Por Redacción
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El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ordenó este lunes la captura “inmediata” del expresidente Juan Orlando Hernández, apenas una semana después de haber sido liberado en Estados Unidos por un indulto otorgado por el presidente Donald Trump. La decisión, anunciada en medio del tenso y lento escrutinio electoral hondureño, reaviva la turbulencia política en un país marcado por años de corrupción, violencia y vínculos persistentes entre autoridades y redes del narcotráfico.
Zelaya informó que Hernández será arrestado si ingresa a territorio hondureño. Ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a organismos de seguridad del Estado y a Interpol ejecutar la orden internacional de aprehensión. “Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, afirmó el fiscal al anunciar la medida, coincidiendo con la víspera del Día Internacional contra la Corrupción.
Un indulto que agitó el panorama político
Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años por conspiración para traficar cocaína y posesión de armas, recuperó la libertad el viernes pasado después del indulto presidencial emitido por Trump. El exmandatario celebró su excarcelación con un video en redes sociales en el que se declaró víctima de una “conspiración de la izquierda radical” y agradeció a Trump su “coraje” por rectificar lo que, aseguró, fue una injusticia.
Trump defendió su decisión señalando que Hernández había sido tratado con “mucha dureza”, y aprovechó para respaldar públicamente al candidato conservador hondureño Nasry “Tito” Asfura, quien mantiene una ligera ventaja en un conteo electoral que avanza con demoras y fallas técnicas.
Un país atrapado entre el narco y la crisis institucional
La figura de Hernández polariza a Honduras desde hace años. El expresidente, que gobernó entre 2014 y 2022, consolidó su poder político bajo la premisa de ser un aliado clave de Washington en la lucha contra el crimen organizado. Pero testimonios de narcos extraditados, investigaciones federales y evidencia presentada en tribunales estadounidenses lo vincularon directamente con cárteles hondureños y mexicanos.
Su captura en febrero de 2022, apenas 18 días después de dejar el poder, fue un acontecimiento histórico en Centroamérica. Tras su extradición, la Justicia estadounidense lo declaró culpable por facilitar el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y por utilizar las instituciones hondureñas para proteger a narcotraficantes.
La decisión del fiscal Zelaya de activar una orden de captura internacional responde a procesos pendientes en Honduras por lavado de activos y fraude. “Nuestra lucha es frontal”, reiteró. “Honduras ha pagado un precio demasiado alto por el narcotráfico: familias destruidas, jóvenes asesinados, comunidades cooptadas y miles obligados a migrar”.
Hernández no ha emitido comentarios sobre la nueva orden de captura.
Elecciones en vilo y un país dividido
El anuncio del fiscal ocurre mientras el país continúa sin resultados oficiales de las elecciones del 30 de noviembre. La demora —atribuida a fallas técnicas de la empresa encargada del recuento— ha provocado incertidumbre y señalamientos entre partidos. La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció la “marcada falta de pericia” en el proceso y urgió a agilizar la entrega de resultados.
El conteo preliminar otorga a Asfura el 40,50% de los votos, seguido por Salvador Nasralla con el 39,1%, con más del 88% de actas escrutadas. El oficialismo, encabezado por el Partido Libre, exige la anulación de la elección.
Analistas consideran que el indulto a Hernández y el respaldo directo de Trump a Asfura influyeron en la dinámica electoral y en la polarización actual. Para muchos hondureños, el episodio representa un regreso de viejas tensiones entre poderes políticos, intereses internacionales y una ciudadanía cansada de la impunidad.
