Por Agencias
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En medio de un régimen de excepción que restringe las libertades individuales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche del martes la inauguración de una cárcel llamada «Centro de Confinamiento del Terrorismo».
En un video pregrabado, el mandatario recorrió los diferentes pabellones y áreas del nuevo penal junto a un grupo de funcionarios del gobierno.
En el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo, el recinto penitenciario tendrá la capacidad de albergar a miles de reclusos en el contexto de lo que el gobierno salvadoreño califica como una «guerra» contra el crimen iniciada en marzo del año pasado.
Esta cárcel «tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior», había afirmado Bukele previamente en un mensaje publicado en Twitter en julio, aunque se cree que la capacidad del enorme edificio será mayor.
El complejo, construido en una zona rural cerca de Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de la capital San Salvador, será custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil, según datos entregados por el gobierno.
El ministro salvadoreño de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que esta sería «la cárcel más grande de toda América» y que sería «imposible que salga un reo» del recinto.
«Pagarán sus penas los terroristas»
En este centro penitenciario «pagarán sus penas los terroristas que tanto luto han causado a la población salvadoreña», informó la Presidencia a través de las redes sociales.
Se garantizará «el orden, control y disciplina en los internos con el objetivo de no permitir acciones ilícitas al interior ni la comunicación de pandilleros con las células terroristas que se mantienen prófugas de la justicia», agregó.
Ocupando un espacio de 23 hectáreas , la megacárcel cuenta con ocho módulos «que permitirán internar a terroristas que acechaban nuestro país», según indicó el Ministerio de Obras Públicas, que estuvo a cargo de la obra.
El reclusorio, según el gobierno, incluye pabellones de confinamiento de reos, sistema de videovigilancia, control de acceso con escáner corporal y de paquetes, cerco eléctrico de 2.1 km de longitud, celdas de castigo y 19 torres de vigilancia.
Sin acceso a la prensa, se desconoce el costo de la obra, las condiciones en que permanecerán los reclusos, ni cuándo se realizará el primer traslado de presos.
Desde que comenzó la campaña contra las pandillas en marzo, el gobierno asegura que detuvieron a 62.975 personas y que la tasa de homicidios bajó 57% en 2022 comparada con la del año anterior.
«Graves violaciones a los derechos humanos»
Los arrestos masivos de presuntos delincuentes como parte de la «guerra» decretada por el gobierno han sido criticados por organizaciones de derechos humanos.
El estado de excepción actualmente en vigor permite a las autoridades realizar arrestos sin orden judicial. Fue introducido a fines de marzo luego de una ola de asesinatos atribuidos a bandas criminales que han azotado a El Salvador y otros países de la región.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hace unos días la existencia de un «grave hacinamiento carcelario» en las prisiones, como resultado de la detención de sospechosos.
También criticó que entre las miles de personas detenidas sin un debido proceso, hay cientos de niños recluidos en las cárceles, citando datos gubernamentales filtrados.
«Esta base de datos filtrada señala ‘graves violaciones a los derechos humanos’ cometidas durante el estado de emergencia», dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina de HRW para las Américas.
Según la organización, cerca de 1.000 niños, en su mayoría varones, han sido enviados a prisión preventiva desde el pasado agosto.
Estas detenciones fueron posibles gracias a una ley que redujo la edad de responsabilidad penal en delitos relacionados con pandillas de 16 a tan solo 12 años, agregó Broner.
Además, el organismo denunció que decenas de personas han muerto en custodia, principalmente en los penales de Izalco y La Esperanza, los cuales tenían respectivamente tres y cuatro veces más prisioneros de los que podían albergar.
El régimen de excepción vigente desde hace 10 meses suspende el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, además extiende el plazo de detención preventiva hasta los 15 días, cuando normalmente es de 3 días.
