Por Redacción
redaccion@latinocc.com
El Alguacil del Condado de Santa Bárbara, Bill Brown, enfrentó fuertes críticas durante el foro anual de la Ley de la Verdad del condado realizado hace dos semanas, luego de que residentes, defensores de los derechos de los inmigrantes y varios supervisores del condado cuestionaran la cooperación de su Departamento con el ICE en las cárceles del condado.
La audiencia del 23 de junio se centró en la cooperación entre el SBCSO y el ICE en 2025, y en si el condado debería imponer límites adicionales a los arrestos relacionados con inmigración dentro y alrededor de las cárceles.
Según el informe anual del SBCSO, el ICE realizó 221 solicitudes relacionadas con personas bajo custodia del Condado de Santa Bárbara durante 2025.
El Alguacil notificó al ICE en 28 casos y 12 personas fueron puestas bajo custodia de agentes federales inmediatamente después de su liberación de la detención del condado.
Según el informe, el ICE arrestó a otras 33 personas dentro de centros penitenciarios mediante órdenes judiciales firmadas por un juez federal.
Brown afirmó que estas cifras representan una disminución con respecto a 2024, cuando el ICE presentó 229 solicitudes y 16 personas fueron trasladadas tras su liberación de la custodia del condado.
Explicó que los casos de traslados directos se limitaron a personas que cumplían con los criterios de la ley estatal, incluyendo a personas condenadas por delitos violentos graves.
Y es que la ley de California generalmente prohíbe a las agencias policiales locales utilizar recursos públicos para la aplicación de las leyes de inmigración.
Sin embargo, las agencias pueden compartir cierta información sobre liberaciones con las autoridades federales de inmigración en casos que involucren a personas condenadas por delitos específicos, como abuso sexual, tráfico de drogas, violencia doméstica, DUI, entre otros.
Brown argumentó que el ICE continuaría realizando arrestos en el Condado de Santa Bárbara independientemente del nivel de cooperación con su departamento.
Afirmó que los arrestos en centros penitenciarios podrían ser más seguros que los realizados en otros lugares de la comunidad.
Esta postura generó objeciones por parte de miembros de la comunidad y de la supervisora Laura Capps, quien declaró que el condado no podía ignorar el impacto que la actividad de control migratorio ha tenido en las familias latinas e inmigrantes.
Capps cuestionó por qué el SBCSO no registra las detenciones realizadas por el ICE en las áreas aledañas a las cárceles del condado, incluyendo estacionamientos, entradas y vestíbulos públicos.
Brown afirmó que dichas detenciones quedan fuera de las responsabilidades de reporte de su Departamento, ya que ocurren en propiedad pública y son llevadas a cabo de forma independiente por agentes federales.
“Sus detenciones son asunto suyo. En realidad, no son asunto nuestro. Son una agencia legítima de las fuerzas del orden, les guste o no a la gente, y están autorizados por la ley federal para realizar detenciones, y de hecho las llevan a cabo constantemente”, enfatizó Brown.
EL ORIGEN
La disputa se centró en parte en datos del Proyecto de Datos de Deportación de la UCLA y UC Berkeley, que utiliza registros proporcionados por el mismo ICE.
El proyecto identificó 99 detenciones del ICE en 2025 asociadas con una ubicación identificada como “Cárcel del Condado de Santa Bárbara”.
Los registros no distinguen entre la Cárcel Principal del condado y sus instalaciones penitenciarias del norte del condado.
Capps indicó que esta cifra generaba serias dudas sobre si la actividad del ICE cerca de las instalaciones penitenciarias se estaba documentando o abordando adecuadamente.
“Son 99 arrestos en su propiedad, Alguacil (Brown). Esto se está saliendo de control”, le dijo la supervisora.
Más de 60 residentes, grupos de defensa y líderes juveniles intervinieron durante el período de comentarios públicos, muchos de ellos instando al condado a poner fin o reducir significativamente la cooperación con el ICE.
Varios oradores describieron el temor entre las familias inmigrantes y pidieron al Alguacil que adoptara políticas utilizadas en otros condados de California, que limitan la comunicación con el ICE a casos que involucran órdenes judiciales federales.
Maria Salguero, abogada principal del Centro de Defensa Legal de Inmigrantes, argumentó que el SBCSO no podía desvincularse de la aplicación de la ley federal de inmigración mientras continuaba facilitando los traslados desde la custodia del condado.
Brown indicó que consideraría un cambio de política para notificar a la Oficina del Defensor Público antes de que una persona sea entregada a la custodia del ICE.
Y es que los defensores dijeron que el proceso de notificación actual puede dejar a los abogados sin tiempo suficiente para ayudar a sus clientes antes de que sean detenidos por agentes federales.
Por su parte, la Junta de Supervisores no tomó ninguna medida formal después de la audiencia.
Mientras tanto, Brown afirmó que su departamento continuaría cumpliendo con la ley estatal y coordinando con el ICE en los casos que lo requirieran.
Indicó que no estaba de acuerdo con muchas políticas del ICE, pero sostuvo que la responsabilidad de su agencia era garantizar la seguridad pública.
Es probable que el debate continúe, ya que funcionarios del condado y activistas exigen mayor transparencia en torno a las detenciones de inmigrantes que ocurren cerca de las cárceles locales.
