Por Redacción
Redaccion@latinocc.com
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el Cartel de Sinaloa, que incluyen el congelamiento de bienes de 22 personas y empresas con operaciones en México. Entre los señalados figura una diputada del partido oficialista Morena, en un caso que refleja la creciente presión de Washington sobre redes de narcotráfico y presunto lavado de dinero con vínculos políticos.
La medida fue anunciada este jueves por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Según el comunicado, los sancionados forman parte de una red de apoyo al cartel que dirige el veterano capo Ismael “El Mayo” Zambada, facción enfrentada con “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Entre los principales objetivos se encuentra Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, uno de los jefes de la estructura criminal, por quien el Departamento de Estado ofreció una recompensa de cinco millones de dólares a principios de esta semana. La lista también incluye a seis personas acusadas de lavado de dinero, entre ellas la diputada Hilda Araceli Brown, así como 15 empresas con sede en Rosarito, Baja California.
La acción coincide con la visita a México del subsecretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, John K. Hurley, quien busca reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
Vínculos políticos y empresariales bajo la lupa
La inclusión de la legisladora Brown en la lista generó controversia inmediata. La Secretaría de Hacienda de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que aplicará el bloqueo administrativo de las cuentas y bienes de los señalados. Sin embargo, Brown negó en un comunicado que sus recursos hayan sido congelados y afirmó ser víctima de un intento de desprestigio.
“Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento y con la lucha contra la corrupción. Seguramente, como consecuencia de esta lucha, soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, escribió la diputada en Facebook.
El informe de la OFAC señala que los hermanos Alfonso y René Arzate, conocidos como Aquiles y La Rana, líderes del cartel en Baja California, utilizaron la influencia de Candelario Arcega, un operador político local, para extender su control sobre el municipio de Rosarito durante la gestión de Brown, entre 2021 y 2024.
De acuerdo con el documento, Arcega mantenía una “estrecha relación personal” con la legisladora, lo que le permitió colocar a aliados en puestos clave del gobierno municipal. Junto a un empresario local identificado como Jesús González, presuntamente recaudaban pagos de extorsión para los Arzate, gestionaban sus operaciones y garantizaban protección de parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.
Las sanciones alcanzan a 14 empresas vinculadas a González, entre ellas restaurantes, complejos turísticos, bares y firmas de alimentos. También se bloqueó a una empresa de transporte propiedad de Arcega. Según la OFAC, estas compañías funcionaban como fachada para el manejo de recursos ilícitos y como canales para encubrir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El Tesoro detalló que cualquier propiedad o activo de los sancionados en territorio estadounidense, o en manos de ciudadanos de ese país, queda automáticamente congelado y debe ser reportado a las autoridades. Asimismo, cualquier entidad en la que los señalados tengan al menos 50% de participación queda igualmente bloqueada.
El corredor de Rosarito y la pugna de Los Mayos
El comunicado subraya que Rosarito, por su cercanía con California, se ha convertido en un corredor crucial para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos. Según la OFAC, René Arzate mantiene control territorial de la zona, apoyado por los hermanos Herrera y por González, considerado un operador financiero de “alto rango” del Cartel de Sinaloa.
La acusación contra Ponce Félix, alias El Ruso, refuerza la narrativa de que el grupo de Los Mayos conserva poder operativo a pesar de los golpes recientes. Zambada, considerado uno de los capos más antiguos de México, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos en agosto pasado, lo que reconfiguró el mapa de poder dentro del cartel.
Washington sostiene que El Ruso lidera el brazo armado de esta facción y que ha escalado su influencia en el noroeste de México. La designación de empresas y políticos locales busca cortar las rutas financieras que mantienen la capacidad logística del grupo.
El gobierno mexicano, a través de la UIF, señaló que la inclusión de ciudadanos en la lista de personas bloqueadas no constituye en sí misma una sentencia judicial, sino una medida preventiva.
“En caso de identificar posibles actividades ilícitas, se dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes”, señaló en un comunicado.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el tema fue abordado durante la visita de Hurley, quien se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para revisar mecanismos de cooperación bilateral contra el lavado de dinero.
Aunque el gobierno mexicano ha reiterado su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, especialistas advierten que las acusaciones contra una diputada de Morena reflejan la complejidad de las redes criminales y su capacidad de penetración en estructuras políticas locales.
El futuro de Brown, quien por ahora mantiene fuero como legisladora, podría depender de las investigaciones de la Fiscalía mexicana y de la presión de Estados Unidos en los próximos meses.
