Por Redacción
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El gobierno de Donald Trump invocó el lunes el “privilegio de secretos de Estado” para evitar proporcionar información a un juez federal sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La medida, que ha generado una disputa judicial, se produce en medio de crecientes tensiones entre la administración y los tribunales federales.
El juez James Boasberg, presidente del tribunal que supervisa el caso, investiga si el gobierno desobedeció su orden de suspender las deportaciones de personas acusadas de ser pandilleros sin un debido proceso. Boasberg pidió detalles sobre los vuelos, como la hora de aterrizaje y la identidad de los pasajeros, pero la Casa Blanca sostiene que divulgar esa información pondría en riesgo la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas.
Un fallo judicial en disputa
La administración Trump trasladó a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador, alegando que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y que representan una amenaza para la seguridad nacional. Se trata de la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se invoca la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones.
Boasberg había ordenado que los aviones con deportados regresaran en pleno vuelo tras suspender las deportaciones el 15 de marzo, pero la orden no se cumplió. El Departamento de Justicia argumentó que las instrucciones orales del juez no eran vinculantes y que la orden escrita no aplicaba a vuelos que ya habían despegado.
El gobierno también pidió a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que levante la orden de Boasberg y permita continuar con las deportaciones. Durante la audiencia del lunes, la jueza Patricia Millett comparó el caso con el trato que recibieron los nazis detenidos en EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial, afirmando que estos tuvieron más derechos que los migrantes venezolanos deportados sin audiencia.
“El presidente debe cumplir con la Constitución y las leyes como cualquier otra persona”, advirtió Millett.
Reacciones y consecuencias
Mientras la disputa legal continúa en EE.UU., el gobierno de Venezuela presentó una acción en El Salvador para liberar a 238 venezolanos retenidos en una prisión de máxima seguridad tras ser deportados desde Washington.
Por su parte, los abogados de los migrantes acusaron a la administración Trump de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar deportaciones sin cumplir con el debido proceso. “Todo esto se ha hecho en secreto”, denunció Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El juez Boasberg ha insistido en que los inmigrantes tienen derecho a impugnar su clasificación como supuestos pandilleros antes de ser deportados. “El público tiene un interés significativo en que el gobierno se apegue a la ley”, escribió en su fallo.
Trump intensifica sus ataques contra la justicia
En respuesta a la orden de Boasberg, Trump y sus aliados han pedido un juicio político contra el juez. En una declaración inusual, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó la idea, afirmando que “el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Horas después, Trump publicó un mensaje en redes sociales cuestionando la imparcialidad de Boasberg y pidiendo que fuera despojado de su licencia.
El caso sigue en disputa y podría sentar un precedente sobre el uso de leyes de guerra para deportaciones masivas. Mientras los tribunales deciden, la crisis migratoria y las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial continúan escalando.
