Por Redacción
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La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite al presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos ha generado una ola de confusión entre empleadores de Florida, donde miles de inmigrantes dependen de este permiso para trabajar legalmente.
Wilmer Escaray, dueño de una cadena de 15 restaurantes y tres mercados en Doral —conocido popularmente como “Doralzuela” por su alta concentración de venezolanos— expresó su angustia tras conocer el fallo. “El impacto para el negocio será realmente duro”, dijo Escaray, quien estima que al menos el 70% de sus 150 empleados tiene TPS. “Todavía no sé qué voy a hacer. Tengo que discutir con mi equipo y mi familia para ver cuál será el plan”.
El lunes, la Corte revocó una orden judicial que bloqueaba los planes del gobierno federal de suspender el TPS, lo que dejaría en riesgo de deportación a unos 350,000 inmigrantes, entre ellos una gran cantidad de venezolanos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró la decisión, pero aún no ha detallado cuándo concluirá formalmente el TPS ni qué pasos deberán seguir los beneficiarios o sus empleadores.
El TPS permite a personas de países considerados peligrosos por conflictos armados o desastres naturales vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La medida fue ampliamente extendida durante el mandato del expresidente Joe Biden, pero Trump ha argumentado que esa designación fue errónea.
La abogada de inmigración Evelyn Alexandra Batista explicó que el fallo no aborda directamente la validez de los permisos de trabajo.
“Algunas autorizaciones siguen vigentes, pero no hay garantía de que continúen”, advirtió. “Tanto empleadores como empleados deben explorar otras opciones alternativas, ya que el TPS nunca fue pensado para ser permanente”.
Batista mencionó que algunos de sus clientes están evaluando alternativas como visas por habilidades extraordinarias, inversión o empleo agrícola. Otros beneficiarios ya han solicitado asilo u otros recursos migratorios, pero no está claro si podrán permanecer en el país mientras se procesan sus casos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó duramente la revocación del TPS, calificándolo como un retroceso en la protección de los migrantes venezolanos. “Era una protección mínima que tenían, ahora se los quitaron”, dijo durante un acto televisado.
Según la Coalición Americana de Inmigración Empresarial, los beneficiarios del TPS contribuyen con aproximadamente 31,000 millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos. Aunque no existen cifras específicas para los venezolanos, constituyen actualmente el mayor grupo con TPS activo. Muchos se desempeñan en sectores esenciales como hospitalidad, construcción, agricultura, salud, comercio y servicios alimentarios.
“Esta decisión deja a los propietarios de negocios con opciones limitadas”, afirmó Rebecca Shi, directora ejecutiva de la coalición.
El temor y la incertidumbre también afectan a ciudades más allá de Doral. William Paredes, propietario de un pequeño negocio de polarización de ventanas en Tampa, emplea a otros cuatro venezolanos con TPS.
“Este es el sustento económico mío y de mi familia”, dijo. “Estoy dejando todo en manos de Dios porque si lo pienso, me deprimo. Quedamos en el limbo”.
Paredes, quien llegó con su esposa y su hijo en 2014, había solicitado asilo tras haber sido policía en Venezuela y recibir amenazas. Perdió su caso, pero obtuvo TPS. Su hija menor, nacida en Estados Unidos, es ciudadana estadounidense.
“No puedo regresar a Venezuela. Tengo demasiado miedo. De sólo pensar en que nos devuelvan se me eriza la piel”, confesó.
Por su parte, Escaray espera hallar una salida legal que permita a sus empleados venezolanos conservar sus empleos. “Quiero que sigan trabajando con nosotros. Pero debemos respetar la ley”, concluyó.
