Por Redacción
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El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las festividades del Día de Muertos, ha encendido las alarmas sobre la presencia del crimen organizado y las fracturas internas en el aparato de seguridad estatal. Las primeras investigaciones apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el grupo detrás del atentado, ocurrido apenas dos meses después de la captura de uno de sus jefes locales.
Manzo fue atacado a balazos por un joven armado que, tras consumar el atentado, fue abatido por la seguridad del funcionario. Según fuentes cercanas a la investigación, el pistolero —de entre 17 y 19 años— estaba vinculado al CJNG, y el arma utilizada había sido empleada en otros homicidios relacionados con el grupo.
El ataque habría sido ordenado en represalia por la detención, en agosto, de René Belmonte, alias “Rino”, presunto líder regional del cártel, capturado por la policía local bajo la instrucción directa del propio Manzo. Belmonte estaba ligado a los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como R-1 y R-2, jefes de alto nivel dentro de la estructura criminal y con vínculos históricos con la política local.
Un gobernador en la mira
Fuentes del Gobierno federal han manifestado su malestar por la falta de atención del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a la crisis de seguridad que vive el estado. Aunque las cifras oficiales reflejan una ligera disminución en los homicidios, el Ejecutivo federal considera que la tendencia se ha estancado debido a la falta de coordinación con las fuerzas locales.
“El gobernador está distraído”, señala un alto funcionario federal. “Mientras otros mandatarios asumen personalmente la responsabilidad de la seguridad, Ramírez Bedolla ha delegado el tema, con constantes cambios en los responsables de seguridad y procuración de justicia”.
La desatención se evidenció, según las mismas fuentes, en el operativo que debía resguardar a Manzo. Aunque el alcalde contaba con un círculo de protección reforzado por la Guardia Nacional, la coordinación general recaía en las autoridades estatales. El joven atacante logró vulnerar el perímetro y ejecutar el ataque en cuestión de segundos, pese a la presencia de agentes federales.
El poder del CJNG en la región
Uruapan, con más de 350.000 habitantes, es el corazón de la industria aguacatera y un punto clave para la economía regional. Su riqueza, sin embargo, ha convertido al municipio en un territorio codiciado por los cárteles. Según fuentes locales, el CJNG operaba una red de extorsión contra pequeños productores agrícolas, incapaces de costear sistemas de seguridad privada.
“El Rino manejaba el cobro de piso y las amenazas a los campesinos que no podían pagar”, detalla un exfuncionario municipal. “Tras su captura, se desató una ola de violencia. El cártel quiso demostrar que el Estado no podía proteger ni siquiera a su alcalde”.
Desde el operativo de agosto, Manzo había solicitado apoyo urgente a los gobiernos estatal y federal. En videos publicados en redes sociales, pidió a los ciudadanos mantenerse en sus casas ante posibles represalias del CJNG. Pese a las advertencias, la respuesta institucional fue insuficiente.
Las autoridades señalan que el joven agresor fue enviado a una misión sin retorno. “Era una operación suicida”, sostiene una fuente federal. “Penetrar la seguridad de un alcalde protegido por la Guardia Nacional no es algo que se haga sin saber que no vas a salir vivo”.
El perfil del atacante revela la estrategia del CJNG de reclutar jóvenes para operaciones de alto impacto. Su participación confirma, además, la capacidad del grupo para infiltrar eventos públicos y desafiar la autoridad estatal.
Tensiones políticas y vacío de poder
Tras el crimen, la atención política se ha centrado en quién asumirá el mando municipal. Se prevé que Grecia Quiroz, viuda de Manzo, ocupe el cargo de manera interina, mientras se restablece la administración local. Uno de los hermanos del alcalde, Juan Manzo, funge actualmente como secretario de Gobierno estatal, lo que complica el equilibrio político dentro del gabinete de Ramírez Bedolla.
Analistas advierten que la inestabilidad institucional podría ser aprovechada por grupos criminales para afianzar su control en la región. A nivel federal, el caso es visto como una señal de alarma sobre la persistencia del CJNG y las limitaciones del modelo de seguridad compartida entre los distintos niveles de gobierno.
El atentado contra Carlos Manzo deja en evidencia una vez más que, en regiones dominadas por economías ilícitas y estructuras criminales consolidadas, la línea entre poder político y violencia organizada sigue siendo difusa.
