asilo sea negado, la tarifa para apelar dicho falló se elevaría de $110 actuales, hasta los $900 a partir de este año.
Otras solicitudes humanitarias también sufrirían aumentos: el parole humanitario costaría $1,000; el Estatus de Protección Temporal (TPS), $500, un aumento desde los $50 actuales; y el estatus de Menor Inmigrante Especial (SIJS), también $500.
Por su parte, quienes deseen patrocinar a un menor migrante desde un refugio del gobierno tendrían que pagar $8,500 por adelantado, de los cuales solo $5,000 serían reembolsables si el menor asiste a todas sus audiencias judiciales.
PENALIZACIONES IMPOSIBLES A INMIGRANTES
De acuerdo a la bancada demócrata en el Senado y el Congreso, el proyecto impone nuevas “multas” disfrazadas de tarifas para personas que enfrentan procesos migratorios.
De ser aprobado el paquete presupuestal, al que Trump le llama “propuesta grande y bella”, quienes crucen la frontera y sean detenidos por la Patrulla Fronteriza tendrían que pagar $5,000, una cifra 20 veces mayor a la multa máxima actual.
Aquell@s que no se presenten a una audiencia recibirían otra penalización de $5,000.
Además, se introduciría una tarifa de $100 por cada solicitud de aplazamiento de audiencia en la corte de inmigración, algo común para quienes necesitan más tiempo para contratar a un abogado.
Este cargo, según Reichlin-Melnick, aplicaría incluso a personas detenidas sin acceso a fondos, obligándolas a enfrentar procesos legales sin representación.
Aún más indignante para el abogado con sede en Washington, es que el proyecto de ley cobraría $100 dólares a cualquier persona que se enfrente a la deportación, en un tribunal de inmigración cada vez que solicite a un juez una prórroga del caso a otra audiencia (una «aplazamiento»), algo común cuando las personas buscan abogad@s antes de proceder con el caso.
Estas tarifas se aplicarían incluso a las personas que se encuentran en centros de detención del ICE y no tienen acceso a dinero, lo que básicamente obligaría a l@s inmigrantes a proceder con sus casos sin la oportunidad de conseguir un abogad@, ya que tendrían que pagar $100 dólares para obtener más tiempo.
«Visto desde una perspectiva amplia, el proyecto de ley representa una reestructuración fundamental de la sociedad estadounidense y del debido proceso para los inmigrantes», indicó Reichlin-Melnick.
L@S MAS DAÑAD@S
Legisladores como el Senador Padilla y el Congresista del Distrito 24 que incluye los condados de Ventura y Santa Bárbara, Salud Carbajal (D-Calif.) señalan que la medida, socava la salud y la seguridad económica de millones de personas que dependen de programas esenciales como Medicaid, la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), SNAP y el Crédito Tributario por Hijos, para financiar recortes fiscales para los más ricos.
Y es que l@s republican@s buscan reducir en $267,000 millones los gastos del Programa SNAP durante los próximos 10 años, por lo que a partir del año fiscal 2028, los estados asumirían el 5% de los beneficios y el 75% de los costos administrativos.
Además, se ampliaría el requisito de trabajo para recibir alimentos: actualmente se exige a adultos sanos sin dependientes hasta los 54 años, pero la nueva legislación extendería ese requisito hasta los 64.
“L@s republican@s del Senado aprobaron su despiadado proyecto de ley para arrebatar la atención médica y la asistencia alimentaria a millones de estadounidenses, familias trabajadoras, personas mayores, niñ@s y veteran@s, para otorgar grandes exenciones fiscales a multimillonarios”, recalcó el Congresista Carbajal.
En el Distrito de Carbajal 119,000 residentes se benefician de la asistencia alimentaria a través del SNAP, donde 900 residentes que participaron en el SNAP el año pasado son veteranos.
El Paquete Presupuestario, también modificaría las exenciones para padres, donde sólo quienes cuiden a menores de siete años estarían exentos de trabajar.
Por su parte, en Medicaid se aplicarían nuevos requisitos de “participación comunitaria”, como trabajo, educación o voluntariado por al menos 80 horas mensuales para adultos sin dependientes.
Esta medida entraría en vigor en 2029, además, se requeriría que l@s beneficiari@s demuestren su elegibilidad dos veces al año.
Más de 200,000 personas en el Distrito de Carbajal con Medicaid (conocido en California como Medi-Cal), también corren el riesgo de perder su cobertura médica según los planes de republican@s.
Esto incluye a cerca de 100,000 niñ@s y adolescentes menores de 19 años, así como 24,000 adultos mayores de 65 años.
Por su parte, Padilla enfatizó que l@s republican@s se están esforzando al máximo para recortar la atención médica, la educación y el SNAP.
“¿Y por qué? ¡Buena pregunta! ¿Por qué? Porque intentan financiar más exenciones fiscales para los ultrarricos del país. Eso está mal, y por si fuera poco aterrorizan a nuestras comunidades con sus redadas y arrestos violentos, malgastan millones y millones de dólares de contribuyentes en costosas sesiones fotográficas como las que tomaron en la Bahía de Guantánamo y la masiva y cruel campaña de deportación en la que Donald Trump ha insistido”, indicó Padilla.
Es así como Reichlin-Melnick, el Congresista Carbajal y el Senador Padilla sostienen que esto alejaría aún más a Estados Unidos de sus valores fundacionales de libertad y justicia, erosionando el debido proceso y profundizando las desigualdades en el sistema migratorio.
El Senador también aseguró que a pesar de todo lo que dicen l@s republican@s sobre responsabilidad fiscal, el proyecto de ley añadirá billones a la deuda nacional, algo que él llama “irresponsable e imprudente”.
“Pero l@s demócratas seguiremos defendiendo al pueblo estadounidense porque nuestros valores son claros: protegemos la atención médica, apoyamos a las familias trabajadoras y defendemos un Estados Unidos justo y equitativo”, afirmó Padilla.
Mientras que Reichlin-Melnick enfatiza que si se pasa el presupuesto, el ICE se transformaría en un aparato con alcance nacional sin precedentes, capaz de realizar arrestos masivos, llenar cárceles privadas y restringir el acceso al asilo casi exclusivamente a quienes tengan los medios económicos para costearlo.
“Pronto podría ser difícil reconocer a Estados Unidos como la tierra de la libertad que alguna vez afirmamos ser”, finalizó el abogado.