Por Redacción
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Los republicanos de la Cámara de Representantes están impulsando una propuesta legislativa que recortaría casi US$1 billón en programas de asistencia social, específicamente Medicaid y los cupones de alimentos (SNAP), como parte de su plan para avanzar la agenda del expresidente Donald Trump. De ser aprobada, la legislación pondría en riesgo la cobertura médica y alimentaria de millones de estadounidenses, incluidos niños, personas mayores y con discapacidad.
Aunque Trump ha prometido no tocar Medicaid, los republicanos afirman que sus propuestas solo afectarían a adultos sin empleo. Sin embargo, expertos advierten que los recortes tendrían un impacto mucho más amplio.
Actualmente, más de 71 millones de personas están inscritas en Medicaid, mientras que alrededor de 42 millones reciben cupones de alimentos. Los hospitales, por su parte, podrían enfrentar pérdidas significativas que los obligarían a subir tarifas o cerrar sus puertas.
Los estados también cargarían con una mayor parte de los costos operativos, lo que podría provocar recortes en beneficios, tarifas a proveedores o desvío de fondos desde programas como educación e infraestructura. Algunos gobernadores podrían incluso considerar aumentar los impuestos estatales.
Los propietarios de supermercados, especialmente en zonas rurales y comunidades de bajos ingresos, alertan que los recortes a SNAP podrían debilitar las economías locales y generar pérdidas de empleos. SNAP, señalan, no solo combate la inseguridad alimentaria, sino que actúa como un motor económico que sostiene más de 388.000 empleos en EE.UU.
Cambios propuestos en Medicaid
Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la propuesta republicana reduciría el apoyo federal a Medicaid en casi US$700.000 millones durante los próximos 10 años. Se estima que más de 10 millones de personas perderían su cobertura, y para 2034, al menos 7,6 millones quedarían sin seguro.
El cambio más drástico sería la introducción de un requisito laboral: los beneficiarios entre 19 y 64 años tendrían que trabajar al menos 80 horas mensuales para mantener su cobertura, con algunas exenciones para padres, embarazadas y personas con problemas de salud.
Sin embargo, muchas personas podrían perder cobertura incluso si cumplen con los requisitos, debido a complicaciones burocráticas para reportar su situación laboral. “Prevemos que millones de adultos perderán cobertura, incluidos muchos que trabajan, buscan empleo o tienen condiciones de salud”, señaló Michael Karpman, del Urban Institute.
Además, se limitaría la capacidad de los estados para aplicar impuestos a proveedores de salud, una fuente de financiamiento clave. Esto afectaría especialmente a hospitales que ya operan con márgenes estrechos, en especial en zonas rurales.
Otra disposición aplazaría hasta 2035 la implementación de una norma que simplifica la inscripción en Medicaid. Según la CBO, esto podría dejar a 2,3 millones de personas sin cobertura, incluidos adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
Cambios propuestos en SNAP
La legislación también aumentaría los requisitos laborales para acceder a cupones de alimentos. Actualmente, adultos de entre 18 y 54 años sin dependientes deben trabajar al menos 20 horas semanales. El nuevo plan ampliaría esta exigencia hasta los 64 años e incluiría a padres de hijos entre 7 y 18 años.
Además, limitaría las exenciones por condiciones económicas difíciles solo a condados con tasas de desempleo superiores al 10%. Por primera vez, a partir de 2028, los estados tendrían que cubrir una parte del costo de los beneficios: al menos el 5%, y hasta el 25% si presentan tasas elevadas de errores en los pagos.
También se elevaría del 50% al 75% la proporción de los costos administrativos que deben asumir los estados.
Según Ty Jones Cox, del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, hasta 11 millones de personas podrían perder acceso a la asistencia alimentaria, incluidos 4 millones de niños.
Dado que la participación en SNAP no es obligatoria para los estados, algunos podrían optar por retirarse del programa o endurecer su acceso.
Los comerciantes advierten que esta reducción de fondos tendría efectos en cadena.
“El SNAP no es solo ayuda alimentaria, sino una inversión directa en las comunidades”, afirmó Stephanie Johnson, de la Asociación Nacional de Comerciantes.
Mientras la propuesta sigue siendo debatida y enfrenta revisiones tanto en la Cámara Baja como en el Senado, millones de familias en EE.UU. esperan con incertidumbre los posibles efectos de uno de los mayores recortes sociales de las últimas décadas.
