Por Redacción
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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, advirtió el lunes que algunas prácticas de deportación implementadas por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump podrían violar el derecho internacional. Sus declaraciones se suman a un creciente llamado de la comunidad internacional a respetar los principios fundamentales del asilo y la protección a personas desplazadas.
Durante su intervención en la apertura del comité ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Grandi lamentó los profundos recortes presupuestarios que han afectado la capacidad operativa de la agencia y criticó lo que calificó como una “reacción peligrosa” de ciertos gobiernos contra los migrantes y refugiados.
“El debate actual y algunas prácticas actuales de deportación, como en Estados Unidos, abordan desafíos reales de maneras no consistentes con el derecho internacional”, declaró Grandi.
Críticas a las políticas migratorias y advertencias sobre retrocesos legales
Grandi, quien dejará su cargo a finales de este año, expresó su preocupación por la erosión del respeto hacia las normas internacionales que rigen la protección de refugiados. Señaló que países desarrollados, como Estados Unidos y varios europeos, han adoptado medidas cada vez más restrictivas que contravienen los compromisos asumidos en la Convención de Refugiados de 1951.
“Poner la Convención de Refugiados de la ONU y el principio de asilo sobre la mesa sería un error catastrófico”, dijo. “La soberanía nacional y el derecho a buscar asilo no son incompatibles; son complementarios”, añadió, subrayando que los derechos humanos no pueden subordinarse a intereses políticos.
Las observaciones de Grandi surgen después de que la administración Trump presentara ante la Asamblea General de la ONU su propuesta de reformar el sistema internacional de asilo, argumentando que ha sido “abusado” por migrantes económicos. En su discurso, funcionarios estadounidenses defendieron un enfoque más estricto, basado en “priorizar la seguridad nacional y reducir el flujo irregular”.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha reiterado que el gobierno tiene la obligación de “remover a lo peor de lo peor”, en referencia a migrantes con antecedentes penales o sin estatus legal. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que las deportaciones masivas incluyen a solicitantes de asilo con casos legítimos.
“Este ciertamente no fue un año fácil para ninguno de nosotros”, afirmó Grandi. “Pero recuerden: nunca ha habido un año fácil para ser un refugiado, y nunca lo habrá”.
Crisis de financiamiento y advertencias sobre el futuro del ACNUR
El jefe de la agencia de refugiados también alertó sobre una crisis financiera sin precedentes. Los recortes presupuestarios impuestos este año —equivalentes a casi una cuarta parte del personal de la organización— han obligado a eliminar unos 5,000 empleos. “Los recortes pueden no haber terminado”, reconoció.
Durante la última década, los conflictos en Afganistán, Sudán, Myanmar, Venezuela y Ucrania han provocado un aumento dramático en el número de personas desplazadas. Según cifras de ACNUR, más de 122 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares, el doble que hace diez años.
Aun así, el organismo ha recibido solo alrededor de la mitad de los fondos necesarios —unos 5,000 millones de dólares anuales—, lo que ha limitado su capacidad de respuesta en emergencias humanitarias. “Otros donantes tradicionales también han reducido la ayuda”, lamentó Grandi, señalando que la falta de recursos afecta principalmente a los países más pobres, que siguen acogiendo a la mayoría de los refugiados.
El comisionado también denunció que la politización del debate migratorio en naciones ricas ha generado un clima hostil hacia las personas desplazadas, alimentando discursos xenófobos y políticas de contención fronteriza que ponen en riesgo vidas humanas.
“En el ambiente políticamente cargado de hoy, debemos recordar que los refugiados no son una amenaza. Son víctimas de conflictos y persecución que buscan seguridad”, enfatizó.
Llamado al respeto del derecho internacional y señales de esperanza
A pesar del panorama desalentador, Grandi destacó algunos avances recientes que, según dijo, podrían representar un “rayo de esperanza”. Mencionó el retorno voluntario de más de un millón de refugiados sirios a su país y los esfuerzos de mediación impulsados por la administración Trump en la República Democrática del Congo, donde los enfrentamientos entre fuerzas respaldadas por Ruanda y el ejército congoleño han desplazado a millones.
“Gracias a los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos, en lugar de hablar solo de más derramamiento de sangre o más refugiados, podemos empezar a pensar —con cautela, pero optimistamente— en la estabilidad y los retornos”, sostuvo.
Grandi instó a los países desarrollados a restablecer su compromiso con el derecho humanitario y con el principio de no devolución, que prohíbe enviar a las personas a territorios donde puedan ser perseguidas. “El respeto por las leyes internacionales no es opcional. Es una obligación moral y legal”, afirmó.
El diplomático italiano advirtió que si las principales potencias continúan priorizando políticas internas sobre los compromisos globales, el sistema de protección internacional podría enfrentar un colapso. “No podemos permitir que la compasión y la solidaridad se conviertan en víctimas de la política”, concluyó.
